Operación Océano: imputado dijo que la víctima decía tener 31 años y publicaba "fotos producidas"

"Actualmente estoy divorciado y una de las vías más utilizadas para vincularme y conocer personas son estas aplicaciones, como Tinder y otras. Conocí una chica en esta aplicación, y con ella estuve enviándome mensajes por Whatsapp, pero nunca concreté cita alguna", dice la carta, según recogió Montevideo Portal.

"Ella aparecía en dicha aplicación figurando con una edad de 31 años, donde además se incorporan fotos ‘producidas' disimulando su verdadera edad. Quiero destacar, además, que la chica declaró en Fiscalía que ella no me conoce, que nunca nos vimos", agrega la misiva.

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La joven a la que hace referencia el hombre es la principal víctima de la histórica investigación de explotación sexual –que hasta el momento involucra a 19 adolescentes–, ya que mantuvo comunicación con muchos de los imputados en la causa. Según ella misma declaró ante el Ministerio Público, usaba al menos dos cédulas de amigas –que eran mujeres adultas– con las que se hacía pasar por mayor de 18 años, y ese es uno de los argumentos de varios abogados de la causa para defender la inocencia de sus clientes.

Susena, al igual que la mayoría de los otros 31 enjuiciados, fue imputado por la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera por haber tenido contacto con al menos una menor de edad con el propósito de tener un encuentro sexual y pagarle a la joven por eso. Algunos de los hombres llegaron a tener relaciones sexuales con una menor, algunos solo negociaron un precio, y otros solo intercambiaron mensajes sin concretar un encuentro, como según dice Susena fue su caso.

Prometer un pago a un menor de por sí constituye el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo, creado por ley en 2004. Es un ilícito que tiene una pena mínima de dos años de cárcel y una máxima de 12, y se trata del cargo imputado a casi todos los 32 involucrados. También lo es mantener una conversación de connotación sexual con un adolescente a través del uso de la tecnología, delito que se castiga con seis meses de prisión a cuatro de penitenciaría.

En su carta, Susena también manifestó su "total y absoluto repudio a la explotación sexual de menores, así como también cualquier otro tipo de perjuicio que se les haga, de la índole que fuera", y que en este sentido dijo que apoya "plenamente" tanto el trabajo de la Justicia hecho hasta el momento como el de la fiscalía, de quien dijo que está "haciendo un gran trabajo".

También recomendó a todos los hombres que se vinculen a través de internet con mujeres "que se aseguren de todas las maneras posibles que la otra persona sea mayor de edad". "Por más que la conozcas en Tinder como mayor de 18 años, o te envíe fotos por Whatsapp (que nunca vas a poder comprobar si son reales) y aunque no tengas motivos aparentes para dudar, igualmente debés asegurarte de ello. De esta manera, habrá menos casos de confusiones como ésta y la Justicia podrá realmente enfocarse en los que realmente cometieron los delitos que todos repudiamos", escribió Susena.

La situación de Susena, y su nivel de involucramiento en el delito, es similar a la de Mikael Bosio, el primero de los imputados en cerrar su caso mediante un proceso abreviado, una de las alternativas que ofrece el Código del Proceso Penal, por el cual los indagados admiten su responsabilidad a cambio de una pena más benevolente.

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Bosio admitió los hechos –porque ello es indispensable para transitar esta vía, que evita el juicio oral–, y fue imputado por retribución o promesa de retribución a menores de edad para mantener actos sexuales. La fiscalía lo acusó además del delito que castiga a quienes entablan contacto virtual con un menor para mantener conversaciones de connotación sexual.

Es que Bosio también se había comunicado por un chat de Tinder con una de las víctimas –menor de edad– y le había ofrecido dinero para tener sexo con ella, lo que no se concretó. 

Allegados al condenado señalaron a El Observador que accedió a los términos del acuerdo porque las pruebas con las que contaba la fiscal Viera eran muy sólidas y “las posibilidades” de obtener una sentencia a favor del indagado eran pocas. Los informantes señalaron que Bosio estaba “resignado”, y que pretendía “terminar esto cuanto antes para procesar el duelo” de lo que le ocurrió. “Asumió que se equivocó y que hizo una estupidez”, agregaron.