La Justicia enviará a remate los bienes que le incautó a Figueredo

A dos años de que la Justicia embargara los bienes del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Eugenio Figueredo, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó que sean rematados. Figueredo fue procesado con prisión por estafa y lavado de dinero en diciembre de 2014. El pedido de remate se realizó esta semana y la jueza especializada en Crimen Organizado María Elena Mainard hará lugar a la petición una vez culminada la feria judicial menor, que va hasta el 15 de julio, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

Entre los inmuebles que se rematarán se encuentra una casa en Carrasco, que había sido comprada por la esposa de Figueredo en 2013 a unos US$ 660 mil, la unidad 1501 de la Torre Imperiale de Punta del Este, y un apartamento en el edificio Millenium de ese balneario de Maldonado. Muchos de los bienes que la Justicia embargó no son casas o apartamentos sino participaciones en sociedades. Eso le generó un problema al Estado porque, sin buscarlo, pasó a ser accionista de, por ejemplo, negocios hoteleros. Rematar acciones en una sociedad es un trámite engorroso y largo.

Por ese motivo, las sociedades en las que participa Figueredo ofrecieron a la Fiscalía restituir los aportes que el expresidente de Conmebol hacía para liquidar sus acciones. Eso significa que ofrecen pagar el valor de las acciones que poseía y, de esa forma, dar por cerrado un negocio que al Estado no le convenía. Pacheco aceptó esa oferta, según supo El Observador.

Los bienes embargados son administrados por el Fondo de Bienes Decomisados, una dependencia de la Junta Nacional de Drogas (JND). Como sucede en estos casos, el dinero que se obtenga de los remates se volcará a la JND, que lo utiliza para el tratamiento, asistencia y prevención del consumo de drogas y mejorar los recursos operativos, entre otras cosas.

Para la JND, mantener los bienes embargados del exdirigente de fútbol era un problema por el costo que insumía. Si bien contaban con una cuenta de Figueredo, que fue inmovilizada y contenía US$ 600 mil, el dinero se acababa por los gastos que había que abordar. Solo por nueve meses de gastos comunes del apartamento en el edificio Millenium, el Estado pagó US$ 15 mil en 2016.

En el caso de las sociedades, integrantes de la JND debieron ir a reuniones de socios para conocer el estado de la participación de Figueredo. Eso sucedió, por ejemplo, con el hotel Hyatt de Montevideo, donde el exdirigente participó a través de Gilson Overseas SA, que posee 11,11% del capital accionario de las sociedades Dilony SA y Haley Equities SA –ambas relacionadas a ese emprendimiento–.

Algunos de los activos para los que Pacheco pidió el remate fueron obtenidos a partir de un acuerdo entre el imputado y la Fiscalía, por el que se comprometió a sumar algunos bienes más a cambio de beneficios en su pena. Así lo habilita un artículo de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Ese acuerdo se empezó a conversar en enero de 2016, poco menos de un mes después del procesamiento de Figueredo en Uruguay, luego de haber sido extraditado desde Zúrich, Suiza. Al recibir los bienes, la Justicia ordenó a la defensa de Figueredo el pago de cerca de US$ 20 mil por arreglos en los apartamentos de Punta del Este. Según se constató, los apartamentos fueron entregados en pésimas condiciones de manera intencional.

Las propiedades y participaciones en sociedad embargadas, sumadas a las del acuerdo, suman casi US$ 10 millones, unas tres veces más que lo incautado en cinco años por la Justicia de Crimen Organizado. El acuerdo de Figueredo con el entonces fiscal de la causa, Juan Gómez, fue aprobado por la jueza Adriana de los Santos. Una vez que Gómez y De los Santos dejaron Crimen Organizado, se encargaron del caso la magistrada Mainard y la fiscal María de los Ángeles Camiño, que renunció a Crimen Organizado en febrero de este años por motivos de salud.

Entre las prioridades que tenía Pacheco, cuando asumió en el lugar de Camiño, se encontraba pedir el remate de los bienes de Figueredo porque en la Justicia eran conscientes de que el embargo había provocado, sin querer, que el Estado se comprara un problema muy caro. Como Figueredo todavía no tiene una condena firme, la Justicia concederá lo que se denomina un remate anticipado porque los bienes no fueron decomisados formalmente.

Hasta abril del año pasado, Figueredo estuvo recluido en Cárcel Central pero, por razones de salud, De los Santos le concedió la prisión domiciliaria y se fue a vivir a Pocitos. Figueredo estuvo internado en el Hospital Británico, tras haberse sometido a una operación de próstata.

Durante algunos días su estado de salud fue delicado. A su vez, en abril de este año Figueredo comenzó a trabajar en un negocio familiar luego de que la Justicia le concediera salidas transitorias durante cuatro horas, tres veces por semana. El expresidente de Conmebol ya tenía salidas todos los días, por un máximo de una hora.