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La reacción de los políticos y las dudas jurídicas sobre el allanamiento a Ignacio Álvarez
El allanamiento realizado este viernes por parte de Interpol a la radio Azul FM por orden de Fiscalía, que también incluyó a la casa del periodista Ignacio Álvarez, como parte de una investigación de oficio tras la difusión pública de audios íntimos sin consentimiento de las partes involucradas vinculados al caso de violación ocurrido en el Cordón hace algunos días, motivó la reacción y las críticas de distintas figuras políticas, en su mayoría vinculadas al oficialismo, aunque también desde filas de la izquierda hubo reparos.
Una solicitud pedida por la fiscal Mariana Alfaro y firmada por la jueza Patricia Rodríguez ordenó el allanamiento con el fin de “obtener evidencias útiles para la investigación y verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas” en el programa La Pecera, que se emite por Azul y conduce Álvarez, según establece la orden judicial a la que accedió El Observador.
El allanamiento tuvo lugar sobre el mediodía de este viernes. Cuando Interpol llegó al domicilio de Álvarez que tenían declarado, se encontraron con que el periodista ya no reside en ese lugar. Luego de una comunicación telefónica con Álvarez, este se negó a presentarse en la sede de Interpol y presentar los dispositivos utilizados para producir el programa.
En su cuenta de Twitter, Álvarez aseguró que recurrirá la sentencia. "Me pasan videos que cambian radicalmente la apariencia de un hecho, y a pesar de emitir los audios sin identificar a nadie, el Frente Amplio me quiere mandar preso y la Justicia allana mi casa y la radio para incautar información periodística reservada. Sepan que seguiré buscando la verdad", escribió luego, en referencia al allanamiento y a la denuncia realizada por dirigentes de ese partido.
Las reacciones
Lo ocurrido el viernes generó distintos comunicados y publicaciones de figuras políticas y del ámbito legal que criticaron el accionar de la Justicia. El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, escribió: "Creo que esto es muy grave", y acusó a la Justicia de actuar bajo presiones y sesgos políticos. "Llama la atención la celeridad con la que actúa la 'Justicia' en determinados temas, en los que un partido político ejerce presión indebida. Hace años que denunciamos el sesgo de algunos jueces y fiscales, y muchos se horrorizaron", tuiteó.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comentó que "los allanamientos dispuestos por la Fiscalía a la sede de un medio de comunicación y a la casa de un periodista, son hechos muy graves que afectan la libertad de expresión y que nos sorprenden y que rechazamos totalmente".
En su cuenta en esa misma red, el diputado colorado Ope Pasquet consideró que "la ley dice que los periodistas tienen derecho a guardar secreto acerca de sus fuentes de información. Ese derecho es una cáscara vacía si se puede incautar el celular, la computadora o los papeles o archivos del periodista. Estimo que en el caso Álvarez, la Justicia se excedió".
Su colega y correligionario Felipe Schipani, en tanto, publicó "es preocupante el allanamiento a Azul FM y la requisa de computadoras, celulares y otros materiales de trabajo de los periodistas. Está en juego uno de los valores más caros de nuestra democracia, como es la libertad de prensa".
La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo en una entrevista con 970 Noticias (radio Universal) que estaba "impactada. Nunca pensé que se llegará a estos extremos", al respecto de la orden judicial, y afirmó que la situación "ratifica" declaraciones previas que había realizado, en las que afirmó que el Poder Judicial estaba "infiltrado".
La integrante de la Corte Electoral y exministra Ana Lía Piñeyrúa señaló en Twitter: "El allanamiento a un medio de comunicación y a la casa de un periodista es un hecho muy grave que atenta contra principios básicos de la democracia, la libertad de expresión y ,en el caso específico del periodista, la reserva de la fuente. La Fiscalía nos debe una explicación".
La diputada frenteamplista Micaela Melgar, una de las responsables de la denuncia contra Álvarez, celebró la acción de la Justicia. "Excelente respuesta institucional de la Fiscalía sobre este tema", tuiteó. En cambio, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este sábado en rueda de prensa que uno de los elementos que le generaba "más dudas" sobre el accionar del Poder Judicial era el pedido de incautación del celular del periodista Ignacio Álvarez.
La opinión de dos expertos
Más allá de las declaraciones y los posicionamientos políticos, hubo también críticas a los allanamientos de parte de abogados y expertos en libertad de expresión. "No sólo me retrotrae a los 70 sino que es delito", aseguró el abogado penalista Juan Fagundez. Y añadió: "No me refiero con delito a quien ejecuta la oren sino quien la emite. Este allanamiento busca saber la fuente que proveyó al periodista. No solo la ley protege a la fuente, sino que un periodista que entregue la fuente es defenestrado. Entonces, a través de un allanamiento se viola la ley buscando la prueba de forma ilícita".
Por su parte, Edison Lanza, exrelator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual jerarca de la Intendencia de Canelones también planteó sus reparos sobre el accionar de la fiscal. "Los periodistas no están por fuera de la ley, pero la libertad de prensa es un derecho constitucional. Contiene protecciones específicas como la reserva de fuentes. Allanar un medio e incautar dispositivos del periodista vulnera el derecho", afirmó.
