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Manini defendió a Moreira tras informe sobre irregularidades en Vivienda: "Se quiere uniformizar esto con otros casos escandalosos"
El senador y candidato de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo estar "convencido" de que no hubo "ninguna acción ilegitima" en la asignación directa de viviendas que hizo su esposa y exministra Irene Moreira.
Las declaraciones de Manini se dieron en la Expoactiva de Soriano, horas después luego de que se conociera que el informe del Ministerio de Vivienda que expuso que fue "a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración".
Sin embargo el líder de Cabildo resaltó que "claramente no hubo ninguna acción ilegitima. No hubo mala fe ni orden", dijo Manini este martes en rueda de prensa en la Expo Activa de Soriano.
Para Manini "se hizo dentro de una normativa vigente y podrá arrojar la investigación que hubo una interpretación errónea, que fue lo que la propia exministra dijo públicamente que era lo que podía haber ocurrido".
Pero las conclusiones del informe apuntan tanto contra Irene Moreira como a quien era su director de Vivienda, Jorge Ceretta, cesado meses atrás por Lozano.
El candidato de CA también dijo que "se quiere volver a poner el tema, porque se quiere uniformizar esto con otros casos que sí han sido realmente escandalosos y que están hoy en la Justicia".
"La ministra pidió que quedara en el expediente que ella iniciaba el trámite para que hubiera cristalinidad. Hubo 70 y pico de casos antes en otras administraciones que no esta eso de quién inicio el tramite", agregó Manini sobre las gestiones del gobierno del Frente Amplio (FA) al frente de este Ministerio.
Por otra parte, la investigación muestra que en ese período "no se realizaron adjudicaciones directas que no contemplaran los requisitos". Estos casos tuvieron siempre autorización de ingreso transitoria "a los efectos de 'evaluar o analizar' la situación del núcleo familiar", "mientras que en los casos analizados en el período 2020-2023, se solicitaba por la secretaría ministerial adjudicar el cupo reservado en un determinado complejo, y a determinadas personas".
La investigación administrativa de más de 20 mil páginas sobre las adjudicaciones directas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) echa por tierra varios puntos del relato esgrimido por Cabildo Abierto para defender el accionar de la exministra Irene Moreira.
El documento, al que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública, plantea una óptica mucho más crítica respecto a la plasmada por el actual jerarca Raúl Lozano en la resolución divulgada semanas atrás. La decisión del MVOT de deslindar a Irene Moreira –bajo la premisa de que sus mensajes para adjudicar viviendas no pueden entenderse como "orden" o "mandato"– llevó a que solo se observara a los funcionarios implicados en los trámites, algo que fue cuestionado por el sindicato y por COFE.
Casos no eran urgentes
Contrario a la interpretación del actual ministro cabildante, el extenso informe apunta que "la arbitrariedad no solo radica en que los trámites se inician con un correo de la secretaría de la exministra disponiendo la adjudicación –no el análisis o evaluación como hubiera correspondido– sino que las mismas no se enmarcan en situaciones de emergencia".
Si bien Cabildo Abierto se ha amparado en estar utilizando una resolución del 2009 que habilita a la reserva de cupos en complejos habitacionales, la instructora explicita que "lejos está" lo actuado de lo establecido en esa norma, "en la medida que los beneficiarios no presentaban restricciones socio-económicas para alcanzar los requisitos" definidos para estar en los llamados.
