En la tarde del 5 de marzo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez llegó con ánimo conciliador a la Torre Ejecutiva. En su agenda desde hacía días estaba marcada esa reunión, en la que comunicaría a los recién estrenados legisladores de la oposición qué proyectos de ley quería que se cumplieran en su segundo mandato, que apenas había empezado.
"Los tiempos del tratamiento de cada ley los pone el Parlamento", dijo el mandatario. Con esas palabras pretendía dejar claro que, más allá de que esperaba que fueran expeditivos al tratar los proyectos de ley que tenían en carpeta, ninguno de ellos sería de urgente consideración y que los convocaría para analizar todos los que fueran "de carácter político".
El oncólogo tenía algo a su favor: en octubre, el Frente Amplio había retenido las mayorías parlamentarias. Esas 15 bancas en el Senado y 50 en Diputados le garantizaban que, antes o después, seguramente serían aprobados los proyectos de ley que impulsara. "La historia reciente demuestra que cuando hay una sólida mayoría legislativa y una verdadera urgencia, una ley puede ser aprobada en ambas cámaras entre un sábado y un domingo", escribió en su columna semanal el politólogo Óscar Bottinelli.
Este es uno de los motivos por los que, casi cinco años después de esa reunión en Torre Ejecutiva, algunos dirigentes de la coalición de izquierda critican la ley de urgente consideración que va a presentar el presidente electo Luis Lacalle Pou cuando asuma.
La candidata a intendenta de Montevideo Carolina Cosse, por ejemplo, la definió este miércoles como un “intento patoteril de más de 450 artículos que pretende saltearse la discusión profunda e imponer decenas de temas sin el tiempo necesario para una discusión razonable, con fundamentos”.
El anteproyecto de la norma que Lacalle Pou quiere que sea aprobada para poner en marcha su gestión y que, según los plazos legales, llevará 90 días de estudio en ambas cámaras, tiene 457 artículos. Esta cifra es superior a la suma de todos los artículos de los proyectos de ley de urgente consideración que se discutieron en el Parlamento desde 1985, cuando Uruguay retornó al sistema democrático.
Según los datos del Programa de Estudios Parlamentarios, en estos 35 años se presentaron 13 proyectos de ley de urgente consideración. En total estaban compuestos por 389 artículos y no todos fueron aprobados. La cantidad de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo que fueron tratados por esta vía corresponde a 0,003% del total (3.732 proyectos).
El más extenso de ellos fue impulsado por el presidente Jorge Batlle en abril del 2000, y se trató de mejoras a "los servicios públicos y privados, seguridad pública y actividades productivas". Era un proyecto extenso, que abordaba una gama amplia de temas, y fue aprobado a los 77 días con los votos de colorados y blancos, que se habían coaligado.
En el proyecto estaban incluidas 30 políticas públicas. Las modificaciones fueron en diversos sentidos: descentralización territorial; inclusión de la informática en la educación pública; racionalización de las empresas públicas, el Poder Judicial, y la Policía; fondos de ahorro provisionales; exoneraciones impositivas para el sector agropecuario; incentivos a las pequeñas y medianas empresas; incentivos al crédito; cambios en la legislación penal; seguridad ciudadana; sociedades comerciales; modificación de aportes patronales; normas de defensa de la competencia; artículos sobre la política portuaria y de ferrocarriles; normas de identificación civil; creación del Ministerio de Deportes.
Aunque el término "ley ómnibus" fue usado en la pasada campaña electoral para cuestionar el proyecto de Lacalle Pou, esta expresión es la que en Ciencias Políticas se utiliza para referirse a normas tan abarcativas.
De los 13 proyectos de ley de urgente consideración presentados en el Parlamento después de 1985, tres pueden ser definidas como "leyes ómnibus", según el Programa de Estudios Parlamentarios. La lista está integrada por el proyecto presentado por Batlle en el 2000; la ley de "mejoras a la administración pública y fomento al empleo", aprobada también durante el primer año de la administración del presidente colorado; y la ley de modificación de impuestos y facilidades de pago a deudores del BPS, enviada al Parlamento por el mandatario Luis Lacalle en agosto de 1994.
Además, cuatro de esos 13 proyectos no fueron aprobados. El primero fue presentado por Julio María Sanguinetti, el primer presidente después de la dictadura (1973-1985), con el que pretendió aprobar una amnistía para militares y policías que habían cometido violaciones a los derechos humanos desde 1963 en adelante. Previo a que la ley de caducidad fuera aprobada en diciembre de 1986, el proyecto del mandatario colorado fue rechazado en la Cámara de Senadores por 16 legisladores blancos y frenteamplistas.
Dos de los proyectos de ley de urgente consideración rechazados fueron presentados por Lacalle entre 1992 y 1994, con los que quiso modificar el régimen de pasividades y el régimen de previsión social. La otra propuesta que no se aprobó fue presentada en 2011 por el expresidente José Mujica, quien quería declarar de interés general la permanencia en los cargos del personal de la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea Naval.
En el gobierno de Lacalle (1990-1995) se aprobó por esta vía la desmonopolización de los seguros, en junio de 1993.
Durante la primera administración de Vázquez (2005-2010) fue aprobada y tratada con urgente consideración la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes).
Cuando Mujica fue presidente (2010-2015) se aprobaron tres leyes de este tipo. En diciembre de 2010 se declaró la emergencia sanitaria en la asistencia anestésico-quirúrgica para el sector público. El Ministerio de Salud Pública informó entonces que había unas 4.000 operaciones atrasadas por falta de anestesistas.
La unificación del cobro de las patentes de rodados en todo el país también fue tratada en el Parlamento como un proyecto de urgente consideración. En agosto de 2012, se abordó de esta forma un proyecto que trataba sobre la liquidación de la contribución mensual de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
