20 de octubre 2015 - 5:00hs

Un vecino del Prado vio pasar el auto que le habían robado hace un año y medio y llamó inmediatamente a la Policía. Un patrullero logró interceptar el vehículo y lo incautó. Uno de los policías que participó del operativo les dejó en claro las reglas de juego a sus ocupantes: como los dos implicados tenían antecedentes penales, tenían que entregar los $ 6.000 que llevaban en el auto y otros $ 10 mil si querían recuperar el auto y evitar la cárcel. Al día siguiente, el viernes pasado, los dos hombres cumplieron el pedido y llevaron el dinero a la Zona Operacional I, ubicada en la calle Magallanes entre Paysandú y Cerro Largo, pero el que terminó preso fue el policía, informaron fuentes del caso a El Observador.

Los dos hombres que iban en el auto firmaron la constancia de que les habían devuelto los $ 6.000, a pesar de que se fueron con los bolsillos vacíos. El vehículo quedó incautado supuestamente para que la Policía verificara si era el que le habían robado al denunciante.

Ante la duda de si les convenía pagar la coima o no, los hombres resolvieron consultar a la abogada Verónica Carneiro, que les recomendó denunciar el hecho ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Allí, tramaron la cama: los hombres le pagarían $ 10 mil al agente con billetes marcados y recuperarían el vehículo. La maniobra se ejecutó a la perfección y Asuntos Internos capturó al policía corrupto con los billetes en el bolsillo.

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Eso no fue todo. El policía, uno de los encargado del carcelaje en la Zona Operacional I, además de su arma de reglamento tenía una pistola con los números de identificación limados dentro de la dependencia policial. A pedido del fiscal Enrique Rodríguez, el juez Gabriel Ohanián lo procesó con prisión por concusión (cobro de coimas) y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos. El auto fue devuelto a los detenidos por no coincidir con el vehículo robado.

Dos indicios

El cobro de coima y el uso de armas alteradas por parte de la Policía no son un hecho aislado. Basta recordar dos casos recientes.

Un subcomisario y dos sargentos de la Seccional Tercera fueron procesados con prisión en febrero de 2012 y condenados en julio de este año por cobro de coimas. Un empresario tenía en su comercio cigarrillos en infracción aduanera y un exempleado denunció que los había ingresado al país por contrabando. La Justicia ordenó allanar el local y la casa del empresario. Los tres policías realizaron el operativo e incautaron los cigarrillos, pero además le ofrecieron una alternativa al comerciante: si les daba US$ 5.000, quedaba libre y recuperaba la mercancía. Asuntos Internos tendió la cama y verificó el pago de la coima.

Por otra parte, el arma con la numeración limada en poder del agente procesado recuerda al homicidio de Sergio Lemos, de 19 años, el 4 de noviembre de 2013 por gatillo fácil. El policía que lo ejecutó de tres tiros por la espalda declaró en el juzgado que el joven le había disparado primero. Pero era mentira. Lemos no iba armado, a pesar de que junto a su cadáver los policías encontraron un arma. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo días más tarde que el arma había sido "plantada" por los agentes.

Denuncia de detenidos en Codicen

El procesamiento recuerda a la denuncia presentada por los 12 detenidos el 22 de setiembre fuera de la sede del Codicen durante un enfrentamiento con la Guardia Republicana, porque pasaron la noche en la Zona Operacional I, donde el policía corrupto era uno de los encargados del carcelaje. Allí, según sus declaraciones, fueron obligados a desnudarse y no recibieron asistencia médica, a pesar de que varios estaban heridos. Entre los denunciantes está el presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, Emiliano Mandacen.
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