15 de octubre 2023 - 9:53hs

El Senado, del cual era alma máter, discutía opciones legislativas para combatir la pandemia de covid-19. Ayudas para los comerciantes, para los más necesitados, cuál era la mejor manera legal de impedir las aglomeraciones en un momento donde ellas significaban propagar un virus que para una fracción de la población podía ser mortal. Se discutía la ley de urgente consideración (LUC), una norma que abarcó una infinidad de temas de interés público y el presupuesto nacional para el próximo quinquenio. En todos esos temas, el senador Gustavo Penadés asumió una posición de liderazgo y de articulación. Corría el año 2020.

Mientras se destacaba en el Parlamento y propios y ajenos halagaban su inteligencia y su capacidad para conectar con representantes del Frente Amplio, él convocaba a menores de edad a que lo esperaran en la puerta del Palacio Legislativo.

"En 2020...un día hizo ir a unos amigos, hasta la explanada del Palacio Legislativo en Uber, y luego allí los subió a su auto y fueron los tres a un hotel...ellos lo filmaron, porque lo reconocieron y les dio miedo...me contaron que les iba a pagar $ 3000 a cada uno pero les pagó la mitad... fue en el año 2020, mi amigo tenía 14 años...y me contó que lo conectó un amigo que Gustavo era su sugar daddy... El que me llamaba para que saliera con Penadés era otro, que se llamaba Sebastián (Mauvezín)...", declaró un testigo en Fiscalía, según indicó la fiscal Alicia Ghione en su pedido de desafuero.  

La comisión de delitos que mantenía en privado –y que le valieron la imputación de 22 delitos de naturaleza sexual– se mezclaba con su vida pública mucho más de lo que pudiera parecer. Por lo pronto, porque la mayoría de las víctimas relatan que se encontraban con Penadés sobre las 19:30 o 20 y generalmente estaba de saco y pantalón formal. Presumiblemente, cuando salía del Parlamento. 

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Entre sus asesores más cercanos —según surge de las escuchas por interceptación de teléfonos— era un secreto a voces que el senador pagaba por sexo, pero no que fuera a menores de edad. De hecho, uno de ellos hacía transferencias por montos que, reconoce, le parecían bajos y aunque infería que era por ese concepto (el pago por relaciones sexuales) no tenía la certeza. "Y... para la modista no iba a ser", dice en uno de los audios, según reconstruyó El Observador

Tanto unos como otros que convivían con solo una de las caras de Penadés, lograban ver, al menos un atisbo, de la otra.

"Fue en el año 2016...yo no lo conocí pero me pareció era legislador porque en el auto tenía unos recibos que decían Av. De Las Leyes...", declaró una de las víctimas, surge del pedido de desafuero.

La línea entre las dos caras se difuminó aún más cuando la que estaba oculta pasó a la esfera pública. Romina Celeste Papasso contó cómo Penadés había tenido relaciones con ella cuando era menor y todavía no había hecho su transición de género. Horas después, el fiscal de Corte Juan Gómez ordenó una investigación de oficio.

El prestigioso senador, líder indiscutible del gobierno en el Parlamento mientras integró el oficialismo o férreo opositor dispuesto a tender puentes desde el otro lado del mostrador cuando le tocó perder, recibió, por acción u omisión, un respaldo de casi todo el sistema político cuando la denuncia de Papasso se hizo pública. 

Incluso, después de la renuncia pero antes de que inicie la investigación de oficio, Penadés dio una conferencia en la sala de prensa del Parlamento donde negó rotundamente las acusaciones en su contra. 

"Nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado. Es por eso que debo de confesar con total sencillez que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa", dijo Penadés en ese momento.

Esa intervención pública, al igual que las declaraciones iniciales de respaldo del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo la fiscal, tuvo mella en alguna de las víctimas que después lo denunciaron. 

Aunque las pruebas contra él en estos seis meses transcurridos se han ido acumulando, y por ende, resquebrajando aquella primera afirmación, el sábado 7 El Observador divulgó escuchas telefónicas en las que asesores de su estricta confianza reconocían que el senador les había pedido que "limpiaran" sus teléfonos antes de ir a Fiscalía. 

Pero, más avanzada la semana, se sumaron elementos que permiten ejemplificar cómo separaba –o no– Penadés lo público de lo privado luego de que comenzara la causa. La jueza Diovanet Olivera imputó a Carlos Taroco, exdirector del Comcar, por delitos de corrupción. Además de participar de la confección de un flujograma que tenía a Jonathan Mastropierro –uno de los denunciantes del senador y condenado dos veces por estafa– en el centro y que buscaba identificar a otras víctimas, se investigan maniobras de vigilancia que presuntamente instruía. 

De las escuchas telefónicas también se desprende que su secretario Horacio Tejera se contactó con Graciela del Vecchio, funcionaria de la Corte Electoral para buscar información "para Gustavo", lo que derivó en una investigación administrativa en el organismo electoral. 

La caída

Once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Todos esos delitos –22– le fueron imputados el martes por la noche al, hasta entonces, senador Penadés.

Por sus 28 años de legislador, le tocó respaldar —o no— la creación de varias de las normas que esta semana se ejercieron sobre él. Entre ellas la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces (número 17.815, promulgada en 2004), el Código de la Niñez y la Adolescencia (no 17.823, también promulgada en 2004) y la ley contra la violencia de género (no 19.580, aprobada en 2017). Incluso, la ley de urgente consideración (2020) que agravó las penas por abuso sexual.

Cuando se debatió en el pleno de la Cámara de Diputados la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces, el legislador no habló ni se expresó al respecto. Tampoco lo hizo cuando, siendo presidente de la cámara, se votó el Código de la Niñez y la Adolescencia, el que se aprobó con su voto.

Votó entera la LUC, incluidos los artículos que agravan las penas para los ofensores sexuales, pero el día que se aprobó la ley de género (19.580) se tomó licencia por motivos personales. Estuvo en su lugar una suplente, que sí votó la ley.

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