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La ley de urgencia: la primera tarea de la coalición para arrancar el gobierno
Una vez que las urnas confirmaron que Luis Lacalle Pou sería el candidato único del Partido Nacional (PN), un equipo de su comando –liderado por Rodrigo Ferrés, abogado experto en Derecho Administrativo– comenzó a redactar la ley ómnibus de urgente consideración para aprobar durante el primer año de un eventual gobierno.
La ley de entre 300 y 500 artículos ya fue redactada, aunque ahora su contenido será conversado con los demás socios de la coalición opositora –Partido Colorado, De la Gente, Independiente y Cabildo Abierto– para afinar los detalles.
El equipo del presidente electo tiene la meta de aprobar la ley de urgente consideración en el primer semestre de 2020, para el segundo poder dedicarlo a la redacción de la ley de Presupuesto.
“Uno de los límites a una ley de urgente consideración es que todas las cuestiones que se tratan por ley de Presupuesto no pueden tratarse por el procedimiento de urgencia. La ley de Presupuesto no puede nunca tratarse por procedimiento de urgencia y tampoco puede tratarse determinadas materias que requieren mayorías especiales, como dos tercios o tres quintos de votos”, explicó recientemente a El Observador Ferrés.
Hasta el momento, ni la opinión pública ni los dirigentes por fuera del comando de Lacalle Pou conocen la redacción y el Frente Amplio (FA) aprovechó la situación para machacar sobre un supuesto "programa oculto" de la oposición, que no mostró todas sus cartas antes de obtener el voto de la ciudadanía.
Sin embargo, la defensa de los blancos es que todo lo que está incluido en esta ley forma parte del programa del PN. Hace unas semanas el senador Javier García fue entrevistado en el programa Séptimo Día de Teledoce y allí dio detalles sobre los temas que estarán incluidos en el proyecto.
De esta manera, García leyó un documento que incluía los temas sobre los que trata la ley de urgencia y las páginas correspondientes del programa de gobierno. En concreto, el listado incluye temas como la libre importación de combustibles; una regla fiscal y medidas de contención del gasto público; seguridad pública y la legítima defensa policial; competitividad y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); gobernanza de empresas públicas; ocupación de lugares de trabajo; agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas; mejora de la educación pública, y derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera.
Tomando el programa de los blancos como referencia se puede echar luz sobre el contenido de los puntos que mencionó García.
Respecto al tema de los combustibles, el programa blanco prevé la "desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible" con el objetivo de "liberarla gradualmente de la competencia".
La regla fiscal es un tema sobre el que se ha explayado Lacalle Pou, en el marco de las medidas necesarias para controlar el gasto público. Básicamente, propone que el Estado tenga ciertos límites a la hora de gastar cuando hay bonanza de recursos y así tener un colchón de reserva para los años de vacas flacas (política anticíclica).
En materia de seguridad, los blancos hicieron hincapié a lo largo de la campaña en la necesidad de blindar a los policías a nivel judicial para que puedan llevar adelante sus funciones. La legítima defensa presunta abarcará a los policías, el cuerpo de la Prefectura, así como los guardias privados de seguridad armados.
Para las mipymes los planes de los blancos incluyen, entre otras medidas, una reestructura del régimen fiscal, así como la exoneración de anticipos del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE) mientras no tengan facturación y la exoneración de aportes jubilatorios para algunas de ellas durante los primeros 12 meses de actividad.
En línea con las medidas de contención del gasto, así como los cambios en la gobernanza de las empresas públicas, estarán dentro de la ley de urgencia los cambios en las sociedades anónimas del Estado, así como la necesidad de contar con mecanismos de control claros, cuyos resultados deberán ser publicados de forma periódica. También se delimitarán los roles dentro de los Directorios.
La derogación del decreto que permite la ocupación de los lugares de trabajo también estará incluida en la redacción, al igual que la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, algo que –según los blancos– no incrementará el costo del Estado porque se creará reordenando los servicios ya existentes.
En la ley de urgencia también está previsto modificar los artículos de la ley de Inclusión Financiera que establecen la obligatoriedad de los pagos y transacciones a través de un sistema de intermediación financiera, como un banco o un emisor de dinero electrónico.
La educación y su gobernanza no quedarán por fuera de la ley de urgencia, aunque sobre este tema hay visiones encontradas con los colorados, ya que la intención de los blancos en un principio era eliminar la representación docente en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública. El Partido Nacional cedió y a pedido del Partido Colorado mantuvo la representación docente, aunque se discute si tendrán voz y voto.
¿Cómo es el trámite parlamentario?
Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente.
Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses.
Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días.
