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Las autoridades de Santa Cruz de la Sierra ratificaron la continuidad del paro cívico
El opositor Comité Cívico del departamento Santa Cruz decidió continuar con el paro por tiempo indeterminado lanzado el 22 de octubre pasado en reclamo de la realización antes de fin de año del Censo Nacional de Población que el gobierno del presidente Luis Arce pospuso hasta el primer trimestre de 2023, al tiempo que intimó al Poder Ejecutivo a que libere en 72 horas a los detenidos producto de los violentos enfrentamientos, decisiones que las autoridades del gobierno nacional consideran como un intento de golpe de Estado.
La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición de derecha liderado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, inició hace ya casi un mes un cese de actividades que afecta a diversas actividades y regiones para exigir la realización durante este año del operativo censal, cuyos resultados actualizan la representación legislativa de los distritos en el Congreso Nacional y la coparticipación de los fondos estatales que reciben las diferentes jurisdicciones.
La ratificación de la medida de fuerza, que incluye bloqueos y provocó enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores con un saldo de cuatro muertos, se conoce luego que los especialistas que integraron la mesa técnica convocada por el presidente Arce determinaran la imposibilidad de realizar el censo durante año, conclusión tras la cual el Ejecutivo nacional decretó que la realización del operativo censal se concretará el 23 de marzo de 2024, al tiempo que anticipó el inicio de acciones penales contra los líderes de la revuelta.
Según publica el diario paceño La Razón, el cabildo convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz, de activa participación en los hechos que desembocaron en el golpe de Estado encabezado por la expresidenta de facto Jeanine Áñez y en el alejamiento del poder de Evo Morales, determinó dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos, mientras el paro indefinido se mantiene.
El espacio opositor exigió además una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024, y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025, ocasión en la que los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, titular del comité fustigó al gobierno de Arce y alentó a sus partidarios “a recargar energías pues la lucha no ha terminado”, según expresó.
Por su parte, desde el lado del gobierno nacional, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó a los dirigentes cruceños a “avanzar” con el diálogo institucional y pidió que abandonen las medidas de presión. Parada señaló que, con la entrada en vigor del decreto que establece la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año, ya no son necesarias las medidas de fuerza que afectaron y todavía afectan a los sectores más vulnerables de la población.
“Es momento de avanzar, ya hay decreto, ya hay fecha”, señaló en el marco de entrevista con la estatal Bolivia Tv, reproducida por la agencia de noticias ABI. La funcionaria recordó que la norma censal tiene como base las recomendaciones de la mesa técnica que se desarrolló con la asistencia de especialistas del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, conclusiones que, según Prada, recoge también las propuestas de los delegados tanto de Santa Cruz como así también de los departamentos de La Paz, Trinidad, Tarija y Cochabamba.
Calvo, en tanto, había afirmado en su mensaje desde la detención domiciliaria que “este paro comenzó pidiendo censo, en el camino quienes administran el Estado en lugar de respuestas optaron por el ultraje y dejaron expuesta la falsedad porque un diálogo de sordos no es diálogo, argumentos técnicos sin información no son argumentos, llamar a la pacificación enviando hordas agresivas y represiones policiales es cinismo”.
El dirigente cruce, además, calificó como “terrorismo de Estado” el accionar del Gobierno nacional, al que culpó de realización de “autoatentados” y de los bloqueos de rutas que provocan el desabastecimiento de combustible, traba las exportaciones y ocasiona la escasez de bienes básicos. “Nos enviaron tres mil terroristas para intimidarnos y olvidaron que somos más de 3 millones de hombres y mujeres valientes, que no tenemos miedo de salir a las calles. Intentaron matarnos de hambre y se olvidaron que somos nosotros los que les damos de comer”, argumentó Calvo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este fin de semana los actos de violencia originados por los opositores de Santa Cruz. "La CIDH condena los nuevos actos de violencia registrados en Santa Cruz: agresiones físicas y contra periodistas, violencia sexual, hostigamientos a personal y usuarias de Casa de la Mujer, y el incendio de la Central Obrera. Urge al Estado investigar con enfoque de género étnico-racial", tuiteó ayer el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), al tiempo que instó a los manifestantes a evitar la violencia y a la sociedad a emprender un diálogo efectivo.
