Antes que Uruguay pueda estar en condiciones de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países (fines de 2017 o 2018), deberá “modificar” la ley de acceso del secreto bancario, precisó a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo. Para tributaristas y expertos consultados por El Observador, este no es un tema menor que cambia las reglas de juego actual sobre las cuales venía transitando el país para cumplir con las recomendaciones del Foro de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ortos consideran que es un camino sin marcha atrás.
Para Bonet de Guyer, toda la normativa que se sancionó a partir de 2011, previendo el relevamiento del secreto bancario por la firma de convenios con el exterior, “de alguna manera debe ser ajustada” porque está diseñada para intercambios “caso a caso”, y “previo requerimiento” que prevé que una autoridad uruguaya “controle” la pertinencia de cada pedido de un fisco extranjero.
Por su parte, para el economista Gustavo Licandro, director de Licandro Servicios Financieros, “un mecanismo automático sin las garantía que otorga la participación del Poder Judicial, puede ser tremendamente arbitrario, tanto como arbitrarias sean las administraciones de otros países con aquellos contribuyentes a quienes quieran perjudicar por razones de cualquier tipo”. A su juicio, la OCDE “solo se preocupa por frenar los flujos de capitales hacia las economías emergentes”. En Uruguay pasó del 3% al 6% del PIB en los últimos años, recordó. “Un parte de ese ingreso de capitales proviene de Argentina, buscando seguridad jurídica en nuestro país donde se respeta el derecho de propiedad. Es inocultable el daño que podría causarnos la OCDE, si el flujo de capitales se enlentece por esta razón”, alertó Licandro.
Primer paso
Fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron ayer a El Observador que el compromiso que firmó Uruguay ante la OCDE en Berlín el pasado viernes “no implica abrir las puertas” para que terceros países (como Argentina) soliciten datos a Uruguay, sin necesidad de contar con una orden judicial. “Aún no hay ningún compromiso firme (ante la OCDE) y que sea de inminente aplicación para Uruguay”, precisaron las fuentes. “El compromiso de avanzar en el intercambio automático de información fiscal dependerá de la próxima administración de gobierno”, indicaron.
Asimismo, comentaron que si Argentina “tiene intensiones de avanzar” en un acuerdo de intercambio de información automático con Uruguay, hay que “negociar” un “nuevo tratado” tributario con la vecina orilla, ya que el que está vigente hoy no contempla esa posibilidad. “Esto no es un trámite. Es un proceso complejo”, afirmaron las fuentes del Ejecutivo.
Por otro lado, el director del estudio Ferrere, Andrés Cerisola, dijo ayer a El Observador que Uruguay no puede escapar a la tendencia que se está imponiendo hacia una mayor transparencia. “Era un tema de cuando. El mundo va ineludiblemente en una dirección de mayor transparencia. La única pregunta es cuándo, cómo y de qué forma debe hacerse. Es inocente y cortoplacista pensar que nos podemos aislar de esta ola”, reconoció el experto.
Origen de la norma en crisis de EEUU
El origen del cambio que promueve la OCDE para los intercambio de información automáticos, surgió de ley Fatca (sigla en inglés que significa Foreign Account Tax Compliance Act) que aprobó EEUU tras la crisis financiera de 2008 y que obliga a los bancos y entidades financieras a remitir información a ese país sobre las cuentas de clientes e inversores estadounidenses. “Esto funciona como una especie de intercambio de información automática que opera a favor de un país. Lo que firmó Uruguay en Berlín va en esa línea”, explicó Bonet de Guyer & Regules.
