En una acción de importante simbolismo diplomático, el canciller Francisco Bustillo entregó en Nueva Zelanda el pedido de adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, un selecto club de libre comercio compuesto por 11 países con 500 millones de consumidores que representa el 13,5% del PIB mundial.
Pero el paso –señalado por el Poder Ejecutivo como uno más en la búsqueda de acceder a mayores mercados con menores aranceles– se vio empañado por una declaración de Argentina, Brasil y Paraguay, que había sido cocinada el lunes, cuya lectura debe ser más política que jurídica y que instala un clima de tensión que rodeará a la Cumbre del Mercosur que se desarrollará la semana que viene en Montevideo.
Se trata, nuevamente, de interpretaciones diferentes acerca del margen de acción que tienen los socios del Mercosur a la hora de realizar negociaciones comerciales por fuera del bloque.
Los gobiernos de Alberto Fernández (Argentina), Mario Abdo Benítez (Paraguay), y Jair Bolsonaro (Brasil) –una novedad– consideran que los países no pueden buscar acuerdos de forma individual sin una autorización específica, una lectura que no comparte Luis Lacalle Pou.
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Socios rechazan negociación individual de Uruguay
La discordia está en la interpretación que cada uno hace del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, dos de los textos que fijaron el rumbo del Mercosur. Esos documentos hablan de que el bloque se transformará en una unión aduanera y un mercado común, algo que no ha ocurrido.
Esos incumplimientos, sumado al registro de que varias veces Argentina y Brasil han acordado bajas arancelarias por fuera del bloque, y que la decisión 32 del año 2000 –que establece a texto expreso que no se puede negociar solo– nunca se incorporó a la normativa común del Mercosur, son los tres argumentos que utiliza Uruguay para decir que está habilitado a negociar por fuera.
Aunque no alteró el humor, la decisión de Brasil de sumarse al comunicado causó sorpresa en la diplomacia uruguaya dado que el gigante norteño venía siendo un socio en silencio de los planteos de flexibilización.
En la interna del gobierno, algunos funcionarios interpretaron el giro de Itamaraty como una muestra de que Lula ya está al mando aún sin haber asumido, aunque otros discreparon con esa posición y señalaron que podía obedecer a un mal timing para pedir la vinculación al CPTPP, la sigla con la que se conoce al Acuerdo Transpacífico.
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El gobierno pidió la adhesión al Acuerdo Transpacífico
El comunicado de los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay señala que los tres países “se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”.
Pese a esto, las reglas del Mercosur no prevén sanciones para un país que comience a negociar por fuera.
“Hasta que Uruguay no otorgue o reciba preferencias en el marco de una negociación no es posible llevar adelante ningún reclamo”, explicó a El Observador el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi.
El especialista agregó que no es posible activar el sistema de solución de controversias del bloque porque hasta la fecha Uruguay no cuenta con ninguna negociación en curso donde se estén otorgando preferencias arancelarias.
A su vez, relató que no existe la figura de suspensión en el Mercosur, salvo la prevista en el Protocolo de Ushuaia por la cláusula democrática (hoy vigente con Venezuela). “El eventual incumplimiento de un laudo arbitral (moneda corriente en el bloque), no habilita la suspensión”, tuiteó.
Lacalle Pou defendió el pedido de adhesión pese a la crítica de los socios. "Nos asiste el derecho internacional y nos sentimos en todo el derecho de hacerlo”, dijo este miércoles en rueda de prensa.
"Entendemos, aunque no compartimos el reclamo de los tres países. Hemos sido muy frontales en el mano a mano, en las reuniones del Mercosur, y tenemos una la semana que viene que va a estar entretenida porque vamos a hablar de estos temas", resumió.
A su vez, también en rueda de prensa, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, señaló que Uruguay tiene "históricamente" la postura de flexibilización, algo que entiende que "desnaturaliza la esencia del Mercosur, que es el mercado común" y por eso su país "nunca puede acompañar".
