Los representantes legales del gobierno tendrán una jornada ajetreada este miércoles 6 de junio debido a dos acciones paralelas que tienen que ver con la normativa sanitaria.
A las 9 horas representantes del gobierno deberán comparecer ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo por requerimiento del juez Alejandro Recarey, quien solicitó que se presente toda la documentación sobre las vacunas de Pfizer.
Pero eso no será todo: sobre las 11:30, un juzgado civil tratará una acción de amparo que presentaron dos mujeres que entienden que el test de covid-19 que se les exige para volver a entrar al país es "discriminatorio".
Según supo El Observador, en el escrito que presentó su abogado, Hoenir Sarthou, exponen que hicieron uso de su legítimo derecho de no vacunarse y que por lo tanto la exigencia de presentar el test –algo que no se requiere en el caso de los vacunados– viola su igualdad ante la ley. A su vez, resaltan que la vacuna no impide el contagio ni la muerte por el virus.
"Si tanto los vacunados como los no vacunados pueden contagiarse y contagiar, y eventualmente fallecer por el virus, establecer tratamientos diferenciales para vacunados y no vacunados carece de sentido y de congruencia con el fin pretendido, constituyéndose en un acto de discriminación que transgrede injustificadamente el principio de igualdad garantizado por la Constitución de la República, en la medida en que se crean categorías arbitrarias y se establecen tratos diferenciales entre personas que pueden padecer y contagiar la misma enfermedad, sin que esas medidas puedan garantizar a unos ni a otros estar a salvo de contagio", alegaron.
Además de solicitar que se revoque esta decisión, piden que se ordene al Ministerio de Salud Pública a que informe sobre la composición real y los posibles efectos de la vacuna que se inocula en Uruguay.
La acción de amparo es contra Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.
Este mediodía se reunieron representantes del gobierno para analizar la respuesta que darán a la solicitud de Recarey. La intimación parte de un proceso de amparo iniciado para suspender la aplicación de estas vacunas en niños.
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