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Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un período de cinco años, ha enfrentado hasta el momento dos intentos de destitución en el Congreso, dominado por la oposición de derecha

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México suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia del presidente de Perú

El cónclave, que debía reunir a los mandatarios de Colombia, Chile, México y Perú, estaba previsto para esta semana y su postergación es producto de la negativa del legislativo peruano de autorizar el viaje de Pedro Castillo

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22 de noviembre de 2022 a las 17:32

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana en su país, se suspendió debido a que el Congreso peruano no autorizó la asistencia del mandatario Pedro Castillo.

"Se suspendió porque no le permitieron al presidente de Perú asistir, y a él le corresponde recibir la presidencia pro tempore", explicó López Obrador en su habitual conferencia matutina. "Estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú durante la primera semana de diciembre”, añadió el mandatario.

La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile, y a la cumbre que se llevaría a cabo el jueves y viernes próximos en la Ciudad de México estaban invitados también los mandatarios de Costa Rica, Rodrigo Robles, y de Ecuador, Guillermo Lasso; además del chileno Gabriel Boric y el colombiano, Gustavo Petro.

El Congreso de Perú le negó a Castillo el permiso para viajar y acusa al mandatario de “incapacidad moral permanente” y “traición a la patria”, al tiempo que lo investiga sobre la base de una causa judicial por presunta corrupción.

"Es muy probable que se cancele el encuentro”, había anticipado López Obrador antes de realizar consultas con sus pares del foro y comunicar la suspensión. "Soy el presidente transitorio y le corresponde al presidente de Perú recibir la presidencia. Entonces, si no viene ¿a quién le entrego?", argumento el mandatario mexicano.

El pasado 21 de octubre, López Obrador había instado al Congreso peruano a autorizar la salida de Castillo para que asistiera al cónclave. Sin embargo, la semana pasada, por 58 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, el legislativo unicameral le negó al mandatario el permiso para asistir a la cumbre.

Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un período de cinco años, ha enfrentado hasta el momento dos intentos de destitución en el Congreso, dominado por la oposición de derecha. Además de enfrentar una investigación de la Fiscalía General avalada por el Tribunal Supremo de Justicia por supuestos hechos de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

La prohibición de salir del país, además, se produce en momentos en que una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido de Castillo se encuentra en Perú para mantener conversaciones con referentes del oficialismo, de la oposición y de la sociedad civil en un intento por descomprimir la tensa situación, que amenaza con agravar una crisis institucional que lleva ya tres décadas y que contabiliza seis presidentes que no pudieron finalizar sus mandatos.

La semana pasada, una subcomisión del Congreso aprobó tramitar la denuncia de la Fiscalía General contra Castillo, con lo que dio el primer paso para que el Legislativo abra un juicio político al presidente. En ese contexto, Castillo afirma que está sufriendo una persecución política, a la vez que ha denunciado una "nueva modalidad de golpe de Estado" liderado por la Justicia.

La misión, formada por cuatro cancilleres de América Latina y un comisionado de la Secretaría General de la OEA, tiene previsto redactar un informe para ponerlo en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA en Washington y, aunque las decisiones de la OEA no tienen carácter vinculante, los analistas estiman que podría marcar alguna hoja de ruta para resolver la situación y garantizar la continuidad democrática.

La investigación de la Fiscalía acusa a Castillo por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, y lo caracteriza como el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para favorecer al consorcio de empresas Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Por lo pronto, el proceso de vacancia por incapacidad moral requiere los votos de 87 de los 130 legisladores, lo que por ahora, según los analistas locales, luce como un objetivo remoto de alcanzar para la oposición liderada por los partidos de derecha más intransigente, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

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