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Larrañaga y fiscal de Corte rechazaron expulsión del gremio de fiscales de consejo criminal

El ministro del Interior dijo a El Observador que "desde el primer momento" consideró apropiado que el gremio esté representado en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales

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17 de octubre de 2020 a las 05:01

La decisión de último momento que tomaron los diputados este viernes de quitar al gremio de fiscales su representación en el consejo que define la política criminal del Estado tomó por sorpresa al fiscal de Corte.

Jorge Díaz se enteró del cambio temprano en la mañana, cuando le llegó un mensaje de uno de los legisladores del gobierno, señalaron fuentes de la fiscalía. “No encontramos ningún fundamento y (quiero) decir con claridad que estoy en contra de esta modificación. No comparto que se excluya a la Asociación de Fiscales”, dijo Díaz en la tarde, en conferencia de prensa.

Horas antes, el jerarca había mantenido un diálogo telefónico con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien le comunicó que tampoco estaba de acuerdo con el cambio. Y el ministro confirmó a El Observador su posición. "Desde el primer momento consideré conveniente la participación de los fiscales en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. Allí se trata de definiciones de política criminal y por tanto los operadores principales en la persecución criminal deben intervenir", afirmó Larrañaga.

Agregó que promoverá que la modificación sea "revisada" y destacó que "los fiscales trabajan con la policía cada día y cada hora y el consejo es un ámbito apropiado para coordinar criterios".

La redacción de ese artículo que había llegado al plenario de Diputados desde la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto planteaba que el órgano en cuestión pasaría a estar conformado con dos representantes del Poder Ejecutivo (antes era uno) y con poder de veto, con dos representantes del Ministerio Público, y dos del gremio de funcionarios. Pero la asociación de trabajadores se quedó actualmente sin lugar al aprobarse la iniciativa de los diputados colorados Ope Pasquet (Ciudadanos) y Gustavo Zubía (Tercera Vía), que propusieron que en lugar del gremio haya dos puestos que ocuparán los fiscales letrados de Montevideo más antiguos.

Y esto último fue particularmente rechazado por el fiscal de Corte. "Lo único que garantiza la antigüedad es que estamos más viejos; que corrió el tiempo y que estamos más viejos. Eso no nos da, per se, mayores conocimientos", dijo Díaz ante los periodistas.

El argumento del fiscal de Corte es que el sindicato –que representa al 95% de los fiscales– debe formar parte de una comisión que toma decisiones sobre su trabajo diario, como dar prioridades a la persecución de determinados delitos y los mecanismos para hacerlo. 

"Entiendo que las instrucciones generales son un mecanismo que está dirigido a los fiscales, y son obligatorias para ellos, por lo que su participación en la elaboración de las instrucciones es capital. Son los que están en el territorio todos los días; son los que conocen lo que pasa y los que las padecen después. Esa participación ha sido enriquecedora todos este tiempo", explicó.

El secretario general del gremio de fiscales, William Rosa, afirmó por su parte que los dos fiscales más antiguos de la capital no tendrán nunca la “representatividad” del sindicato, y agregó que esos funcionarios solo conocen lo que ocurre en Montevideo, y no en el resto del país. Esto es clave, argumentó, porque a la hora de analizar las instrucciones sobre estrategias de persecución y priorización de delitos, la asociación primero las discute en sus ámbitos internos, en donde participan los afiliados, y luego elevan la postura "mayoritaria".

A última hora de este viernes, el gremio divulgó un comunicado apoyando esos mismos argumentos, pero también solicitaron que se quite la capacidad de veto del gobierno.

Nueva propuesta

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que en la discusión que se dará ahora en la Cámara de Senadores, se propondrá que además de reintegrar al gremio de fiscales se incorpore la representación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que fue previsto por el artículo 88 de la ley de urgente consideración.
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