El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se comprometieron ante la Justicia a cambiar el régimen de calabozos en el Penal de Libertad, donde se alojaban a 14 presos que habían denunciado estar amenazados y por eso preferían estar en ese lugar sin baño, ni agua corriente, ropa, abrigo ni luz en muchos casos.
A raíz de un recurso de habeas corpus presentado por el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, y la cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar, la jueza de Ejecución y Vigilancia, María Isabel Rodríguez, convocó a audiencia urgente para el jueves 16. Tras una audiencia que duró seis horas en la declararon representantes del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Defensoría, Fiscalía, comisionado parlamentario y los 14 presos, se buscó un acuerdo para superar la situación denunciada.
El habeas corpus, previsto en el nuevo Código de Proceso Penal, es un mecanismo legal para la prevención de condiciones de privación de libertad violatorias de la dignidad humana, y es de urgente tramitación procesal.
Tras escuchar los testimonios de los presos que estaban en los calabozos, la jueza propuso crear una nueva zona de seguridad en un sector del Penal en un plazo de 15 días y enviar, desde ese mismo momento, un "kit" de emergencia para los internos con todos los elementos de los que carecían y suministro de agua por parte de los funcionarios, ya que los calabozos no tienen canilla ni saneamiento. La propuesta ya comenzó a implementarse.
Según quedó redactado en el acta de conciliación, “las partes establecen la necesidad de tomar medidas tendientes a evitar la utilización de estos calabozos a partir de este momento –salvo situación de emergencia debidamente justificada– realizando todas las gestiones necesarias a tales efectos”.
Petit subrayó que "era una situación extrema". "Se llega a eso luego de años de falta de tratamiento y educación en ese Penal. Allí las amenazas son moneda corriente y esto ocurre por violencia acumulada por años y falta de trabajo e intervención sobre ella", agregó.
Según Petit, el Instituto Nacional de Rehabilitación "es todavía muy débil en recursos y logística" y que "se requiere apoyo del Ministerio del Interior y de otros organismos para tener una sólida política pública penitenciaria, conectada a las políticas social y que cumpliendo el rol de disminuir la violencia social".
El viernes 17 el comisionado parlamentario visitó los calabozos y verificó que los kits de emergencia habían sido entregados y que estaban en proceso las medidas tendientes a crear un nuevo sector de resguardo.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá