Esta semana estuvo agitada en materia de números. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una suerte de balance del 2021 (con resultados más alentadores de lo previsto) y tiró algunas cifras para el tercer año de gobierno, para muchos, el bisagra para hacer ajustes más a fondo antes de que el próximo ciclo electoral caliente los motores. Con las cuentas públicas relativamente en orden y los gastos por la pandemia cayendo, ¿habrá margen para avanzar en ajustes impositivos para aflojar la cincha a los contribuyentes? De esto te escribiré en esta entrega de Rincón y Misiones.
La agenda posreferéndum
Uno de los latiguillos más recurrentes que solía mencionar el presidente de la República Luis Lacalle Pou en campaña electoral era que si llegaba al gobierno se debía “aflojar la cincha” impositiva a la producción y las personas, y que por eso no estaba en su agenda apelar a aumentos de tarifas públicas o de tributos. Más allá de la discusión político-electoral sobre si los ajustes de los servicios públicos que se realizaron desde que asumió en los últimos dos años implicaron una promesa incumplida, queda pendiente abordar la otra pata más pesada: los impuestos.
La ministra de Economía Azucena Arbeleche ha puesto el foco desde que asumió en la mejora y sostenibilidad de las finanzas públicas. Los primeros dos años de gestión han pauta esa línea y se han sobrecumplido las metas trazadas. Como te he mencionado en alguna otra entrega anterior, algunos socios de la coalición —como Cabildo Abierto— consideran que el 2022 debe ser el año para realizar ajustes impositivos sobre tributos como el IRPF y revisar las exoneraciones tributarias que da el Estado para estimular la inversión privada. Esta semana la directora de Política Económica Marcela Bensión dijo en una entrevista con Búsqueda que en los dos primeros años de pandemia “era muy difícil pensar en una reducción de la carga fiscal”. No obstante, comentó que ahora el gobierno está focalizado en las “luces largas” para avanzar en reformas más estructurales y que una de las “alternativas” que está bajo análisis para mejorar las políticas económicas es “la tributaria”, aunque evitó entrar en mayores detalles sobre cuándo podría llevarse a cabo esa revisión.
El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, había manejado en una entrevista con El Observador que uno de los temas que tenía pendiente con la ministra de Economía era la de discutir ajustes a cómo están estructurados los impuestos sobre el agro para reducir la incidencia de tributos ciegos como el Impuesto al Patrimonio, tal cual está establecido en el Compromiso por el país del gobierno de coalición.
El espacio fiscal
Camilo dos Santos La ministra proyectó un crecimiento de 3,8% para el PIB este año. La economía uruguaya habría crecido 4,5% en 2021, según la estimación que presentó Arbeleche este martes. Las autoridades del equipo económico habían proyectado una expansión del PIB de 3,5% cuando presentaron la última Rendición de Cuentas a mediados del año pasado. El dato oficial —que divulgará el Banco Central el próximo 23 de marzo— está alineado con el 4,2% que están proyectando los analistas privados. Precisamente, gracias a ese crecimiento de la actividad (mayor al previsto) se debe buena parte de la explicación de la mejora de las cuentas públicas al cierre del año pasado.
El resultado fiscal del Gobierno Central-BPS (GC-BPS) se ubicó en -4,2% del PIB, por debajo del -4,9% que se había estimado en la Rendición de Cuentas. “Esto ya está medido en términos del nuevo producto que estimamos creció 4,5%”, precisó Arbeleche.

La economía uruguaya mantendría un dinamismo relativamente interesante si la nueva proyección de un crecimiento de 3,8% del PIB del MEF se materializa en 2022. Los analistas privados tienen un pronóstico seis décimas por debajo de ese número (3,2%), según la mediana de la Encuesta de Expectativas del BCU, aunque es factible que este número se revise al alza a futuro si el dato del PIB de 2021 finalmente llega al 4,5% o supera ese umbral.
El resultado fiscal proyectado por el MEF para 2022 del GC-BPS se mantiene en 3,1% del PIB. Y el resultado fiscal estructural se proyecta en -2,4% del PIB. La ministra anunció que este año el Fondo Coronavirus contará con US$ 400 millones que no estaban previstos en la Rendición de Cuentas que se presentó el pasado año.
El gobierno tiene como meta llevar al rojo de las cuentas públicas al 2,5%, por lo cual ya está muy cerca de alcanzar ese objetivo cuando lleva la mitad de su gestión. En la Rendición de Cuentas de 2020, el MEF manejó una previsión de expansión del 2,9%, por lo que ese mayor dinamismo de casi 1 punto del PIB es razonable genere mayores recursos para las arcas del Estado de las que estaban previstas en 2021. Seguramente en la discusión política —que suele darse en la previa de la próxima elaboración de la Rendición de Cuentas— comenzará el clásico tironeo de cada ministerio para obtener más recursos para financiar sus programas de gestión.
El MEF ha sido muy prudente con la ejecución del gasto público y ha focalizado el incremento del gasto en programas específicos como el de infancia. Como el gobierno tiene topeado (hasta ahora por la LUC) el aumento del gasto público, el escenario más probable es que si los números de la economía marchan mejor de los previsto, el camino que se recorra sea el de reducir o revistar la política impositiva. Qué impuestos se podrán revisar será toda una discusión en la cual seguramente la coalición tendrá sus matices y deberá resolver. Un apunte sobre esta potencial discusión que ganará terreno posreférdnum. Hoy la reforma estructural más relevante que tendrá que resolver el gobierno es la seguridad social.
“Hay que tomar decisión política sobre varios y además convertir un documento de recomendaciones en un texto legal. En eso se está. El Parlamento va a tener un proyecto de ley de reforma seguramente dentro de dos o tres meses aproximadamente”, aseguró el ministro de Trabajo Pablo Mieres.
De nada servirá toquetear algún impuesto puntual si el Estado no es capaz de corregir la principal amenaza para la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano y largo plazo. Si se aplica una reforma integral con la profundidad que sugirió la Comisión de Expertos, será antipática como cualquier cambio previsional que plantea, por ejemplo, subir la edad de jubilación a 65 años (hoy está en 60). Habrá que ver si en la mayoría del sistema político prevalece la idea de avanzar con esa reforma o si las cuentas por los costos políticos-electorales pueden más.