Las protestas en Perú siguen adelante

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Mientras siguen las protestas, el Congreso peruano no aprobó adelantar las elecciones a 2023

Es el principal reclamo de los manifestantes. En desacuerdo con la represión renunciaron dos ministros de Boluarte, quien recibió nuevo respaldo de Washington
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17 de diciembre de 2022 a las 08:59

El pleno del Congreso peruano no alcanzó este viernes los votos necesarios para adelantar las elecciones a diciembre del 2023, una medida que buscaba descomprimir la situación tras el relevo del presidente Pedro Castillo hace diez días.

El dictamen de adelanto de elecciones para dentro de doce meses tuvo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. Como se trataba de una reforma constitucional, requería 87 votos o 66 en dos legislaturas, ratificado vía referéndum.

Tras la votación, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió la sesión, pero organismos del propio Estado, como la Defensoría del Pueblo, exhortaron a los parlamentarios a llegar a un acuerdo dado el clima de convulsión que vive el país.

El adelantamiento de las elecciones, junto con la liberación de Castillo y el cierre del Congreso, es uno de los ejes del conflicto, cuyo epicentro está en las zonas andinas del sureste del país, con demandas sociales insatisfechas de la población campesina e indigena.

Pese a ello, la Presidencia del Perú comunicó el viernes el reiterado respaldo de los Estados Unidos a la mandataria Dina Boluarte.

"La presidenta de la república, Dina Boluarte, dialogó telefónicamente con el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, quien le reiteró el respaldo de Estados Unidos al Gobierno que lidera", comunicó la cuenta de Twitter de la Presidencia de Perú.

Previamente, el destituido presidente Pedro Castillo denunció que la visita de la embajadora de EE.UU. en Lima, Lisa Kenna, al Palacio de Gobierno el pasado martes para respaldar la declaración del estado de emergencia.

"Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como es el caso de Conga, Tía María y otros", escribió el político en una carta.

Hasta el momento las protestas dejaron al menos 18 muertos y más de 300 heridos. El gobierno estableció además desde el viernes el toque de queda en 15 provincias.

Fue luego de los más graves incidentes ocurridos en la tarde-noche del jueves, cuando soldados emplazados en el aeropuerto de Ayacucho mataron a 7 manifestantes que intentaban ocupar la estación aérea.

El viernes se restablecieron las operaciones en el aeropuerto internacional de Cusco, ciudad donde hay unos 2 mil turistas de diversas partes del mundo varados. Otros 500 turistas quedaron atrapados en las inmediaciones de las ruinas incaicas de Machu Picchu desde el corte de los trenes y serían evacuados este sábado por helicópteros militares.

La votación fracasó en medio de discrepancias entre las bancadas de izquierda y derecha, centradas no solo en la fecha de las elecciones, sino en la posibilidad de reformas políticas y electorales.

Desde bancadas de izquierda como Perú Libre, Perú Bicentenario, Perú Democrático o Cambio Democrático se insistió en la propuesta de realizar al mismo tiempo que las elecciones, una consulta popular para una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna.

Desde las bancadas de derecha como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, en tanto, se incidió también en la situación del destituido Castillo, su frustrado autogolpe.

En desacuerdo con la represión y el respaldo oficial a las fuerzas armadas y policiales acusadas de disparar contra la población, dos ministros del flamante gabinete de Boluarte presentaron su renuncia. Se trata de la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

En este marco, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) anunció que una misión de este organismo está “disponible” para visitar el país a partir del próximo lunes 19 y hasta el miércoles 21.

Asimismo, se prevé otra visita de un relator de este organismo autónomo de la OEA para el próximo enero, a fin de seguir con más detenimiento las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país.

Castillo había pedido el miércoles desde la cárcel que la CIDH intercediera por sus derechos y el de sus familiares, algo a lo que el gobierno de Boluarte no ha informado por ahora de ninguna petición en ese sentido.

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