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Los casos en los que la Asociación de Fiscales señala "presión indebida" y que elevará a Federación Latinoamericana
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay decidió realizar un "relevamiento" de situaciones que "pueden ser" tipificados como "presión indebida" y enviar un informe a la Federación Latinoamericana de Fiscales para que los considere, según informó el presidente del gremio de fiscales, Willian da Rosa, en Twitter.
Resolvimos hacer un relevamiento de situaciones que nos preocupan, porque consideramos pueden ser presiones indebidas a la justicia, en particular a los fiscales y lo pondremos a consideración de la Federación Latinoamericana de Fiscales.
— 𝘿𝙧.𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙣_𝙍𝙤𝙨𝙖_𝙁𝙞𝙨𝙘𝙖𝙡 (@Willian_M_Rosa) March 10, 2022
Rosa explicó a El Observador que lo que buscan con esto es obtener una "mirada abstracta" de otros fiscales latinoamericanos sobre casos que ellos creen que pueden ser una presión indebida a los fiscales.
La motivación principal fue "no estar en una acción de beligerancia permanente", continuó Rosa, que no permita "dialogar entre las partes", con el fin de buscar un objetivo que el fiscal opinó que es común: buscar un camino para "mejorar la eficiencia" de Fiscalía.
Según Rosa, la "escalada" de presiones comenzó junto al inicio del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en noviembre de 2017. Desde ese momento, en el que el fiscal es quien dirige la investigación y no el juez como sucedía hasta entonces, muchas organizaciones y políticos se volcaron a culpar a Fiscalía ante dictámenes o errores, según el presidente de la asociación.
Durante este periodo de gobierno, Rosa destacó las críticas del líder cabildante, Guido Manini Ríos, a las investigaciones relacionadas a la dictadura, la reacción de varios actores políticos ante el allanamiento a radio Azul FM, y el reciente caso del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en apoyo a dos policías imputados por homicidio.
Apoyo a la policía
Esta decisión tiene como disparador las declaraciones del ministro, Luis Alberto Heber, sobre el caso de homicidio de Santiago Cor en 2020, en las que defendió el accionar de dos policías que perseguían a la víctima cuando esta chocó con su moto y falleció, y criticó la imputación de homicidio de la Fiscalía.
Su participación fue criticada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), quienes sostienen que la actuación del ministro fue "un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes".
En Durazno, en la comisaría de la capital del departamento y con el juicio a los dos policías en la misma zona, Heber indicó que "la policía cumplió con la ley de procedimiento policial", y que los uniformados estaban "obedeciendo órdenes del ministro".
Rosa explicó que no quisieron publicar un nuevo comunicado después del de AMU, pero indicó que comparten la opinión sobre una posible presión indebida de parte del ministro del Interior. "Cuando dice que un fiscal está en contra de la policía... eso no puede pasar", declaró el fiscal.
Para Rosa, "hay que dejar que la justicia actúe tranquilamente", y de forma equitativa "para cualquier persona", sin buscar influir en un juicio.
Dictadura
“Cuando determinados magistrados actúan desconociendo los principios del derecho, a mí no me da garantías", dijo el martes 4 de agosto Manini Ríos, en una media hora previa de una sesión del Senado, en referencia al accionar de la justicia en las investigaciones por crímenes de delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura.
El legislador defendió su propuesta de reinstalar la ley de Caducidad y dijo que la norma interpretativa aprobada en 2011 “abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”.
El día después, la Asociación de Fiscales expresó "su más absoluto rechazo" ya que se pretende "poner un manto de suspicacia" sobre la actuación de los fiscales, con "generalizaciones sin sustento". "Se refiere a que utilizamos el derecho a nuestro antojo y basándonos en pruebas dudosas y falsas", agregaron en un comunicado.
Los representantes del Ministerio Público reivindicaron la actuación bajo independencia técnica, "sin presiones ni agravios infundados", como una condición "elemental de todo Estado de derecho".
Violación en Cordón
El caso de violación grupal a una mujer por cuatro hombres en el barrio Cordón el 23 de enero, que luego generó la imputación de tres hombres por abuso sexual, tuvo un punto de inflexión cuando en el programa La Pecera (Azul FM) se compartieron audios del caso.
Esta situación llevó a que el fiscal de Corte, Juan Gómez, sancionara una investigación de oficio contra el conductor del programa, Ignacio Álvarez, por difundir contenido íntimo sin consentimiento de una de las partes.
La fiscal del caso, Mariana Alfaro, pidió allanar la casa de Ignacio Álvarez y la radio Azul FM, en busca de los contenidos relativos al caso, con la sospecha de que Álvarez había compartido a más personas el material. Luego de una reunión con la Asociación de la Prensa Uruguaya, el fiscal Gómez reconoció el error en el procedimiento, que podía llegar a atentar contra la libertad de la prensa y el derecho de los periodistas de no revelar sus fuentes, y Fiscalía desistió de allanar.
La situación despertó críticas de distintos políticos, como la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien declaró a 970 Universal que nunca pensó que "se llegará a estos extremos", y sostuvo que la situación reafirmaba su postura de que la justicia estaba "infiltrada" por la izquierda, como publicó Búsqueda el 6 de enero.
Sin embargo, Willian Rosa aseguró en ese momento a El Observador que Alfaro había actuado "ajustada a derecho". "En todo momento los fiscales estamos decidiendo si debemos solicitar al juez una orden para obtener evidencias que a veces afectan esos derechos. En ese cotejo, en el sopesar, uno tiene en cuenta la investigación que está llevando adelante", explayó el fiscal.
