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15 de febrero 2013 - 21:18hs

La intención del Poder Ejecutivo de aumentar otros tributos en reemplazo del impuesto a la tierra no solo reitera una mala práctica recaudadora. Soslaya además la división de poderes en que se basa toda democracia digna de tal nombre al dar la espalda en la práctica a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Ya ocurrió bajo la administración Vázquez, cuando el máximo tribunal declaró inconstitucional un aumento del impuesto a la renta que castigaba a los jubilados. La respuesta oficial fue crear otro tributo, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, cuestionado también por inconstitucional, validado en 2009, pero sujeto ahora a nuevos recursos ante la Corte.

Algo parecido está ocurriendo con el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), un favorito del presidente José Mujica para combatir la concentración de propiedad de la tierra, pero que la Corte ya ha resuelto declarar inconstitucional. Pero el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, adelantó que “ya hay alternativas previstas” para obtener por otro lado los US$ 60 millones anuales que se pensaba recaudar con el ICIR. Incluyen subir los impuestos al Patrimonio Rural y la Contribución Inmobiliaria, así como extender a los dueños de más de 2.000 hectáreas de campo el desmesurado Impuesto de Primaria.

El ICIR fue creado por ley a fines del 2011, pese a la fundada oposición del vicepresidente Danilo Astori, del equipo económico y del ministro del área, Tabaré Aguerre, porque desalentaría la inversión y la actividad en un sector que es motor de la producción exportable. Igualmente lo sacó adelante Mujica, para caer ahora por decisión de la Corte en los casos en que ha sido impugnado. En lo formal, el gobierno acepta los fallos de ese tribunal. En la práctica les saca el cuerpo al recurrir a otros mecanismos para gravar a los contribuyentes con nuevos impuestos.

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Es encomiable y necesario el objetivo de mejorar la pobre caminería rural del país y otros aspectos de infraestructura en el interior. Pero su financiación no debe salir de nuevos o más impuestos sino del correcto manejo de los ingresos fiscales, requerimiento en el que los dos gobiernos del Frente Amplio han claudicado notoriamente al volcar generosas partidas presupuestales sin contrapartidas visibles y sin buena gestión. Es improcedente, en cambio, echar mano a recursos expeditivos que aumentan la pesada carga tributaria del 30% del Producto Interno Bruto que ya soporta la población.

El presidente Mujica anunció, ante la resolución de la Corte, que propiciará una reforma constitucional para que paguen más quienes más ganan. Su argumento tiene endeble base económica porque las empresas o personas que obtienen mayores réditos en sus negocios ya pagan más por la incidencia porcentual del sistema tributario en los volúmenes de ingresos. Pero además, tiene endeble base legal, ya que no es necesario modificar la Constitución sino pensar bien y redactar prolijamente los impuestos que se quieren introducir. El gobierno no puede actuar con tanta desprolijidad en la elaboración de las leyes, más allá de su contenido. Por ahora debe respetar el fallo, y si insiste en gravar la concentración de la tierra, debe tener en cuenta el marco normativo vigente y adoptar medidas compatibles con el mismo. En materia de creación de impuestos es preciso andar con prudencia, y eso es lo que le faltó al Poder Ejecutivo. Y no sin aviso dentro de sus propias filas.

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