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El resultado del referéndum marcará el devenir del gobierno de Lacalle Pou

Nacional > Marca la agenda

Las reformas del gobierno postergadas para después del referéndum de la LUC

Desde el Poder Ejecutivo aseguran que esta instancia no afecta la agenda pero ya se postergaron varias iniciativas

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12 de diciembre de 2021 a las 05:01

Sea cual sea el resultado, el referéndum —que se va a celebrar el próximo 27 de marzo— marcará un hito en los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Si triunfa la no derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el Poder Ejecutivo tendrá más espalda para aplicar las reformas que tenía previsto mientras que sí es la oposición la que sale victoriosa, la administración de Lacalle Pou deberá revisar su agenda. 

En el oficialismo intentan transmitir que la instancia electoral no cambia los planes previstos inicialmente, aunque en conversaciones informales reconocen que desde acá al 27 de marzo la campaña electoral va a copar la agenda política en general y del gobierno en particular. “De acá a abril es todo referéndum”, reconoció a El Observador un legislador blanco semanas atrás. 

Y más allá de que el Ejecutivo se muestra activo, en los hechos ya hay varias iniciativas que fueron postergadas y esa decisión se debe, en parte, a la celebración del referéndum. 

Seguridad social

Es una de las reformas más importantes que el gobierno decidió encarar en este período. Sin embargo, también fue la primera en ser aplazada.

A principios de setiembre el gobierno decidió postergar la reforma para después del referéndum ya que por los plazos previstos, la discusión del proyecto de ley caería en plena campaña electoral. La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) ya elevó un informe con las recomendaciones y ahora el Poder Ejecutivo debe elaborar un proyecto de ley para enviar al Parlamento. 

En los plazos que maneja el gobierno era “muy difícil” enviar la iniciativa antes de fin de año y, por lo tanto, recién entraría al Parlamento a fines de febrero o principios de marzo. 

“Lo razonable es no interferir en el debate por el referéndum”, dijo a El Observador una fuente del gobierno. Esa discusión quedará para luego del 27 de marzo pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo no quiere postergarla mucho más porque a medida que se acercan las elecciones nacionales es más difícil aprobarla. El 2022 parece ser el año clave para que ese proyecto pueda tener luz verde. El borrador de la reforma tuvo el rechazo del Frente Amplio, el PIT-CNT y la Onajpu. 

Funcionarios públicos

En el Presupuesto aprobado en 2020, el Poder Ejecutivo estableció un nuevo sistema de licencias médicas para los funcionarios públicos. Alarmado por la cantidad de certificaciones en el sector público, el gobierno decidió modificar el régimen actual que no descuenta ningún porcentaje del salario a aquellos trabajadores que se enferman y no van a trabajar. 

Sin embargo, el sistema propuesto por el Ejecutivo no convenció a la bancada oficialista que pidió conformar una comisión para discutir un nuevo proyecto. Entonces, el Presupuesto creó un nuevo sistema en suspenso y una comisión para revisar ese nuevo sistema. 

El acuerdo entre Ejecutivo y legisladores de la coalición fue que el nuevo régimen no entraría en vigencia hasta que el Parlamento no tuviera un nuevo proyecto de ley para discutir. Más de ocho meses después de la fecha inicial prevista para poner en marcha el nuevo régimen de licencias médicas nada ha cambiado y el Parlamento todavía no tiene un nuevo texto para debatir. 

Sin embargo, ese proyecto ya está redactado y en manos de Presidencia pronto para ser enviado al Parlamento desde hace casi tres meses. La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) terminó su trabajo como cabeza de la comisión creada para tratar el tema y elevó el nuevo texto a la oficina del presidente que, por ahora, descansa en un cajón. 

Sin embargo, este no es el único punto vinculado a los funcionarios públicos que fue postergado por el gobierno. La idea inicial de la ONSC y del Ejecutivo era incluir en la Rendición de Cuentas 2021 varios artículos para reformar, entre otras cosas, la carrera funcional de los trabajadores del Estado. 

