Daniel Espinosa, el director de la Secretaría Antilavado, dijo que la normativa que combate el flujo ilegal de dinero tiene “los mejores niveles internacionales”, pese a que la banca y los mercados de Uruguay son apuntados por la Justicia argentina como uno de los destinos de las coimas de la obra pública que cobraron exfuncionarios kirchneristas, según se desprende de la causa de los cuadernos de la corrupción que se lleva adelante en Buenos Aires.
Pero “eso no quiere decir que no pasen cosas”, dijo el jerarca en entrevista con Informativo Carve esta mañana. “En todo el mundo se lava”, justificó, al referirse a los ciudadanos turco y uruguayo que admitieron ante el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco haber ingresado a la banca nacional US$ 8 millones, provenientes de una estafa internacional a través de un juego digital que prometía alta rentabilidad a los participantes.
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Hasta el momento, Pacheco determinó que los imputados, que negocian con el fiscal un juicio abreviado para obtener una pena menor, compraron seis camiones, un yate, una mansión en la Marina de Santa Lucía, un predio en la Laguna del Sauce y un Ferrari 458 Spider blanco, todo con parte del dinero que robaron a al menos 80 mil personas que se involucraron en la aplicación Citflik Bank –una granja virtual en que los usuarios comercializaban con ganado ficticio.
“No podemos pensar que por tener buenas normas antilavado vamos a evitar todas las operaciones. Eso es imposible”, afirmó el jerarca, y agregó que “esto de los turcos puede pasar", porque la banda de estafadores utilizó una compañía legal, lo cual hizo "muy difícil" que pudiera ser sospechosa para las autoridades. En efecto, la firma desde la cual hicieron esas transacciones funcionaba en Maldonado como una empresa de distribución de material de construcción. Uno de sus clientes, por ejemplo, fue la Torre Trump de Punta del Este, a la que proveyó de mobiliario.
De todos modos, Espinosa destacó que en los últimos años Uruguay ha fortalecido los elementos para combatir el lavado de activos. Se remitió a 2013, cuando “todo el sector financiero reportó cuarto operaciones sospechosas”, en contraste con la actividad que tuvo el organismo en 2017: el año pasado se detectaron 150 operaciones de lavado, el 27% de los reportes elaborados por el Banco Central. Eso se debió a una mayor dotación de recursos que otorgó el Poder Ejecutivo en 2015. “Se nota una mejora, pero igual nos falta mucho para llegar al ideal”, dijo Espinosa.
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