Lance de Boris Johnson indignó a opositores y sorprendió a todos

Parlamento durante cinco semanas que serán clave para el divorcio de la Unión Europea.  

Más allá de estar entre sus potestades constitucionales la medida y de, en rigor, ser legítima, no deja de ser algo totalmente inusual en el ejercicio de gobierno del Reino Unido. Y tratándose de una maniobra claramente dirigida a dejar a Westminster afuera del debate, en caso de que el gobierno deba accionar un brexit sin acuerdo en la fecha límite del 31 de octubre, parece aun más reprobable. El solo hecho de suspender las sesiones de un cuerpo legislativo, aunque más no sea por cinco semanas, tiene de suyo un tufillo autoritario que no se condice con el espíritu y la historia de la democracia británica.

Entretanto, el limbo de tres años se convirtió así en escándalo; y ahora Johnson enfrenta a todos los remainers (contrarios a la salida de la UE) juntos y envalentonados, que piden su cabeza, llevan su decisión a tribunales, o se vuelcan a las calles para protestar la medida. Para colmo, no han sido pocos los diputados conservadores que han criticado públicamente su decisión, incluido el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, de destacada actuación durante las sesiones del brexit, famoso por sus extemporáneos llamados al “ooooordeeer”, que calificó la medida de Johnson como “una aberración constitucional”.  

El primer ministro alega en su defensa que él solo está intentando cumplir con el mandato de los votantes británicos, que en junio de 2016 decidieron en referéndum separarse de la UE, y que en cambio son los parlamentarios quienes “están conculcando la decisión del soberano”. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre el brexit, en este punto Johnson parece llevar razón de un modo suficiente: el brexit debió haberse cumplido el pasado 29 de marzo, dos años después de que Theresa May invocara el Artículo 50 del Tratado de Maastricht, que activa el mecanismo de salida. Incluso en noviembre de 2018 el Reino Unido y la UE firmaron un acuerdo para el brexit. Pero los legisladores británicos lo rechazaron, no una, sino tres veces.

Tan caóticas resultaron las sesiones de marras, que fueron precisamente de las que se “viralizó” el continuo llamado al orden de Bercow. Los parlamentarios nunca se pusieron de acuerdo, ni en los motivos para rechazar el acuerdo de May con Bruselas, ni en presentar otro proyecto de acuerdo surgido de un consenso parlamentario jamás alcanzado y, a todas luces, imposible. Así pues, resulta evidente que el Parlamento no ha estado cumpliendo su función en este asunto; y el argumento de que están interfiriendo en la decisión del soberano parece, tres años después, incontestable. De hecho la actitud resulta tan autoritaria como la del propio Johnson en pretender acallar a los representantes en una instancia tan decisiva para el futuro del país.

Es decir, como en toda brecha socio-política, y en el Reino Unido no es menos profunda que en otras partes, ninguno parece tener la razón. O mejor: las razones se llevan a lo emocional; y más allá de los fines nobles y sensatos que algunos puedan perseguir, los medios siempre parecen arbitrarios, sectarios y, en ocasiones, hasta delirantes.   

Es el caso de la medida de Johnson, que no solo acentuará las divisiones sociales, sino que además, el daño institucional que puede causar a largo plazo es incalculable, con independencia de lo que suceda en torno al brexit y de las consecuencias catastróficas de una posible salida de la UE sin acuerdo.

Pero su dudosa jugada política ha logrado movilizar de un modo a los opositores al brexit, que no sería extraño que el mandatario tuviera ahora que recoger la cometa. En primer lugar, la medida de suspender el Parlamento ya ha sido impugnada por un ejército de abogados remainers en varios tribunales; por lo cual es posible que Johnson se enfrente al bochorno de tener que retirarla obligado por un juez. Por otro lado, varios diputados están tratando de convocar a un debate de emergencia con el fin de detener un brexit duro en los escasos días que van a tener para sesionar en Westminster.

Y por último, se maneja la posibilidad de una moción de censura contra Johnson. Esta es la apuesta del líder laborista, Jeremy Corbyn, que ahora mismo testea las aguas para presentar dicha moción el próximo 3 de setiembre, cuando el Parlamento reanude sus actividades solo por unos días hasta que entre en vigor la suspensión. Pero el desprestigio de Corbyn fuera de su propio partido, incluso respecto del brexit –tema sobre el que ha ido y venido incontables veces- , es una gran piedra en el zapato a la hora de conseguir los apoyos necesarios para una moción de censura. Y tal vez más importante aun, con el poco tiempo que tendrán para sesionar, es posible que aun desbancando a Johnson, no puedan formar gobierno y se deba convocar a nuevas elecciones. Y en tal caso, quien llevaría las de ganar, a tenor de lo que dicen hoy las encuestas, sería el propio Johnson.

De modo que se ve difícil que una mayoría se vaya a jugar su banca a la moción de censura. Pero paradójicamente tal vez sea lo mejor que pueda ocurrirle a Johnson; o incluso que lo frene un juez, o el propio Parlamento tras un debate fast track. 

Seguir adelante con esta suspensión, cuando menos inopinada, del Legislativo, y luego ejecutar un brexit por las malas el 31 de octubre, sería un victoria pírrica para Johnson. Su legitimidad quedaría muy cuestionada; y su prestigio, seriamente afectado. No duraría mucho en el cargo después de eso. Sin embargo, si de alguna manera puede ser frenado, quedaría bien con los brexiteers por haberlo intentando, y no cargaría con el baldón de llevar adelante una decisión tan controvertida como crucial para los británicos de espaldas al Parlamento.   

El primer ministro ha echado a rodar los dados, pero curiosamente lo mejor para su suerte, sería que en esta mano esos dados le cayeran mal. Para la suerte del Reino Unido, también sería lo mejor. 

El papel de la reina