La Sociedad Interamericana de Prensa toma cartas por el allanamiento a Álvarez y Azul FM

El propósito de la medida judicial era conocer el origen de los audios implicados en el caso de violación que el comunicador difundió en su programa. Para ello también consta un pedido de allanamiento al domicilio de Álvarez.

Según dijeron fuentes de la SIP a El Observador, el abordaje del organismo no será desde el punto de vista ético, sino por el atropello al libre ejercicio del periodismo que, según entienden, supuso el allanamiento al periodista y a la radio Azul FM.

En este sentido, los representantes de la SIP en Uruguay se entrevistaron con el periodista y también con el fiscal de Corte, Juan Gómez (quien no estaba al tanto de la determinación de Alfaro y que se expresará este lunes sobre el asunto), y se encuentran revisando "todo lo que tiene que ver con la violación a la libertad de expresión". 

En función de la legislación interamericana y de la información recopilada, se espera que la SIP haga público un comunicado en el corto plazo. “Todos están realmente preocupados”, aseguraron fuentes del organismo, en referencia a varios socios de la sociedad que denunciaron la situación.

En tanto, el abogado de Ignacio Álvarez, Andrés Ojeda, apelará este lunes la decisión de la fiscal. Al respecto el letrado afirmó: “Tenemos que apelar, porque hay una oportunidad de la propia jueza (Patricia Rodríguez) de revocar esto sin llegar a Tribunal; no podemos dejar esto correr”.

Consultado por El Observador acerca de si el caso se elevará a un organismo internacional por parte de la defensa, Ojeda indicó: “Probablemente sí”. Aunque ni él ni su defendido iniciaron acciones para que esto suceda, no lo descartan como una segunda instancia tras superar la apelación. “Estamos a la orden para lo que tengamos que hacer desde la defensa”, remarcó Ojeda en relación con la posible intervención de la SIP en el tema.

"Exceso absoluto"

Los abogados Ruben Correa Freitas, Martín Risso y Juan Fagúndez coincidieron en que el pedido de la fiscal Mariana Alfaro y el aval de la jueza Rodríguez fueron contra las "garantías" que Uruguay, como estado de derecho, debe garantizarle a cualquier periodista que ejerza su trabajo. Los profesionales coincidieron, consultados por El Observador, que en este caso la actuación de la Justicia fue desacertada y la calificaron como un "exceso absoluto".

"Me parece que fue un exceso absoluto, que no se debió haber hecho un allanamiento, que viola pautas y criterios internacionales importantes. Le erró la fiscal y le erró la jueza", opinó el constitucionalista Martín Risso. "Los periodistas tienen el derecho a preservar el anonimato de sus fuentes. Ahí le erraron la fiscal y la jueza. No caben dudas de que le erraron", insistió.

En tanto, el catedrático de derecho constitucional Ruben Correa Freitas explicó que, por ley, "siempre se debe proteger la independencia de los periodistas", cosa que, a su entender, no sucedió en esta situación. "Yo reivindico el derecho sagrado de la más irrestricta libertad de expresión del pensamiento, que es clave para el Estado democrático y para el estado de derecho, que lleva de la mano a la libertad de prensa. Hay libertad para expresar el pensamiento, pero el límite es la moral, las costumbres y el derecho de los demás".

Correa Freitas hizo mención al artículo 29 de la constitución uruguaya, que refiere a la "más amplia libertad de prensa", para subrayar que el derecho de Álvarez se vio vulnerado a partir de la intervención policial. "Me preocupa mucho el problema del allanamiento en Azul FM y en el domicilio particular del periodista. Creo que estamos en el límite con relación a la libertad de prensa. Me genera una enorme preocupación porque en un estado de derecho y en un país democrático como Uruguay la libertad de prensa y de los medios de comunicación –radio, televisión, diarios– tiene que ser amparada y protegida. Además, hay un derecho que tienen todos los periodistas que es mantener en secreto a sus fuentes que les dan la información", indicó.

El abogado sostuvo que si bien es "respetuoso" y "cuidadoso" con la Justicia, la medida le resultó "inconveniente". En su lugar, considera que hubiese sido preferible citarlo a declarar. "Creo que el allanamiento no es posible, salvo que la Justicia estuviera buscando otro tipo de delito", matizó. 

La situación retrotrajo al abogado Juan Fagúndez a los tiempos de la dictadura y en su cuenta de Twitter escribió: "Orden de allanamiento a una radio buscando material de una crónica periodística. No solo me retrotrae a los 70 sino que es delito".

