Bajan hurtos y rapiñas, caen las exportaciones y los ingresos, y aumentan la pobreza y el agujero fiscal
El Frente Amplio, gestado en la oposición pero falto de entrenamiento tras su largo reinado, y carente de líderes indiscutidos, intenta robar parte del protagonismo que acaparan el nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, y su equipo, en una agenda que gira obsesivamente en torno al coronavirus.
También busca el tono justo, en un difícil tránsito desde la arrogancia a la humildad, entre el radicalismo y la depresión. Pablo Ferreri, Álvaro Villar o Yamandú Orsi lo entendieron más temprano que otros, y son más convincentes.
Una oportunidad para la izquierda puede gestarse en torno a la ley de urgente consideración (LUC), que ya discute el Parlamento.
Ese proyecto, que tiene votos de sobra para la aprobación de la mayoría de sus artículos, contiene una gran variedad de asuntos: desde un refuerzo de la autoridad policial hasta la prohibición de hacer piquetes y ocupar lugares de trabajo, incluso por pequeñas minorías, como fue admitido durante los gobiernos frenteamplistas desde 2005. (En 2010 el presidente José Mujica firmó un decreto que permite desocupar por la fuerza reparticiones esenciales del sector público).
Si hay un referéndum y el gobierno lo pierde, puede quedar muy debilitado. Pero si la izquierda echa el resto y pierde, estimulará las fuerzas centrífugas y prolongará el estado catatónico que padece desde marzo.
Esa ley debería ser aprobada en julio. Es probable que la izquierda reúna firmas para someterla a referéndum, en todo o en parte. Y ese referéndum debería celebrarse a más tardar en el otoño de 2021.
Diego Battiste La ley de urgencia tiene los votos de sobra para que la mayoría de sus artículos sean aprobados Los plebiscitos constitucionales y los referéndums sobre leyes han sido moneda corriente en Uruguay a partir de 1917. Desde fines de la década de 1980 la izquierda patrocinó una larga serie de ellos, a veces asociada a sectores de otros partidos.
Logró algunas reformas, como el sistema de reajuste de jubilaciones o la estatización de los servicios de agua y saneamiento; y sufrió algunas derrotas (presupuesto fijo para la enseñanza pública, voto de uruguayos residentes en el exterior, anulación de la ley de Caducidad de 1986).
También logró la convocatoria a varios referéndums, con triunfos importantes, como la derogación de una parte de la ley de Empresas Públicas en 1992, o arruinar en 2002 una ley que permitía la asociación de Antel con privados, y otra de 2003 que posibilitaba la asociación de Ancap. También sufrió serias derrotas, como el mantenimiento de la ley de Caducidad en 1989, de la ley del ahorro privado previsional (Afaps) en 1996, la ley de regulación del sector energético en 1999, o aspectos de una “ley de urgencia” de 2001.
Una nueva campaña ahora, por un referéndum sobre toda o parte de la LUC, sería una batalla completa en medio de este mundo distópico.
Si el gobierno lo pierde, puede quedar muy debilitado, como le ocurrió inicialmente a Luis Lacalle de Herrera tras la apabullante derrota de 1992. Sin embargo, la parte que sobrevivió de aquella ley de empresas públicas permitió algunas liberalizaciones fundamentales, desde los seguros hasta los servicios portuarios.
Pero si la izquierda echa el resto y pierde, estimulará las fuerzas centrífugas y prolongará el estado catatónico que padece desde marzo, cuando dejó el gobierno después de 15 años de amplias cuotas de poder y privilegios.
Leonardo Carreño El Frente Amplio presentó este martes un conjunto de medidas al parlamento para afrontar la crisis por coronavirus Entre marzo y abril aumentaron los homicidios y cayeron las rapiñas y los hurtos respecto al mismo período del año pasado, según divulgó El País el martes 5. (Al día siguiente el matutino la diaria sólo mencionó el aumento de asesinatos).
Los homicidios pasaron de 52 a 59. Las rapiñas denunciadas bajaron de 5.462 en marzo y abril de 2019, a 4.757 en marzo y abril de 2020 (-14,8%); y los hurtos denunciados bajaron de 24.003 a 19.286 (-24,5%).
Si bien parece auspicioso, el plazo es demasiado breve para establecer tendencias firmes.
El combate a la delincuencia es un tema central, tanto que pudo haber definido las elecciones nacionales del año pasado. Entre 2004 y 2019, los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, los homicidios aumentaron alrededor de 100%, y las rapiñas crecieron 338% (de 7.000 a 30.650).
Es probable que ahora caigan delitos como rapiñas y hurtos, que son los que más afectan a los ciudadanos comunes. Y es posible también que los homicidios se mantengan más o menos estables: cerca de 400 cada año, casi la mitad por conflictos entre criminales, o “ajustes de cuentas”.
Desde principios del año pasado, además, los delincuentes muertos en enfrentamientos con policías se cuentan por decenas.
Una razón para una caída de los delitos más comunes, si se confirma, podría ser el encierro de la mayoría de los ciudadanos, lo que facilita el patrullaje policial, particularmente en Montevideo, donde se concentra el 80% de las rapiñas. Pero la causa fundamental parece ser una nueva actitud de la Policía, que se siente respaldada por el gobierno y la ciudadanía.
Los datos socioeconómicos son mucho menos auspiciosos, como era de prever, en medio de la peor recesión mundial en 90 años. En Uruguay, que ya venía debilitado y con elevada informalidad, aumentan la pobreza, el agujero fiscal y las deudas, mientras caen las exportaciones, los ingresos familiares y el empleo (sobre todo en comercio, turismo y transporte).
Diego Battiste Una razón para una caída de los delitos más comunes, si se confirma, podría ser el encierro de la mayoría de los ciudadanos, lo que facilita el patrullaje policial La inflación de los últimos 12 meses llegó a dos dígitos (10,86%), una inquietante barrera psicológica con efectos reales, que no se producía desde 2016.
Entre 1990 y 1998 la inflación anual se redujo en Uruguay de 129% a 8,6%. Desde 1951 había sido casi siempre de dos y tres dígitos, por el hábito de financiar parte del déficit fiscal con emisión de billetes nuevos. A partir de 1998 no se hizo nada más para rematar la inflación, que en los últimos 22 años promedió 8,2% (incluyendo un pico de 25,9% durante la crisis de 2002).
Uruguay sigue siendo uno de los países con más inflación del mundo, aunque lo disimule por la vecindad de casos catastróficos, como los de Argentina y Venezuela.
De hecho, la generosa emisión de dinero del Banco Central, que abusa de su señoreaje, roba alrededor de 1% del PBI cada año, a costa de asalariados y jubilados, que pierden poder adquisitivo durante 12 meses antes de actualizarlo.
El salto inflacionario de abril tiene varias causas: el aumento de tarifas públicas (electricidad, agua, telefonía e Internet), la revalorización del dólar, que sigue a la devaluación del real brasileño y pesa sobre los productos importados, y la sobre-demanda puntual de alimentos que provocó el encierro masivo por el coronavirus.
La alta inflación (que debería ceder salvo que el real y el peso sigan barranca abajo), que pesa en el bolsillo de muchas personas empobrecidas, también será un arma arrojadiza en el debate político de este año.