Ocho de los acusados en Operación Océano solicitaron a la Justicia que se intime a la principal víctima del caso a no realizar publicaciones "difamatorias" y que se establezca como medida cautelar la prohibición de la comunicación con ella, según informaron fuentes de la causa a El Observador.
Esto ocurrió luego de que, desde una cuenta de Instagram que los acusados afirman que es de la joven, se difundieran fotos de varios de los acusados y, en otra imagen, se compartiera el siguiente mensaje: “Si me muero ya saben quienes son los responsables y escrachen a muerte”. Las publicaciones fueron realizadas el 20 de julio.
La Fiscalía contestó el escrito de los abogados y, según el documento presentado ante la Justicia al que accedió El Observador, recordaron que la medida cautelar de prohibición está dispuesto en el Código del Proceso Penal para la protección de la víctima y puede adoptarse cuando hay una solicitud fiscal. Por lo tanto, entienden que los abogados de los acusados no tienen derecho a solicitarlo.
Además, argumentaron que no han habido comunicaciones directas entre los acusados y la víctima, y que la denunciante atribuyó las amenazas a un hombre que fue condenado por el caso mediante proceso abreviado el año pasado. Por lo que entienden que "no hay riesgo procesal" y la medida no corresponde.
Pero, sobre todo, hicieron hincapié en que los acusados buscan beneficiarse de esta medida. ¿Por qué? Porque si perdieran el juicio oral y fueran declarados culpables, se les descuenta una pequeña fracción de la pena por cada día que se les fue impuesta una medida cautelar. En el caso de la prohibición de comunicación, se descuenta un día de prisión por cada 10 días en las que se sufrió la medida cautelar.
La Operación Océano está en etapa de control de acusación desde hace más de tres meses. En esta instancia, la Fiscalía y los abogados de víctimas y acusados debaten qué pruebas ingresarán al juicio oral, el que se estima comience el año que viene.
Cuando eso suceda, un juez nuevo, que nunca haya tenido contacto con el caso, deberá evaluar todas las pruebas y definir la suerte de los 11 acusados.
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