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Para los vecinos el Parlamento "se lava las manos"

Las personas que viven en el edificio que es propiedad del Palacio Legislativo quieren irse cuanto antes

28 de noviembre 2013 - 10:14hs

Por  Paula Barquet

Marta tiene su casa lo mejor que puede. De vez en cuando suelta el bastón y pasa una escoba. En la cocina hay olor a agua jane. Sobre la mesa del comedor, además de un catálogo de muebles, tiene un jazmín en un vaso con agua. Los adornos y las fotos encuadradas conviven con las humedades de las paredes.

Cuando llueve, a las viviendas de arriba se les tapan los caños y a ella le cae agua, materia fecal y orina. La última vez se le inundó todo, al punto que debió dormir en el “cuarto chico” que antes era de su hija. Aunque no le gusta “molestar”, decidió que esa vez lo ameritaba. Caminó una cuadra, cruzó avenida de las Leyes y fue a golpear las puertas de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo: los verdaderos dueños de su casa. Allí no la atendieron porque estaban ocupados. No le quedó otra que limpiar y secar, con ayuda de su hija.

Marta no sabe responder por qué en el Parlamento deberían ayudarla. Aunque sabe que el espacio que ocupa hace 41 años no es suyo, lo siente como tal. “Necesito que vean cómo estoy. No puedo vivir en estas condiciones. Quería consultar, porque yo no puedo pagar un sanitario”, dice, y llora. Cuenta que la tratan seis médicos porque tiene asma, diabetes y parkinson. “Tengo derecho a una vivienda por enfermedad. No puedo seguir así”.

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A su lado, Rosalba, su vecina, asiente compulsivamente. Entiende que en el Poder Legislativo “se lavan las manos” ante las condiciones “pésimas” en las que viven los cerca de 100 ocupantes. Ella está sola y tiene un hijo de 40 años con una discapacidad mental. “Necesitamos sí o sí un techo”, advierte.

Marta y Rosalba, como muchos otros ocupantes, conocen los nombres de los integrantes de la Comisión Administrativa del Parlamento y de las asistentes sociales de la intendencia que han ido a visitarlos más de una vez. Lo último que supieron fue que el trámite de su posible realojo –algo que a algunos les vienen prometiendo desde 1995– depende ahora del Legislativo. Ignoran que allí se está negociando una solución para ellas y que seguramente sean dueñas de una vivienda en unos meses.

El edificio que ocupa una manzana entera entre las calles Fernández Crespo, Madrid y avenida de las Leyes, estaba vacío cuando los primeros ocupantes llegaron hace 40 años. Algunos hablan de un tal coronel Ortiz, que “consiguió las llaves”. Hoy es un laberinto de viviendas improvisadas en habitaciones y pasillos, con techos y paredes agregadas y con cortinas que hacen de puertas. Aún persisten escaleras y baños de la vieja estructura.

Donde vive Fanny con su pareja Diego y tres de sus cuatro hijos no quedó ni siquiera el techo. Ellos y otras tres familias ocuparon un terreno que era parte del edificio pero que en un momento la Policía “quemó”, según cuentan, porque se había convertido en boca de pasta base. Allí las tres familias armaron ranchos de madera y cartón al costado de una montaña de basura que cuando llueve se derrumba y los invade. Es basura que se acumula desde hace años con el aporte de vecinos “que no quieren ir a la volqueta”, dice Fanny.

La vida de esta mujer de unos 30 años está repleta de las peores realidades de la pobreza: violencia doméstica, calle, refugios, un hijo en el INAU, un compañero preso. No trabaja porque alguien tiene que llevar cada mañana a su hija más chica, de 3 años, al CAIF.

Su historia también refleja una característica del edificio que el Parlamento quiere convertir en estacionamiento, y es el paso de la vivienda de generación en generación. Ella lo heredó de su padre, que 15 años atrás pagó a otro ocupante $ 7.000 por morar allí.

Entre los ocupantes hay decenas de adultos mayores de 60 años, que fueron a parar allí porque sus padres “compraron” esas viviendas. La familia Álvez, por ejemplo, llegó de Salto porque la vida en la chacra era “pobre”, cuenta Camilo, y vinieron a “mejorar” a Montevideo. Él y cuatro de sus hermanos viven hoy en distintos ambientes de ese edificio. Algunos de sus hijos se fueron a probar suerte a España. La única representante de la tercera generación en el complejo tiene 38 años y padece síndrome de Down.

Daniela, de 29 años, llegó hace seis y es una de las más nuevas allí. En su casa, con dos perros, la moto, la bombacha colgando de la puerta y los huevos fritos a medio hacer, asegura que su idea es terminar los estudios, mudarse y ayudar a su madre. Mientras no sale el realojo –dice–, conseguirá plata para dar una mano de pintura antes de Navidad. l



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