Parece claro que, como casi siempre, las anteojeras ideológicas han sido más fuertes que la propia realidad.
Cuatro presos con extradición pendiente, entre ellos un capo mafioso italiano, escaparon el domingo de noche de una cárcel en Montevideo como Perico por su casa: sin guardias que los retuvieran, sin cámaras que los siguieran, sin obstáculos significativos, sin apoyo externo evidente.
Parece que la antigua Cárcel Central no es adecuada para delincuentes tan conspicuos. Por eso el “narco” mexicano Gerardo González Valencia, extraditable a Estados Unidos, fue metido en un sitio más seguro: el cuartel general de la Guardia Republicana.
Las fugas campechanas del domingo dejaron mal parado al Estado uruguayo: un papelón digno de una republiqueta bananera; y golpearon al gobierno en una etapa electoral decisiva, en uno de sus flancos más débiles.
El Frente Amplio ya padece la dura carga de un aumento de 300% en las rapiñas desde 2004. Y ahora este mal golpe en mala hora.
Hace tiempo que la oposición dejó de pedir la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ahora lo toma como un aliado involuntario.
Pero, en realidad, Bonomi —ministro del Interior desde 2010, y “primer ministro” de hecho durante el gobierno de José Mujica— sólo es responsable en un sentido político amplio: es la cabeza de una organización, responsable de la seguridad interior del país, que decae cada día.
Un conocedor del sistema carcelario comentó: “Es llamativo cómo en Uruguay todo se suaviza o se minimiza, hasta que explota. Resulta que Rocco Morabito era muy pesado, y aquí lo teníamos casi a la bartola”.
La fuga compromete a los altos mandos, desde el ministro para abajo. Parece un caso de desidia en cadena.
“Yo informé que Morabito me estaba complicando la vida y nadie me dio pelota”, resumió Mary González, la directora de la Cárcel Central, a El Observador. También habló de favoritismo político para la designación de jerarcas del sistema carcelario.
Pero tampoco es justo ver todo en negro, desde la perspectiva de esta fuga vergonzante.
La población carcelaria se multiplicó por tres en los últimos 20 años, pero los recursos materiales y humanos no aumentaron en la misma proporción: en cantidad y calidad.
A partir de la reforma de 2010, se establecieron pautas más estrictas de respeto a los derechos de las personas, y se mejoraron muchos centros de reclusión en todo el país, desde Rivera a Lavalleja, con Punta Rieles en la vanguardia de calidad e innovación. Pero aún sobreviven grandes pozos indignos, multiplicadores de delincuentes, como Libertad, Comcar (Santiago Vázquez) o Canelones, que tienen unos 5.000 reclusos, la mitad del sistema carcelario.
Recién en los últimos años los líderes políticos comenzaron a hablar de las cárceles. Ya no es una realidad lejana sino urgente. La mala cárcel significa que los niveles del delito continuarán muy elevados.
Y luego está la corrupción.
Suele afirmarse que la gestión de Bonomi redujo drásticamente la corrupción administrativa y policial, desde la compra de insumos a las actuaciones en las calles. Pero es una lucha que no finaliza, pues las corruptelas se renuevan aquí y allá, cual Hydra de Lerna.
La misma fuente que conoce el sistema dijo creer que los altos mandos carcelarios y policiales, en general, han sido depurados y son confiables, salvo algún caso extraordinario. “La corrupción, como pasa en casi todo el Estado uruguayo, suele estar desde los mandos medios hacia abajo, pues son más vulnerables”.
Las cárceles y las calles son medios contaminados. Allí los policías cada día están en contacto con los delincuentes. Campean la falta de formación, la pobreza, un menor compromiso con la tarea y cierta proclividad a dejarse viciar. Al fin, a nadie le importa demasiado la vida de un carcelero o de un policía ejecutivo.
En las cárceles, el peor de los mundos posibles, los presos pueden conseguir muchas cosas si tienen fiereza, paciencia y un poco de dinero: teléfonos, drogas, mejor trato o mejor comida, información, dirigir una banda que actúa fuera.
Nada nuevo bajo el sol.
Cuando el 6 de setiembre de 1971 escaparon 106 tupamaros y cinco presos comunes, la cárcel de Punta Carretas ya había sido corroída mucho antes por sobornos e intimidación. “Punta Carretas fue una colonia de vacaciones en 1971”, resumió Ernesto González Bermejo en “Las manos en el fuego” (1985), un libro clásico sobre la derrota y prisión de los tupamaros.
La precariedad y la escasez de recursos, la falta de equipos, el cansancio de los policías, que duermen durante las guardias, la sensación de fracaso e inutilidad: todo eso baja el umbral de las “coimas” y explica por qué Rocco Morabito, capo de la mafia calabresa, jefe “narco” en Milan hasta 1994, sigue su odisea de leyenda.