Pasaron dos meses y medio desde que el exministro de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, dejó su despacho vacío. A partir del 17 de mayo, el sillón del exmagistrado quedó libre y tanto la oposición como el oficialismo están convencidos de que, esta vez, habrá consenso acerca de quién ocupará ese lugar. Este miércoles, senadores de todos los partidos se reunirán para alcanzar un acuerdo y lograr que la semana próxima se pueda votar en la
Asamblea General el reemplazo de Pérez Manrique. El tiempo comienza a jugarles en contra, porque el plazo para elegir al quinto ministro de la Corte vence en dos semanas.
Si bien los legisladores prefieren mantener el nombre de los candidatos en reserva, el que suena con más fuerza es el de la jueza Bernadette Minvielle, que actualmente es ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno y está segunda en la lista de antigüedad. Como candidatas también se manejan Rosina Rossi, ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er Turno y docente titular de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Graciela Gatti, que si bien es ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno, actualmente integra la Comisión Interinstitucional para la implementación del nuevo Código del Proceso Penal en representación del Poder Judicial.
Entrevistada por El Observador, Gatti dijo que ser ministra de la SCJ no es algo que se plantee como una posibilidad, pero agregó que, si le toca la responsabilidad lo va a "asumir con todo gusto. Si me toca (...) voy a poner en práctica lo que me gustaría que la Corte hiciera. Si se da, se da y si no seguiré en el Tribunal", afirmó.
De no llegar a un consenso, quien ingresará en el lugar que por cinco años ocupó Pérez Manrique será Selva Klett, quien es ministra del Tribunal de Apelaciones de 6º Turno. La Constitución establece que la "designación deberá efectuarse dentro de los 90 días" desde que el puesto quedó vacante. "Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo", agrega.
El último ingreso en la SCJ fue el de Eduardo Turell, quien entró en febrero de este año por ser el ministro de un tribunal de apelaciones que ocupaba el cargo por más tiempo. Reemplazó a Jorge Larrieux tras meses de negociaciones.
En ese sentido, la senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo a El Observador que a los legisladores "nunca les gusta que se elija por antigüedad" porque se trata de "una forma burocrática de elegir un cargo muy importante". "Propusimos tres nombres pero todavía no hay humo blanco", señaló la parlamentaria y recalcó que en la reunión de este miércoles se buscará ese acuerdo al que se aspira.
En la misma línea opinaron los senadores Álvaro Delgado (Partido Nacional), José Amorín (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente). Mieres destacó que elegir al quinto integrante del máximo órgano de la Justicia por consenso "es lo mejor porque permite avalar por la capacidad" de los magistrados.
Cambio de sistema
A mediados de junio, una comitiva del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) fue a la Comisión de
Constitución y Legislación de la Asamblea General y planteó la necesidad de retomar un proyecto de ley propuesto hace años para reformar la manera en la que se designa a los ministros de la SCJ.
El presidente del CAU, César Pérez Novaro, dijo en esa oportunidad que el "procedimiento de selección debe brindar todas las garantías a cualquier persona con respecto a esa elección relacionada con el más idóneo".
Planteó que, al momento de la elección, se le debe dar "relevancia al derecho público cuando se están mirando antecedentes, currículos y trabajos académicos" porque "un juez no puede saber de todo" y "los casos más trascendentes (de la SCJ) son de derecho público". "Podemos citar las acciones de inconstitucionalidad de las leyes", dijo a modo de ejemplo. Por su parte, el vicepresidente del CAU y experto en derecho procesal, Gabriel Valentín, afirmó que si bien la Constitución reglamenta como se debe designar a los ministros, no especifica ni "limita cuál es el sistema, en el sentido de si el Parlamento debe tener alguna pauta o existe una regla predeterminada para esa selección". Por eso propuso aplicar reglas claras para que los legisladores tomen la decisión correcta.
Negocian TCA y Corte Electoral
Legisladores del Frente Amplio y de la oposición negociarán también los cargos para la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), para los que no tienen plazo. Al igual que sucede con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los del TCA y los de la Corte Electoral deben ser aprobados por dos tercios de votos de la Asamblea General (la Cámara de Diputados y de Senadores sesionando en conjunto). El TCA está integrado por cinco miembros y la Corte Electoral por nueve.
