Reformar la caja militar fue un asunto espinoso para el expresidente Tabaré Vázquez, que luego de más de un año y medio de negociaciones debió conformarse con aprobar en 2018 un proyecto suavizado que dejó disconforme a varios integrantes de la bancada frenteamplista pero también a los militares y la entonces oposición, que desde el día cero rechazaron los cambios argumentando que no tenían en cuenta la realidad y partían de premisas sesgadas e incorrectas.
A cuatro años de estas discusiones, los roles están invertidos y el tema vuelve a estar arriba de la mesa, ya que el gobierno de Luis Lacalle Pou incluyó modificaciones a esta caja (cuyo nombre en realidad es Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas) en una reforma integral de todo el sistema.
El borrador del proyecto ya generó inquietudes en la interna militar y el ministro Javier García reunirá a los comandantes para “profundizar” en el contenido. “Me parece bien importante la información y por eso tuve la iniciativa”, dijo el titular de Defensa este viernes en Artigas, luego que El Observador informara sobre la reunión.
En 2018, los partidos de la oposición –hoy en el gobierno– fueron testigos silenciosos de las idas y vueltas sobre el proyecto y compartieron varios de los argumentos expresados por los militares que lograron hacerse oír en el Parlamento.
Desde el Senado, Javier García sostuvo que las modificaciones aprobadas no eran una “reforma” sino un “remiendo sin sentido” que estaba basado en un “antimilitarismo infantil”.
Esa reforma topeó en $110.238 el máximo que podrá cobrar un oficial al momento de retirarse, fijó el mínimo en el equivalente al de las jubilaciones que paga el BPS, bajó la tasa de reemplazo y aumentó entre 2 y 14 años la edad de retiro en algunos casos.
Este último punto provocó que, por ejemplo, los alférez y guardia marina pasaran a retirarse a los 58 años cuando antes lo hacían a los 44.
De prosperar la nueva reforma, ahora se jubilarán a los 63, ya que el borrador del nuevo texto continúa con el aumento entre 2 y 5 años. A su vez, el nuevo proyecto del gobierno mantiene el régimen de bonificaciones aunque distingue entre personal administrativo y de combate, y crea una comisión para estudiar si esas bonificaciones están justificadas.
La defensa
Guido Manini Ríos fue el único militar en actividad que rechazó públicamente el proyecto en 2018 y de hecho su perfil público en el marco de esa discusión fue el germen de su paso hacia la política partidaria. Ahora Manini Ríos intervendrá en el debate de la reforma desde su banca de senador y como líder de uno de los partidos que tiene la llave para la mayoría parlamentaria en el oficialismo.
“Como jefe de ellos tengo la obligación de decir que esta ley tal como está aprobada afecta a toda la jerarquía, pero al que más le pega es al soldado y al sargento. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad de su salario”, dijo en setiembre de 2018 luego que el proyecto fuera votado en el Senado. En esa entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM, el entonces comandante en jefe del Ejército acusó al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, de no estar “bien informado”. Los comentarios le provocaron un arresto a rigor por 30 días.
Manini Ríos había comenzado con las críticas al proyecto más de un año antes. “Los militares debemos escuchar en silencio las discusiones sobre el futuro, a veces teñidas de falsedades y tergiversaciones mal intencionadas”, dijo el 18 de mayo de 2017 en su discurso por el Día del Ejército.
Al estar impedidos los activos constitucionalmente de hacer manifestaciones políticas, la voz cantante del rechazo la llevaron los retirados, con el actual subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, como coordinador principal de un equipo que se denominó “de análisis de la seguridad social militar”. Desde ese rol, Elgue dio entrevistas, participó en debates y criticó con dureza los cambios que se proponían.
D. Battiste
Votación de la reforma se produjo con militares en las barras
En noviembre de 2017, junto a otros militares, asistió a la comisión del Parlamento que estudiaba el proyecto y dejó en negro sobre blanco lo que pensaban las fuerzas armadas.
Uno de los puntos que criticó fue la suba en la edad de retiro. “Las edades son muy altas en casi todos los casos para la función militar. La especificidad del militar exige una preparación física y psicológica importante que va reñida con las edades muy altas”, decía uno de los puntos de la presentación.
También señalaba que las edades debían ser “razonables y adecuadas” para el entrenamiento militar y el “combate propiamente dicho y sus tareas conexas” por lo que las edades de retiro obligatorio deben ser “coherentes” con las “funciones y requerimientos psicofísicos de las funciones que desarrollan las distintas jerarquías”.
A su vez, pedía que hubiera diferenciación de edad entre oficiales jefes y subalternos porque hay un “enorme salto jerárquico”. “Por lo menos debería descender desde la edad que se elija para teniente en períodos de 2 o 3 años hacia abajo”.
El documento que presentaron en ese momento los retirados militares –con Elgue a la cabeza– reconocía la necesidad de modificar el sistema y hacerlo tender al régimen general aunque debían considerarse “la especificidad y características de la profesión militar”.
También establecía que no es posible fundamentarlo en el criterio de “solidaridad intergeneracional” y pedía que las bonificaciones de servicio fueran “similares” a las de los policías, ya que cumplen una función similar en el Estado. Los militares computan 6 años por cada 5 trabajados mientras que los policías computan 7 por cada 5.
La presentación mencionaba que los cambios “afectarán sensiblemente el compromiso y la moral” de los militares y pedía considerar “la realidad salarial” al considerar las tasas de reemplazo.
Por último, expresaba que los aportes patronales por los militares es menor que el resto de los funcionarios del Estado y que los militares en cuanto estén capacitado se irán de baja “con la pérdida de personal formado y de todos los recursos destinados a su capacitación”.
Este miércoles, tras una reunión de la mesa política de Cabildo Abierto en la que se analizó el tema, Manini Ríos dijo que la reforma debía ser “integral” pero que se “debían atender las particularidades, siempre con criterio de justicia”. “Es lo que nos va a mover para adoptar la posición en definitiva”, añadió.
