El senador del Partido Nacional Carlos Camy presentó un proyecto de ley para prorrogar por tercera vez la obligatoriedad de declarar las armas de fuego o municiones, y atribuyó la necesidad de "concientización" para que la sociedad cumpla el "proceso" en un tema "delicado". Hoy la tenencia o porte de un arma sin registro constituye un delito, previsto en el artículo 152 del Código Penal.
Cuando el Parlamento vuelva a su actividad y, en caso de que aprobase la iniciativa, sea cual sea la fecha, la ley entrará en vigencia con fecha 5 de enero de 2022, de acuerdo al texto.
El objetivo es que quienes ya tengan armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria, regularicen su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para ese fin.
Se insta a la población a entregar de forma ese tipo de materiales, sin que deba justificarse su procedencia. Luego serán derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ejército para su destrucción.
"Hay coincidencia en el sistema político de que estos temas son muy delicados y requieren de un proceso largo de concientización, también existe la idea generalizada que la aplicación de la norma es un proceso lento y no exento de inconvenientes técnicos a la hora de su aplicación", argumentó Camy en el escrito, presentado en diciembre de 2021.
En agosto de 2014 la ley 19.247 reguló la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones, y encomendó al Poder Ejecutivo a su reglamentación, hecho que ocurrió en diciembre de 2016.
Además, señaló sobre la "efectividad del programa" para regularizar las armas, "saliendo al interior del país". Eso "está dando sus frutos" y es oportuna su extensión, considera el legislador.
Extender la fecha al 2025 permitirá "que más ciudadanos puedan de forma voluntaria y ordenada, entregar aquel armamento viejo o en desuso que muchas veces ocasiona más problemas que soluciones", añade el proyecto.