Pero por falta de tiempo, según dijeron desde el gobierno, esas modificaciones quedaron postergadas para la próxima rendición, a mediados de 2022. 

Combustibles

Son los artículos que generaron mayor polémica en los últimos meses. El ajuste mensual que propuso el gobierno para el mercado de los combustibles lleva a que cada 30 días se repita el debate respecto al precio de los combustibles y el sistema de fijación de precios. 

Los artículos que establecieron este sistema, que también fueron votados por el Frente Amplio, establecen que el gobierno debe recibir un informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que toma en cuenta variables internacionales y el denominado Precio de Paridad de Importación (PPI), y con esa información sobre la mesa definir el precio de venta al público.

En los últimos ajustes mensuales el gobierno tomó decisiones contrarias a lo que establecía el informe de Ursea. Los argumentos para defender el mecanismo planteaban que, con el nuevo gobierno, se dejarían de lado argumentos políticos para tener en cuenta solo aspectos técnicos a la hora de fijar los precios. Sin embargo, con el referéndum a la vuelta de la esquina el gobierno se desmarcó de este sistema –que en los últimos meses lo llevaba a subir los precios- y tomó decisiones políticas para mantener el valor de los combustibles. El Ejecutivo consideró que el uso de "ganancias extraordinarias" que obtuvo Ancap por la venta de gasoil a UTE —por la exportación de energía a Brasil— le daba un argumento a favor para dejar de aplicar el PPI durante el trimestre octubre-diciembre. 

Sin embargo, la reforma del mercado de los combustibles va más allá de estos artículos de la LUC que serán sometidos a referéndum. El Poder Ejecutivo impulsa una reforma por etapas que en el plan inicial planteaba concretar un nuevo paso en enero de 2022 vinculado a la etapa de distribución. 

La Ursea pidió en las últimas semanas la postergación de esa instancia por falta de recursos técnicos y financieros, según informó Búsqueda y confirmó El Observador. Esta etapa, ahora postergada hasta junio del próximo año, plantea, entre otras cosas, que los distribuidores absorban los costos del flete del combustible a las estaciones. 

Otros cambios

El gobierno decidió postergar hasta abril la aplicación del nuevo reglamento de atraque para los barcos portacontenedores con el objetivo de generar un nuevo espacio de negociación con la empresa Montecon que pretende seguir operando en el Puerto de Montevideo. 

Este cambio, vinculado a la extensión de la concesión hasta 2081 de la Terminal Especializada de Contenedores a Katoen Natie, había generado conflictos sindicales y paralizaciones en el puerto. De esta forma, el Ejecutivo se asegura cierta calma por varios meses en uno de los puntos neurálgicos de la economía del país. 

Pero también hay otras reformas o cambios anunciados por jerarcas de gobierno durante el 2020 que tampoco tuvieron avances. En agosto el presidente del Banco Central, Diego Labat, aseguró que pretendía avanzar en el segundo semestre de ese año en la reforma de la carta orgánica del organismo. Uno de los cambios que se pretende es que los directores del BCU no coincidan con el ciclo electoral. 

Si bien Labat aseguró que no pretendía “poner plazos”, la idea era buscar un amplio consenso para dotar de mayor independencia a la autoridad monetaria. Sin embargo, hasta ahora no ha habido novedades de este tema. 

Avanza igual

Una de las reformas que el Poder Ejecutivo pretende concretar a pesar de que será sometida a referéndum es el de la portabilidad numérica. Dentro de los artículos que la oposición impugnó se encuentran aquellos que ponen en marcha el proceso para que los usuarios puedan cambiar de compañía telefónica sin tener que modificar su número. 

La decisión de avanzar es tan firme que ya está definida la fecha en la que comenzará a aplicarse: será el 27 de diciembre. 


 

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