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PIT-CNT volvió a cuestionar decisiones judiciales vinculadas a la protesta en la Suprema Corte en 2013
El PIT-CNT volvió a arremeter contra la condena a seis manifestantes que el 15 de febrero del 2013 protestaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el traslado desde el ámbito penal a la órbita civil de la exjueza Mariana Mota, quien estaba entonces encargada de más de 50 expedientes relacionados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
La central sindical aprobó por unanimidad una moción en su reciente congreso en la que expresó su "solidaridad con los compañeros condenados" por movilizarse ante el traslado de la exmagistrada que "llevaba causas contra represores que violaron los derechos humanos de nuestro pueblo". El texto fue impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos del Secretariado Ejecutivo saliente.
"Este dictamen atenta contra el derecho a la protesta y pretende criminalizar la lucha popular y en particular la lucha contra la impunidad", embistió el PIT-CNT. La manifestación llevó a que la jueza Ana de Salterain condenara con 24 meses de prisión por delito de atentado especialmente agravado en calidad de autores a Irma Leites –fundadora de la Plenaria Memoria y Justicia–, el extupamaro Jorge Zabalza y el activista Álvaro Jaume.
La magistrada pidió además ocho meses de prisión en calidad de cómplices para Diego Jaume, Eduardo Jaume y Aníbal Varela, dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).
"No es casual que este procesamiento se haya desarchivado nada menos que a ocho años de la protesta en la SCJ. Busca reinstalar la teoría de los dos demonios, ambientando planteos como la prisión domiciliaria a los represores presos, que implica en los hechos su liberación", pronunció la central sindical, en alusión al proyecto de ley de Cabildo Abierto para dar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, lo que alcanzaría a prisioneros que están hoy en la cárcel de Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura.
En este sentido, la central repudió la iniciativa legislativa, rechazó "la criminalización de la protesta" y reclamó el "el cese de la persecusión contra los compañeros que están siendo perseguidos por ejercer sus derecho a la protesta". "¡Ningún preso por luchar! ¡Abajo la impunidad! ¡Contra toda criminalización de las luchas y protestas!", concluyó la declaración del PIT-CNT, en línea con los pronunciamientos que también hicieron Crysol –asociación de expresos políticos– y la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
La central ya se había manifestado en el mismo sentido en 2013, cuando se habían determinado los siete procesamientos. “Es verdad que se entró a un edificio público, pero fue una protesta pacífica, donde solo hubo empujoncitos”, dijo a El Observador en aquella fecha el entonces dirigente sindical Fernando Pereira, quien advirtió que la resolución judicial constituía un “exceso del Poder Judicial”. “Es un paso atrás en el derecho de protestar”, zanjó.