Así lo ejemplificó, por su parte, Risso, quien comparó el episodio con otros hechos sucedidos en Venezuela y Nicaragua: "Fue un exceso absoluto lo que se hizo. Esas cosas pasan en la Nicaragua de (Daniel) Ortega, no en Uruguay. Fue horrible y no se puede justificar".

Los especialistas recordaron que los periodistas tienen el "derecho a preservar el anonimato de sus fuentes" e insistieron en que la decisión de la jueza intentó romper con esa norma. "Esa orden de allanamiento para mí puede hasta llegar a ser un delito. Es ilegal que uno dé un allanamiento (en esas condiciones). Ahora todo el mundo está mirando a la fiscal. Ella puede pedir una canasta de huevos negros si quiere. El tema es el juez que se lo da. Esto no puede volver a pasar. Es gravísimo", concluyó Fagúndez.

Reacciones políticas

El asunto no tardó en estallar en la esfera pública local. Diferentes actores políticos reaccionaron al allanamiento y cuestionaron el accionar de la Justicia.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en diálogo con Telenoche que el tema le preocupaba. "Soy muy cauteloso y cuidadoso con la libertad de prensa; lo estoy mirando con preocupación", reconoció. En la misma línea se expresó el ministro de Defensa, Javier García, quien aseguró que "es una decisión que se respeta", pero que él no la compartía. "La libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho al trabajo son elementos muy importantes que hay que respetar y cuidar". 

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó su sorpresa y rechazo: "Los allanamientos dispuestos por la Fiscalía a la sede de un medio de comunicación y a la casa de un periodista son hechos muy graves que afectan la libertad de expresión".

En el mismo sentido, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, escribió: "Creo que esto es muy grave", y acusó a la Justicia de actuar bajo presiones y sesgos políticos. "Llama la atención la celeridad con la que actúa la 'Justicia' en determinados temas, en los que un partido político ejerce presión indebida. Hace años que denunciamos el sesgo de algunos jueces y fiscales, y muchos se horrorizaron", tuiteó.

En su cuenta en esa misma red, el diputado colorado Ope Pasquet consideró que "la ley dice que los periodistas tienen derecho a guardar secreto acerca de sus fuentes de información. Ese derecho es una cáscara vacía si se puede incautar el celular, la computadora o los papeles o archivos del periodista. Estimo que en el caso Álvarez, la Justicia se excedió".

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo en una entrevista con 970 Noticias (radio Universal) que estaba  "impactada". "Nunca pensé que se llegara a estos extremos", dijo al respecto de la orden judicial, y afirmó que la situación ratifica declaraciones previas que había realizado, en las que afirmó que el Poder Judicial estaba "infiltrado".

En tanto, en filas del Frente Amplio hubo diferentes reacciones. 

La diputada frenteamplista Micaela Melgar, una de las responsables de la denuncia contra Álvarez, celebró la acción de la Justicia. "Excelente respuesta institucional de la Fiscalía sobre este tema", tuiteó. En cambio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este sábado en rueda de prensa que uno de los elementos que le generaba "más dudas" sobre el accionar del Poder Judicial era el pedido de incautación del celular del periodista Ignacio Álvarez. 

Los intendentes frenteamplistas Yamandú Orsi y Carolina Cosse fueron consultados este sábado. En rueda de prensa, la intendenta montevideana evitó pronunciarse, al tiempo que su par de Canelones hizo saber su malestar en torno a la decisión de la fiscal Mariana Alfaro, avalada por la jueza Patricia Rodríguez. 

Consultada sobre los hechos, Cosse afirmó: "Es un tema de la Justicia. No me posiciono". Ante la repregunta de si consideraba que estaban dadas las garantías de que no se violaría la libertad de expresión, la jefa comunal contestó: "No me voy a poner a analizar cuándo la Justicia decide intervenir en un tema, porque creo en la separación de poderes, que es la base de una República". 

Su colega de Canelones se diferenció. “No me gusta el precedente que se sienta. Soy muy respetuoso y el tema de los medios hay que cuidarlo mucho. Me hace ruido". El jerarca canario agregó: "Es una señal que, desde las tripas, te digo que no me gusta. Capaz que cuando esté el resultado te digo: 'Me equivoqué'. Pero la señal me hace ruido”.