Ley de Riego debe mantenerse

La única explicación del intento de derogar la ley de riego es la arraigada convicción de sectores obtusos de que lo que el Estado no puede hacer es mejor que nadie lo haga, aunque sea al costo del atraso y las desventuras de mucha gente. La grave sequía de este año, que redujo a la mitad la cosecha de soja y causó graves perjuicios a otros rubros agrícolas, a la ganadería y a la lechería, es evidencia irrefutable de la incapacidad oficial para aprovechar debidamente la cuantiosa disponibilidad de agua que tiene el país.

La ley de riego, promovida por el exministro de Ganadería y Agricultura Tabaré Aguerre, busca adecuadamente subsanar esta incapacidad. Pero bastó que apareciera el término "privados" para que los cultores del subdesarrollo pusieran el grito en el cielo y que rebobinaran algunas bancadas del Frente Amplio que habían votado la norma. La ley habilita sabiamente a inversores privados a construir embalses para combatir el impacto de las sequías. Si hubiera estado en vigencia antes, se habrían atenuado las enormes pérdidas que sufrieron este año productores agropecuarios, grandes y pequeños, y evitado los subsidios gubernamentales que hubo que aprobar a las apuradas.

Pese a la notoria ventaja futura de esta ley para el agro y para el crecimiento de la economía, la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) lidera actualmente una recolección de firmas para derogarla en un referéndum. Se le han plegado el PIT-CNT, otra vez de espaldas al país, y algunos sectores frenteamplistas que siguen creyendo en la fuente milagrosa del estatismo.

El mismo sindicato promovió hace 14 años la funesta reforma constitucional que estableció que el agua es propiedad exclusiva del Estado a través de OSE, un ente autónomo cuya incompetencia de gestión desperdicia gran parte del agua que potabiliza y fuerza a un vasto sector de la población a beber agua envasada por dudas sobre la calidad de la que provee la empresa estatal. Ffose anuncia que ha recolectado 180 mil de las 695 mil firmas que necesita para forzar una consulta popular derogatoria junto con las elecciones del año próximo. Es necesario que el intento fracase. De lo contrario toda la producción del agro, principal fuente del incremento del Producto Interno Bruto, seguiría atada a que la naturaleza sea gentil, esperanza que se frustra una y otra vez con las sequías pero que podría afirmarse si, gracias a la ley de riego, los productores tienen más acceso al agua a través de previsores embalses.

La iniciativa de Ffose y de quienes lo apoyan para la convocatoria de un referéndum plantea otro más de los muchos problemas internos que enfrenta el Frente Amplio y le crean migrañas a un gobierno al que su propia fuerza política ayuda a trabar. En este caso es imperativo que el Poder Ejecutivo se ponga firme en el mantenimiento de una ley de la que depende paliar los estragos de sequías que, más tarde o más temprano, aparecen inevitablemente. Tomar esa posición prestigiará al gobierno. Pero si vuelve a mostrarse pasivo antes los arrestos sindicales y de algunos grupos frenteamplistas, en cualquier momento volverá a sufrir la producción agropecuaria, como sucedió este año, y se acentuará la pobre imagen gubernamental que ya ha hecho caer agudamente a la alianza de izquierda en la aprobación o intención de voto de la mayoría de los uruguayos.