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Los cambios del Presupuesto y lo que quedó por el camino en Diputados 

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores, que tiene 45 días para analizarlo y votarlo

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16 de octubre de 2020 a las 07:20

La Cámara de Diputados votó, en la madrugada de este viernes, el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo con diversos cambios. Algunos artículos quedaron por el camino, otros fueron modificados y la gran mayoría se aprobaron tal como venían del Poder Ejecutivo. 

Lo que quedó por el camino

Asentamientos

A pesar de los intentos hasta último momento, el Programa de Mejoramiento de Barrios quedará en la órbita del Ministerio de Vivienda. El proyecto del gobierno pasaba ese programa a Presidencia, para ser coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Sin embargo, ni Cabildo Abierto ni el Partido Colorado acompañaron esta iniciativa y el Partido Nacional decidió, finalmente, tampoco votar el cambio para el programa sobre asentamientos. Fue el artículo que generó más debate y, finamente, los cabildantes y los colorados le ganaron la pulseada a Presidencia.

Salarios en empresas públicas

Fue uno de los primeros temas en quedar por el camino. El proyecto establecía un aumento de unos $ 60 mil –pasando de $ 175 mil a $ 235 mil– para los presidentes de las empresas públicas pero no pasó de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto. 

Si bien los legisladores de la coalición compartían el motivo de fondo, entendieron que no era el momento para aprobar este artículo por la situación de crisis sanitaria y económica que vive el país. Ningún partido acompañó esta iniciativa del gobierno.

Agregados en el Parlamento

Readecuación salarial

Los legisladores de la coalición acordaron iniciar un proceso para solucionar el conflicto con los funcionarios judiciales iniciado en 2010. En este primer proceso, unos 4.700 funcionarios judiciales recibirán el aumento del 26,03% previsto en el Presupuesto que rige desde 2011 mientras que los jueces y los defensores de oficio quedarán por fuera y serán considerados más adelante.

Esta iniciativa, que surgió en el Parlamento ya que no estaba previsto por el gobierno, tendrá un costo de $ 350 millones en cinco años y, para el 2024, se habrá cumplido con ese primer grupo de trabajadores. El dinero sale de una partida prevista para pagar intereses de las sentencias que los funcionarios le habían ganado al Estado por este tema.

Partidas para Udelar y UTEC

Fue otro de los temas que generó varios dolores de cabeza a los legisladores oficialistas. Pero, finalmente, lograron asignar varias partidas para que la descentralización y los cargos de alta dedicación no se vieran afectadas en este quinquenio.

Otros reclamos de la Universidad de la República, vinculados a la capacidad locativa, no fueron considerados y, en el plenario, legisladores de todos los partidos reconocieron que nunca se puede cumplir con las aspiraciones de la Udelar.

Si bien los diputados asignaron las partidas, no determinaron de dónde saldrá el dinero. Le dejan la decisión al Poder Ejecutivo.

Violencia de género

A pedido de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, la bancada oficialista reasignó recursos para que tres juzgados de violencia basada en género comiencen a funcionar en el interior del país. El dinero saldrá de los recursos que estaban previstos para el pago de sentencias del conflicto de los judiciales que, según el cálculo de los diputados, tenía más dinero del que era necesario.

Estos juzgados comenzarán a funcionar a partir de 2021 en tres departamentos del interior.

Combustibles

El Ministerio de Industria solicitó a los legisladores que agregaran un artículo que establece la liberalización de la importación de combustibles en los puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos (ANP). Si bien este artículo prosperó en comisión, luego, en el plenario, se le agregó que ese combustible solo se pueda utilizar para cargar embarcaciones.

Cambios

Certificaciones médicas

Tras varias idas y vueltas, finalmente los legisladores llegaron a un acuerdo con el equipo económico y las licencias médicas de los funcionarios públicos serán de dos días por año y acumulable cobrando el 100% del salario. Para 2021, los funcionarios tendrán un acumulado de seis días de licencia.

Inicialmente, el gobierno pretendía equiparar con el sistema de privado, que establece que los primeros tres días de licencia por enfermedad no se pagan y luego se recibe el 70% del salario. En la propuesta aprobada los trabajadores públicos recibirán el 75% de su salario una vez que utilicen los días de licencia por enfermedad.

El sindicato de trabajadores de la administración central ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra este pasaje.

Instrucciones generales

Si bien el gobierno inicialmente planteaba la derogación de las Instrucciones Generales, los diputados llegaron a un acuerdo para cambiar la conformación del Consejo Honorario que las dicta para que el Poder Ejecutivo tenga mayor representación y peso.

Además del fiscal general y los dos fiscales de Montevideo con mayor antigüedad en el cargo, el consejo tendrá a dos representantes del Poder Ejecutivo y todas las votaciones tendrán que tener, por lo menos, un voto de los representantes del gobierno.

En comparación con la conformación actual, el Poder Ejecutivo duplica su representación mientras que se excluye a la Facultad de Derecho y la sociedad civil, que solía estar representada por el Colegio de Abogados. Los fiscales, en tanto, dejan de estar representados por la asociación y están los dos fiscales con mayor antigüedad de la capital.

Las instrucciones generales son directrices que deben cumplir los fiscales para priorizar la persecución de determinados delitos.

UAM

El oficialismo pretendía llegar a una fórmula de consenso con el Frente Amplio. Pero no fue posible y la coalición avanzó sin los votos de la oposición para cambiar la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

El organismo, que hasta ahora maneja la Intendencia de Montevideo, pasará a manos del Poder Ejecutivo que presidirá el directorio a través del Ministerio de Ganadería. El gobierno departamental tendrá la secretaría general, pero el representante del gobierno tiene voto doble en caso de empate en la votación.

De todos modos, esta discusión está lejos de terminar, ya que la IMM recuperó la cesión de los terrenos donde está el Parque Agroalimentario que se inaugurará el próximo mes. De esta forma, la comuna entiende que queda con el manejo del parque y que la UAM, una entidad pública no estatal, es una cáscara vacía con deudas.

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