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Opacidad en el Estado

Hice seis solicitudes de acceso a información pública y solo una resultó exitosa

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02 de diciembre de 2019 a las 05:01

Del 15 de diciembre de 2017 al 1° de enero de 2018 presenté solicitudes de acceso a información pública a cinco organismos del Estado. Lo hice utilizando el sitio web QueSabes.uy, a cuyos creadores felicito y agradezco por haber desarrollado y puesto a disposición del público una herramienta muy útil para el ejercicio de un importante derecho ciudadano. A continuación describiré el contenido de esas cinco solicitudes y la suerte corrida por cada una de ellas.

1. Solicité a la ANEP los resultados promedio por centro educativo de las pruebas PISA 2015 para cada una de las cuatro áreas evaluadas: lectura, matemáticas, ciencias naturales y resolución de problemas.

2. Solicité a la UTE sus gastos anuales (en dólares estadounidenses corrientes, con impuestos incluidos) de 2014, 2015 y 2016 en compras de "energía eólica sobrante", definiendo "energía eólica sobrante" como la energía eléctrica generada por parques eólicos que UTE, por razones contractuales, está obligada a adquirir, aunque en determinado momento no la necesite para atender la demanda del mercado o no la pueda recibir por dificultades en las redes de transmisión. En otras palabras, se trata de la energía eléctrica que el parque eólico tenía disponible para inyectar en la red de UTE pero que no fue despachada por razones ajenas al parque eólico y que UTE de todos modos debió pagar.

3. Solicité a la Comisión Administradora del Poder Legislativo la siguiente información:
a) Motivos por los cuales no se está usando el sistema de voto electrónico adquirido por el Parlamento en 2013.
b) Medidas tomadas o previstas para superar las dificultades que han obstaculizado la puesta en marcha de dicho sistema.
c) Fecha prevista para el inicio del uso del sistema de voto electrónico.

4. Solicité al INE la serie histórica de cantidades anuales de divorcios en Uruguay de 2005 a 2016, con la misma apertura que los datos publicados para años anteriores (1961-2004): cantidad anual para todo el país y por departamento.

5. Solicité a la OPP los montos totales anuales gastados por el Estado uruguayo en 2015 y 2016 en Primas por Hogar Constituido, Primas por Matrimonio y Primas por Nacimiento, respectivamente.

En sólo uno de estos cinco casos recibí en tiempo y forma la información solicitada: la OPP me proporcionó rápidamente toda la información requerida, con un excelente grado de detalle.

El INE me respondió nueve meses después de mi solicitud diciendo que carecía de la información requerida y que su fuente, la Dirección General de Registros (DGR), le había comunicado oportunamente que ya no contaba más con esa información.

Por consiguiente, a partir del 26 de septiembre de 2018 realicé tres veces una sexta solicitud de acceso a información pública: pedí a la DGR la misma información sobre divorcios que había pedido antes al INE. Las dos primeras veces la solicitud fue rechazada automáticamente, aparentemente por errores en la dirección del email de destino. Aún no he recibido una respuesta de la DGR. 

El 20 de setiembre de 2018 denuncié ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) las faltas de respuesta de ANEP, UTE y el Poder Legislativo a mis solicitudes de acceso a información pública. El 22 de noviembre de 2018 la UAIP me notificó la creación de tres expedientes, uno por cada caso denunciado.

El 21 de diciembre de 2018 la UAIP me dio la razón en los tres casos, emitiendo las resoluciones N° 29/018, N° 30/018 y N° 31/018. La parte resolutiva de la resolución N° 29/018 dice lo siguiente: “El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública resuelve: 1°. Indicar que la Comisión Administradora del Poder Legislativo debe entregar la información al solicitante en virtud de haber operado el silencio positivo. 2°. Exhortar a la Comisión Administradora del Poder Legislativo que en lo sucesivo conteste las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos legalmente establecidos. 3°. Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.” Las resoluciones N° 30/018 (referida a UTE) y N° 31/018 (referida a ANEP) son de un tenor idéntico a la resolución citada. 

El 4 de octubre de 2018 la Presidencia del Senado me envió una nota, firmada por la vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, excusándose de dar respuesta a mi solicitud por motivos formales.

El 30 de abril de 2019 el Consejo Directivo Central de la ANEP emitió la resolución N° 64, que encomendó a la Asesoría Letrada expedir la información solicitada por mí “que luce a fs. 17 y 18 del expediente 2019-25-1-000463”.

Fui citado por la Asesoría Letrada y me entregaron esas dos páginas, en las que se me niega la información solicitada argumentando: a) que carece de valor estadístico; b) que no se encuentra disponible actualmente.

Empero: a) tengo derecho a esa información, sea cual sea la opinión de la ANEP sobre su valor estadístico; b) es sencillísimo calcular un promedio por centro educativo, disponiendo de todos los resultados.

Por último, sigo sin tener una respuesta de UTE.

En resumen, mi experiencia con las solicitudes de acceso a la información pública fue mucho más negativa que positiva. Pese a la ley de acceso a la información pública del año 2008, la opacidad sigue siendo una característica muy arraigada en el Estado uruguayo. La información es poder. Cuando el Estado retacea información pública a los ciudadanos, les está restando poder.

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