La justicia salvadoreña ordenó la detención de dos generales retirados por su presunta responsabilidad en los asesinatos de más de 200 personas en 1982, durante la guerra civil de los ‘80 y comienzos de los ‘90, en la que el Ejército se enfrentó con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Los arrestos del general José Guillermo García, exministro de Defensa, y del general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, fueron dispuestos por un juzgado de San Sebastián, a 50 kilómetros al este de San Salvador, informó el abogado de familiares de las víctimas de la masacre, David Morales.
García, de 90 años y ministro de Defensa entre 1979 y 1983, se encuentra hospitalizado desde que en octubre de 2022 otra jueza ordenara su detención para responder por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.
Bustillo, de 88 años, fue el comandante de la aviación entre 1979 y 1989 y la Policía no informó aún sobre su detención.
El Juzgado también ordenó el arresto de los coroneles Sigfredo Ochoa Pérez, Domingo Monterrosa y Napoleón Alvarado, pero los tres militares ya fallecieron.
"Las detenciones provisionales representan un paso de esperanza en el avance de la justicia ante este atroz crimen", declaró Morales, uno de los abogados de la agrupación Cristosal, una ONG vinculada a la iglesia anglicana que promueve y defiende los Derechos Humanos y la democracia.
La masacre fue cometida por el batallón contrainsurgente Atlacatl el 22 de agosto de 1982 en el lugar denominado El Calabozo, a orillas del río Amatitán, en el departamento central de San Vicente, según investigaciones de organismos oficiales y la Comisión de la Verdad, creada por la ONU al finalizar la guerra civil.
"Existen pruebas fehacientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia", concluyó en su momento el informe de la ONU.
Las víctimas habían llegado al lugar desde diversas zonas huyendo de un vasto operativo militar antiguerrillero.
Este caso fue reabierto en 2016, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró "inconstitucional" una ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas durante la guerra civil.
El abogado Morales lamentó "la pasividad" con la cual avanzó el proceso, pero aseguró que existe "prueba testimonial altamente relevante" de algunos sobrevivientes.
La guerra civil salvadoreña, que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, finalizó con un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del FMLN en 1992.
(Con información de AFP)
