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Operación Océano: jueza prorrogó medidas contra imputados pero la mitad del tiempo del pedido por fiscal

Darviña Viera había solicitado que las medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, se extendieran por seis meses, y la magistrada Beatriz Larrieu otorgó en cambio 90 días

La jueza otorgó 90 días de prórrogas para todas las medidas cautelares

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12 de mayo de 2021 a las 14:32

La jueza Beatriz Larrieu prorrogó por 90 días las medidas cautelares contra los 32 imputados del caso Operación Océano, la mitad del tiempo que había solicitado Darviña Viera, la fiscal de la causa por la cual hay 20 víctimas de delitos sexuales, como la promesa de retribución o retribución a menores a cambio de sexo.

Para la mayoría de los indagados, Viera había solicitado a mediados de abril que la prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas –así como la prohibición de salir del país sin previo aviso–, entre otras disposiciones, rigiera por 180 días más, mientras continuaba la investigación. Para el caso del único imputado bajo régimen de arresto domiciliario –un hombre de nacionalidad paraguaya indagado por proxenetismo– la jueza Larrieu entendió que el tiempo solicitado por Viera –tres meses– era el adecuado.

Sin embargo, la jueza solo aceptó como válido el argumento de que la extensión de la vigencia de las medidas era para proteger a las víctimas que se encuentran en "situación de vulnerabilidad", y su protección "tiene como finalidad asegurar su derecho de acceso a la justicia en condiciones adecuadas". Por lo demás, no fue de recibo que los imputados, en libertad, pudieran entorpecer la investigación y, sobre todo, el riesgo de fuga que de acuerdo a Viera existe ya que los indagados "cuentan con facilidades extraordinarias para abandonar el país, teniendo recursos para proceder a la fuga en forma inmediata".

"El fundamento esgrimido respecto de todos los imputados no ha sido justificado ni aún mínimamente", contestó la magistrada, y agregó: "Es decir, la fiscalía no proporcionó información alguna  a esta jueza respecto de la situación económica alegada".

La notificación de la sentencia tiene lugar 24 horas después del fallo por el que Larrieu también concedió la prórroga de la investigación pero también por la mitad del tiempo pedido por Viera: seis meses. Por lo que la fiscal deberá presentar su acusación antes del 13 de noviembre de este año.

Pero en esa sentencia Larrieu marcó además algunas críticas a los alegatos hechos por Viera en algunas de las audiencias. Señaló que, a su juicio, "en distintas oportunidades la fiscalía ha realizado sus planteos en forma poco prolija y sin lograr concretar datos que le eran requeridos", y apuntó también contra la indagatoria de Viera, a la que definió como "desordenada".

Luego, criticó en forma directa que la fiscal mencionara la incidencia de la pandemia por el coronavirus como un motivo de complicación en el avance de la investigación: "No es de recibo invocar la situación de emergencia sanitaria por covid-19 como fundamento de la demora en la investigación, asistiendo razón a los defensores al respecto", opinó la jueza.

Agregó que, salvo algunas semanas de mayo de 2020 y otras de abril de 2021, en que rigió la feria judicial sanitaria, "la actividad judicial se desarrolló en forma normal (…) y la fiscalía pudo desarrollar su investigación sin impedimentos".

Tampoco aceptó Larrieu que entre los "fundamentos de la solicitud de prórroga" Viera expresara "en forma genérica" cuáles son las evidencias que aún falta recolectar y "sin explicar en forma concreta cuáles han sido las diligencias ya realizadas respecto de cada imputado y cuáles los impedimentos para cumplir las que aún están pendientes".

En el fallo también determinó que era "inadmisible que se invoque como justificación la demora en la obtención de testimonios de partida de nacimiento de las víctimas o la no realización de pericias psicológicas o psiquiátricas de los imputados", y cuestionó también que la fiscal reclamara a los imputados que se hayan opuesto a algunas pericias.

Los indagados se negaron a contribuir de esa forma "en su legítimo ejercicio del derecho a no autoincriminarse", dijo Larrieu. "Es decir, la fiscalía no puede constreñir a los imputados a someterse a peritaje y en consecuencia no puede ser este punto justificación para continuar en etapa de investigación, tal como afirman las defensas", sentenció la magistrada.

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