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Macri se enfrenta a un peronismo que le cobrará más cara la gobernabilidad

El veto a una ley que frena aumentos de tarifas, marcó un punto de inflexión en la relación del presidente argentino con los gobernadores provinciales

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02 de junio de 2018 a las 05:00

La cuestión de si Mauricio Macri salió fortalecido o debilitado tras vetar la ley que frena los aumentos de tarifas es, por estas horas, el tema de análisis entre los seguidores de la actualidad política argentina. Explota en las redes sociales de internet y ocupa horas de espacio en la TV, prematuramente sintonizadas en "modo electoral".

Sin embargo, el debate en el Congreso y la previsible conclusión del veto ha dejado otras señales que van más allá del eventual "costo político" del presidente y su mala performance en las encuestas de opinión pública.

Para empezar, si una primera conclusión puede sacarse del episodio tarifas es que el "gran acuerdo nacional" convocado por Macri es una de las iniciativas menos exitosas de la historia.

El líder del bloque peronista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, que acuñó el concepto de la convivencia con el peronismo dialoguista que garantiza "gobernabilidad" al Ejecutivo a cambio de una buena relación con las gobernaciones provinciales, se mostró inusualmente rupturista.

Si bien no afirmó que el bloque peronista fuera a boicotear la agenda legislativa que le queda pendiente al macrismo –con temas importantes, como la reforma laboral–, insinuó que el "precio" a pagar por el consenso en el Congreso será ahora más caro.

La alusión del jefe del bloque peronista a "la señal política en el sentido de que no se puede avanzar con el ajuste" apunta en ese sentido.

Y marca un fuerte contraste respecto de la actitud que ese sector había tenido hasta el momento. El peronismo, con Pichetto y los gobernadores provinciales a la cabeza, le habían dado un apoyo crucial a Macri en momentos difíciles.

Los ejemplos de esa ayuda son elocuentes: gracias a los votos peronistas se revirtió la ley que rebajaba el Impuesto a las Ganancias y también, durante el caliente diciembre pasado, se logró una fórmula de consenso para el nuevo cálculo de ajuste jubilatorio.

Antes, la gestión de los gobernadores había hecho posible dos hitos del macrismo, como el acuerdo con los fondos buitres y la aprobación de la ley de reparación histórica a los jubilados y blanqueo fiscal.

Nueva etapa

En ese sentido, el debate por las tarifas significó un punto de inflexión.

Por parte del gobierno, se notó un apego más férreo a la disciplina fiscal, lo cual se evidenció en un mayor protagonismo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encargado de ponerle números a la "irresponsabilidad" de la oposición. Calificó en $ 115.000 millones –unos US$ 4.500 millones– el costo fiscal del freno tarifario y afirmó que, sin veto presidencial, ello implicaría retroceder un punto en el déficit fiscal, justo cuando se intenta mostrar resultados en el tema que le resulta más sensible al Fondo Monetario Internacional.

Y del lado de los gobernadores provinciales electos por el peronismo hubo también un cambio notable. Estos líderes son, de hecho, los hacedores de mayorías en el Senado, gracias a su influencia directa sobre los legisladores que les responden en forma personal.

En cada situación de conflicto, el gobierno hacía valer ante esos líderes provinciales su carta más persuasiva: la "billetera" fiscal para repartir premios y castigos por la vía impositiva. Muchas provincias, además, salieron en los últimos dos años a tomar deuda en dólares en el exterior, aprovechando el momento favorable de crédito para el país.
El "gran acuerdo nacional" convocado por Macri fue un fracaso
Y en ese contexto el macrismo, por lo general a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, logró consensos que implicaran oxígeno financiero para las provincias con mayores dificultades de caja, a cambio de sostener la "gobernabilidad".

Ese es el pacto que parece haberse lesionado en esta última votación. Macri les cobró caro el giro, al acusarlos públicamente de mantener una actitud hipócrita al impulsar un proyecto de ley en el que, admitían en privado, no creían factible.

"Tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho. Me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Querían hacer una demostración de poder? Ya sabemos que tienen mayoría en cada cámara, pero no se equivoquen. El poder lo tiene la gente", afirmó Macri en la conferencia de prensa "del día después".

Los principales encuestadores y analistas de opinión pública atribuyen la nueva actitud de los gobernadores a la caída en la aprobación popular sobre la gestión Macri.

Números para probar eso sobran: en una encuesta de Ipsos, ocho de cada diez familias admite haber recortado gastos del presupuesto hogareño como consecuencia de la inflación y la mayor presión tarifaria. Y un contundente 64% afirma que la política económica "va por mal camino".

Igualmente expresivo es el resultado de una encuesta de Hugo Haime, en la cual el 94,5% se mostró de acuerdo con que las "tarifas de servicios púbicos como la luz y el gas no puedan aumentar más que los salarios".

¿Nueva gobernabilidad?

Los próximos meses serán intensos para el macrismo, que no sólo tiene temas pendientes en su agenda de reformas estructurales, sino que tiene que persuadir al Fondo Monetario de que mantiene autoridad política como para cumplir un programa de dureza fiscal y, luego, tiene que convencer a la opinión pública de que el acuerdo con el FMI no implicará un costo social.

El gran interrogante, en ese marco, es cuál será la actitud a adoptar por el "peronismo dialoguista": ¿será el debate tarifario el que marque la tónica de lo que vendrá, o por el contrario se abrirá un espacio para la negociación bajo nuevas condiciones?

El escenario que viene no es difícil de imaginar: el acuerdo con el FMI es un aliciente poderoso para que la oposición dura vuelva a ganar la calle con protestas. E incluso, como quedó demostrado el 25 de mayo, es una consigna lo suficientemente atractiva para que haga confluir a sectores con poco en común, como el sindicalismo moyanista, la izquierda tradicional, los piqueteros y la clase media simpatizante con el kirchnerismo.

Ese contexto, sumado al escenario económico complicado por la inflación y el dólar, y en plena cuenta regresiva para las elecciones, solo puede traer una consecuencia: el "precio" del apoyo de los gobernadores peronistas a Macri será más alto de lo que fue hasta ahora.
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