Los uruguayos exigimos al gobierno austeridad en el gasto. Pero por casa, ¿cómo estamos?
Académicos, consultores y opinólogos centran su discurso en la incapacidad del gobierno para ahorrar recursos y generar capacidades en tiempos de bonanza, tan necesarios cuando una crisis externa golpee a la economía local.
Salvo las posturas más radicales, hay un consenso de economía política sobre la función del gobierno de anular el efecto de los ciclos económicos sobre la actividad doméstica y la calidad de vida de los habitantes.
Sin embargo, poco se habla sobre el sector privado y su rol anticíclico, aun más importante del que desempeña el gobierno. En una economía donde la actividad doméstica genera buena parte del Producto Interno Bruto (PIB) –solo el consumo representa casi 70% del valor agregado–, y existen enormes rigideces políticas e institucionales a la hora de recortar gastos, el sector privado debe asumir en carne propia la responsabilidad de nivelar las decisiones de consumo e inversión.
Mucho se habla de la prudencia que debe tener una buena administración pública, pero, a decir verdad, se trata de una cualidad que poco se ve en la administración privada, ya sea de las empresas como de los hogares. En tiempos de bonanza los uruguayos consumen y las empresas gastan. Si lo hicieran de forma responsable, si generaran nuevas capacidades para mejorar sus posibilidades de largo plazo, la historia sería otra.
Pero la empresa que utiliza el dinero excepcional para realizar gastos que no podrá mantener, o la familia que no ahorra una parte de su nuevo sueldo previendo una posible contingencia a futuro, son quienes más sufren cuando el ciclo económico se revierte.
Hoy la economía mundial no permite prever qué va a suceder el próximo año y mucho menos el siguiente. Del devenir de los acontecimientos en Europa va a depender la permanencia de la bonanza. Y ante la incertidumbre, la cautela es la opción más adecuada. No endeudarse por encima de las posibilidades, no correr riesgos innecesarios, no suponer que el actual nivel de ingresos se puede sostener para siempre.
Es cierto que el gobierno no tomó los recaudos necesarios para amortiguar un eventual shock externo de la mejor manera. Las finanzas públicas siguen en rojo y los niveles de inflación atan las manos a las autoridades para estimular la actividad desde el frente monetario y cambiario.
Pero si la tormenta estalla y la actividad se resiente, no va a ser culpa de la administración de turno ni de quienes les precedieron, de la crisis de 2002 o de las políticas liberales de la década de 1990. Por más que nos cueste aceptarlo, buena parte de la responsabilidad va a caer sobre el sector privado, que no supo hacer por su cuenta lo que tanto exige a sus gobernantes