Juan Miguel Petit

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Petit cuestionó proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años y recomendó rechazarlo

El comisionado parlamentario se manifestó en contra de la iniciativa propuesta por Cabildo Abierto al entender que se aboca a un sector específico de la población y excluye a otros
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23 de noviembre de 2021 a las 18:15

El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, rechazó este martes el proyecto presentado por Cabildo Abierto que propone la prisión domiciliaria preceptiva para las personas mayores de 65 años que están presas.

Petit subrayó en rueda de prensa que la iniciativa tiene "demasiadas deficiencias" técnicas como para ser aprobada y es por esa razón que recomendó no apoyarla. "No se puede establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para un determinado grupo de población. Eso tiene que ser resuelto caso a caso. Al hacerlo con un automatismo de que sea obligatorio para el juez se rompe con toda la lógica del Código de Proceso Penal (CPP), que al país le costó décadas superar", dijo ante los periodistas.

Entre los puntos que destacó el funcionario para argumentar que el proyecto está, a su juicio, "mal fundamentado", hizo hincapié en la normativa existente en la legislación uruguaya para determinadas personas que, por sus circunstancias, sea conveniente tenerlas fuera de la cárcel, según determine la Justicia. "El CPP ya tiene todos los mecanismos para que personas por sus circunstancias familiares o sociales, por su estado de salud o inclusive por su edad, como los mayores de 70 años. La normativa nuestra ya prevé la posibilidad de que cuando haya una persona que esté con condiciones para las cuales la presencia en la cárcel sea contradictoria con la dignidad humana pueda ser derivada a otro régimen", explicó.

El beneficio a exmilitares

La iniciativa presentada por Cabildo Abierto para otorgarle prisión domiciliaria en forma preceptiva a los presos mayores de 65 años sigue generando controversia entre las distintas filas partidarias. Pese a que en el texto no se hace una referencia explícita, de aprobarse, beneficiará en forma directa a un grupo en particular: los condenados por delitos vinculados a su accionar durante la represión y la última dictadura cívico-militar. 

El argumento de los dirigidos por Guido Manini Ríos es que es necesario proteger del covid-19 a este grupo etario, considerado el de máximo riesgo. "Acá no es solo el preso, sino la familia que lo va a visitar, que tiene que estar haciendo cola y en aglomeraciones de gente", argumentó Manini semanas atrás a radio Universal. "Generalmente la señora de un preso de 65 o 70 años es de la misma edad y es gente mayor que tiene que estar penando para la visita, afirmó, y agregó que la propuesta "incluye a los presos de Domingo Arena, porque es para todo el sistema carcelario”.

Si bien nadie en Uruguay está condenado por delitos de lesa humanidad creados en 2006 porque los tribunales en su mayoría han entendido que la ley penal no es retroactiva, los militares que se podrían beneficiar de la prisión domiciliaria han sido procesados y condenados por homicidios especialmente agravados cometidos durante la dictadura (hace más de 20 años).

El texto deja afuera del régimen especial a los que cometieron violación, homicidio agravado (salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito) y los crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley. Esas excepciones hacen entrar a todos los represores que están recluidos en Domingo Arena. 

 

 

 

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