Otra vez, la Constitución al tacho

¿Será que nuestro gobierno ha cedido sus principios ante lo que pretende imponerse urbi et orbi como políticamente correcto?

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10 de diciembre de 2017 a las 05:00

Entre el 17 y el 25 de noviembre, la Asamblea General de la ONU discutió en Nueva York enmendar algo ya laudado nada menos que en 1948, pero que no satisface a lo que podría llamarse el pensamiento de lo actualmente políticamente correcto y, más aun, a las organizaciones no gubernamentales que se han autoadjudicado el papel de policía de dicho pensamiento, a fin de imponerlo a todos quienes no piensan de igual forma. En esta oportunidad, se quiso relativizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y dejar dicho derecho en manos de los niños que, obviamente, no están capacitados por razones de edad para hacerlo. Entonces, el "estado salvador" vendría a ayudarlos a tomar decisiones sobre su educación y, en especial, sobre su educación moral y sexual.

Se votó en tres oportunidades y el grupo liderado por naciones africanas, más el voto de Estados Unidos, obtuvo la victoria de respetar ese derecho de los padres, consagrado por lo demás en el art. 26. inc. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Al final la votación de 174 naciones dio: 90 países a favor de la enmienda que defiende el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, 76 en contra y 8 abstenciones.

Lo curioso del caso es que casi toda América Latina –incluyendo Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Paraguay y Colombia– y Europa se pronunciaron en contra y quisieron derogar un derecho humano fundamental. Un delegado egipcio resumió la posición de los países de su continente –con excepción de Sudáfrica– y señaló que "la cultura africana respeta los derechos de los padres" y que "Egipto rechaza los intentos de ciertos países de imponer su sistema educativo a otros".

Uruguay, por razones que no conocemos hasta ahora, se plegó al grupo que pretendía restringir ese derecho humano fundamental en la elección de la educación de sus hijos. Con ese voto también fue contra un derecho reconocido en el art. 12, inc. 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en los artículos 5 y 18.1 de la Convención sobre Derechos del Niño. Pero, lo que es aun más grave, fue contra lo dispuesto en nuestra propia Constitución que establece en su art. 41 que "el cuidado y la educación de los hijos, para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres", y en el art. 68 que "Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos pupilos, los maestros o instituciones que desee". Y para más claridad, en el Código Civil, donde se regula la patria potestad, se establece que "los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles" (art. 258). Siendo que los derechos inherentes a la patria potestad solo podrán ser removidos por las causales y los procedimientos previstos en el propio Código Civil.

Por qué razón el gobierno uruguayo decidió desconocer su Constitución, su Código Civil, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Convención de los Derechos del Niño es algo que nos supera por completo. Alguna razón tendrá el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para ordenar que Uruguay votara de esa manera en la ONU. Sería bueno que la diera a conocer porque el soberano merece estar informado de las decisiones de sus gobernantes y más aun cuando ellas tocan derechos fundamentales de la persona, consagrados en declaraciones internacionales y en nuestra propia carta magna.

Con todo, nos parece difícil que haya una razón que amerite llevarse por encima todo ese ordenamiento normativo. Si así fuera, los derechos de los ciudadanos quedarían al arbitrio y a la veleidad de sus gobernantes. Y eso es muy peligroso en un país que desea llamarse y ser una república y que tiene una larga tradición en el ejercicio y respeto de los derechos humanos, habiendo sido uno de sus más fervientes propulsores. ¿Será que nuestro gobierno ha cedido sus principios ante lo que pretende imponerse urbi et orbi como políticamente correcto en materia de educación sexual, llevándose por delante derechos de padres y de niños?

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