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Policías dicen que aumento salarial es una "tomada de pelo" y una "migaja risueña"
Bajo la consigna de que "no hay respaldo sin salario", la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) se movilizará el próximo jueves ante el Palacio Legislativo, en rechazo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas. La concentración, programada para llegar frente al Edificio Anexo del Parlamento, pretende transmitir un reclamo masivo de esos funcionarios ante una pauta que consideran absolutamente insuficiente.
Así se lo dijo a El Observador el dirigente de la unión Luis Clavijo. La USIP entregó en unas últimas horas a los legisladores un análisis del mensaje presupuestal, en el que se critica en duros términos lo previsto por el Ministerio del Interior en el articulado.
Ese estudio aparece refrendado por varias gremiales vinculadas a la actividad policial. Entre ellas el Sindicato Único de Policiales del Uruguay (SUPU), el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), el Sindicato de Policías de Maldonado (Sipolma), la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi) y la Asociación de Funcionarios de Migraciones (Afumigra).
El análisis cuestionó específicamente el incremento salarial definido por el gobierno en el mensaje presupuestal. Por el artículo 90 se asigna allí una partida de $ 650 millones, incluidos aguinaldo y cargas legales, a los afectos de incrementar las asignaciones salariales.
Lo que critican los funcionarios es que la forma de distribuir vaya a determinarse por una reglamentación a definir por el propio Poder Ejecutivo. "Nos preocupa e interpela", señalan los sindicatos, "si se tiene presente que el espíritu viene siendo favorecer a los altos mandos". Allí, el pedido es concreto: un aumento salarial "digno" atendiendo especialmente al personal perteneciente a la escala básica, que sigue siendo la más sumergida.
Durante el último gobierno del Frente Amplio, el salario de un comisario mayor se incrementó 79%. En los grados inferiores, el promedio fue de 35%.
Según los cálculos de los sindicatos, la partida prevista daría simplemente para un aumento promedio de $ 1.500 para cada policía, lo que en el salario de un agente representaría un alza de 2,8%. "Con el mayor de los respetos, es una vergüenza y una tomada de pelo lo que se está haciendo con los trabajadores policiales" se afirma, al rebatir las afirmaciones del ministerio de que se trata de un "aumento importante".
El informe subraya que, entre 2016 y 2022, el salario policial se incrementó 51,23%. Hasta 2020, el aumento coincidió con la evolución de IPC. Sin embargo, en los últimos dos años ha sido inferior a ese índice, lo que derivó en la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en un promedio de 6% en total. A esta altura del gobierno, se remarca, la pérdida salarial suma ya 8%.
"Los salarios de los trabajadores policiales no hacen más que sumergirse en medio de la pospandemia, de toda la inflación y de los aumentos de costos que atraviesa el país", se asegura. "El sector atraviesa una situación preocupante, y en esta Rendición de Cuentas se pretende darnos a los policías esta migaja risueña, que ni siquiera alcanza o cubre la mitad del porcentaje de la pérdida salarial que afrontamos".
El informe se detiene a su vez en varios artículos que establecen aumentos, compensaciones especiales y creación de cargos de confianza y alta jerarquía. Así, se afirma, se continúa acentuando la brecha salarial. "Si hay necesidad de ahorro, que no sea siempre por los de abajo", se señala.
Los sindicatos cuestionan también el artículo 98 de la Rendición de Cuentas. Allí se prevé que ya no será preceptivo el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los sumarios administrativos ante ineptitud física o psíquica de los policías. Se trata, afirman, de una medida que se agrega a otros recientes cambios normativos que les quita "derechos y garantías". Por ejemplo, reduciendo a de tres años a un año y medio la duración del subsidio por incapacidad parcial, por debajo del resto de trabajadores públicos y privados.
Por otra parte se critica el artículo 13, por no excluir a los funcionarios policiales en la disposición de descontar los tres primeros días que un funcionario público esté bajo certificación médica.
También se apunta al artículo 104, que establece una única circunscripción nacional para los ascensos en la escala de oficiales del subescalafón administrativo. Una modificación que, a juicio de los funcionarios, no puede hacerse sin un estudio previo y exhaustivo. "Requerimos la revisión de la cerrera funcional a través de una ley especial y con previa discusión bipartita", piden.
Los sindicatos policiales reclaman a su vez que el Hospital Policial deje de prestar asistencia en salud a las personas privadas de libertad, y que en ese sentido se les deje de descontar a los funcionarios un porcentaje de su salario para financiar esa atención. "Ni una sola cárcel puede estar cubierta con recursos producto de los dineros que se les descuentan a los trabajadores policiales", se afirma. En ese sentido, esta Rendición de Cuentas dispone el pasaje de los presos de Montevideo y Canelones a la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
