El multimedios se defiende de una inminente intervención y el oficialismo denuncia victimismo
La tensión entre el gobierno argentino y los medios de comunicación críticos, especialmente el multimedios Clarín, llegó a su punto máximo, más grave aun que los días previos al famoso “7D” (cuando en teoría iba a desmembrarse el grupo empresario, al vencer el plazo de la medida cautelar que lo protegía de la ley de medios).
Es así que los argentinos se desayunan cada día siguiendo el nuevo capítulo de esta pelea, que según las voces más alarmistas puede terminar con un “giro chavista” del kirchnerismo.
El punto de partida para esta nueva escalada había sido la presentación de un proyecto de ley que proponía expropiar un 24 por ciento de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios, donde el Estado es socio minoritario de Clarín y La Nación. La justificación es considerar a la provisión de ese insumo como de “interés público”, el mismo argumento que en su momento abrió la posibilidad de que se reestatizara la petrolera YPF.
Pero enseguida surgieron las voces de alerta en el sentido de que el gobierno no se detendría allí.
Las notas editoriales de los diarios Clarín y La Nación advirtieron, el fin de semana pasado, sobre un intento de toma de control sobre el multimedios, una intervención para la cual el kirchnerismo finalmente habría encontrado un resquicio legal. El argumento es que no tendría que esperar a que la Corte Suprema refrendara la vigencia plena de la ley de medios, gracias a una reforma que en su momento pasó inadvertida: la legislación que regula el mercado de capitales.
En esa ocasión, con el argumento de que todos los países tienen fuertes regulaciones como forma de proteger los intereses del pequeño inversor y para prevenir fraudes, el gobierno impulsó una reforma que amplía notablemente los atributos de la Comisión Nacional de Valores. Tanto que puede intervenir temporalmente la dirección de una empresa, si interpreta que el rumbo que está tomando la gerencia actual es nocivo para los intereses de los accionistas.
El Estado tiene una participación accionaria de 9 por ciento del grupo Clarín, gracias a la reestatización del sistema jubilatorio realizado hace cuatro años. En ello se ampararon los funcionarios K para irrumpir espectacularmente en una asamblea de accionistas, en una tumultuosa sesión donde el secretario de comercio, Guillermo Moreno, se enfrentó a los gritos con los principales ejecutivos del multimedios, en su propia “cancha”.
Pero lo que más asustó a Clarín no fue el “show” de Moreno para las cámaras ni su comentario a otro funcionario sobre cómo pronto ellos serían dueños de esas instalaciones. El verdadero miedo fue ocasionado por el hecho de que Moreno estuvo acompañado por Alejandro Vanoli, el presidente de la CNV.
Eso, y la sugestiva andanada de pedidos de informes sobre medidas recientes de diversas empresas del grupo clarín terminaron de convencer a sus ejecutivos de que Cristina Kirchner estaba dispuesta a jugar una carta fuerte.
El multimedios contraataca
Por eso se puso en marcha un plan de contraataque. El primer paso fue mediático: a los editoriales de diarios, se sumó una dramática intervención de Jorge Lanata, que advirtió que era posible que no hubiera un siguiente programa suyo en el canal 13 de Clarín y pidió a los telespectadores que, en esa eventualidad, “hagan algo”. Al día siguiente, Joaquín Morales Solá, principal columnista del diario La Nación, que conduce un programa en TN, también se despidió con un duro alegato y un elocuente “hasta el lunes, si es que hay un próximo lunes”.
Además, hubo un programa especial donde se invitó a periodistas de medios todos los críticos al gobierno, y abundaron las comparaciones entre el kirchnerismo y la política que Hugo Chávez impulsó en Venezuela para acallar las voces críticas.
En simultáneo, la ex secretaria personal de Néstor Kirchner declaró ante la justicia que el fallecido ex presidente les había pedido a sus empresarios amigos que compraran medios de comunicación, como forma de neutralizarlos. Entre ellos se encontraba Cristóbal López, que recientemente adquirió el canal de noticias C5N y está por cerrar la adquisición de Petrobras Argentina, la segunda mayor petrolera del país.
En paralelo, el grupo Clarín apostó cámaras en régimen de guardia permanente en la puerta de sus principales edificios, de manera de poder registrar cualquier eventual llegada de los interventores de la CNV.
Y, mientras su equipo de abogados prepara la artillería legal para defenderse de esa eventualidad, busca la repercusión internacional a través de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Pero el golpe más fuerte vino desde el ámbito político, con el anuncio del intendente porteño, Mauricio Macri, sobre un decreto (que intentará convertir en ley), por el cual se crea un fuero judicial específico para defender la libertad de prensa en la ciudad. Como Buenos Aires tiene la misma autonomía de una provincia, cuenta con un poder judicial propio.
Claro que es materia de debate entre los juristas qué tan preeminente pueda llegar a ser esa justicia ante una eventual intervención de Clarín por parte de la CNV. Al respecto, el senador oficialista Aníbal Fernández, fue bien explícito: “Después de Cañito, Firulete y Piñón Fijo, es lo más gracioso que he visto en los últimos años. Suena tan torpe, una cosa sin sentido, de un acalhueterismo clarinesco llamativo”.
Fernández desestimó los temores que agita Clarín. Y al mismo tiempo el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, cuestionó que Macri pretendiera que eventualmente la ley de medios tuviera vigencia en todo el país menos en la ciudad. Y acusó a Macri de haber redactado el decreto junto a los abogados de Clarín.
De todas formas, el impacto político de la movida de Macri parece innegable: al día siguiente, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota (del peronismo disidente), admitió que estaba analizando una propuesta legislativa de tono similar.
Los funcionarios y legisladores del gobierno que han hablado del tema han minimizado las acusaciones, calificándolas como fantasiosas y atribuyendo todo a un deseo de Clarín por “victimizarse” ante la sociedad mientras sigue incumpliendo la ley de medios.
Algunos han interpretado estas declaraciones como una marcha atrás de los sectores más agresivos del kirchnerismo. Otros creen que el plan sigue adelante, pero se evitará una intervención sobre todo el grupo y, en cambio, se focalizará en Cablevisión, la empresa proveedora de TV por cable, que desde el punto de vista de la facturación es la “vaca lechera” del multimedios.
Mientras tanto, los informativos y programas periodísticos no hablan de otro tema, y entrevistan a políticos opositores para que expresen su repudio al autoritarismo del gobierno. Al mismo tiempo, los medios oficialistas ridiculizan las denuncias de Clarín.
En ese contexto, algunos pocos critican la vocación “autoreferencial” de los periodistas argentinos, con su preferencia por hablar sobre los propios medios de comunicación. Y el público, espectador obligado de esta contienda, espera por más sangre en el round de cada día.
