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¿Por qué son sancionados los fiscales? En cuatro años hubo 11 penalizados
Los fiscales son los encargados de investigar los delitos en todo el territorio nacional, pero puertas adentro del Ministerio Público a ellos también los rigen normas especiales por su calidad de tales. Sus obligaciones están detalladas en la ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación (n° 19.483) que fue una de las innovaciones introducidas en 2017, además del nuevo Código del Proceso Penal, que les dio aún más protagonismo. El encargado de hacer cumplir las normas es la Fiscalía de Corte, que entre 2017 y a fines de noviembre del 2021, inició 23 sumarios y cuatro investigaciones.
En el mismo período, se destituyó a dos fiscales debido a problemas de salud que les impedían ejercer el cargo. Ocurrieron en 2018 y 2019. La fiscalía, amparándose en el artículo 12 de la ley de regulación de licencias de los funcionarios públicos (n° 16104), los separó del cargo. La legislación manifiesta que "las licencias por enfermedad, cualquiera sea su modalidad, que superen los treinta días en un período de doce meses o los cincuenta días en un período de veinticuatro meses deberán ser comunicadas al jerarca de la unidad ejecutora" y posteriormente sometidas a revisión por el Ministerio de Salud Pública o las mutualistas. Luego de ello y del estado de salud del paciente se evalúa si puede seguir trabajando.
Los dos casos se trataron de licencias que se fueron renovando y, una vez que superaron los dos años, se los removió del cargo.
En estos cinco años la Fiscalía de Corte detectó también "graves omisiones", comisión de "errores inexcusables" e incumplimientos que terminaron en retenciones de sueldos, amonestaciones y suspensiones del ejercicio del cargo.
El año en el que se persiguieron más irregularidades puertas adentro de la Fiscalía fue en 2020, cuando se iniciaron nueve sumarios y dos investigaciones. Se investigó ausentismo, incumplimiento reiterado de tareas y "grave omisión en el desempeño del cargo". Según la ley orgánica de la Fiscalía, la grave omisión supone "el incumplimiento contumaz de las obligaciones funcionales; cualquier conducta en el ejercicio del cargo que afecte el buen nombre o el prestigio de la institución; acciones u omisiones en el ejercicio del cargo, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público; ejercer el cargo con abuso de autoridad; ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en el cumplimiento de sus funciones".
En esa instancia se pudo probar el error en la aplicación del acuerdo reparatorio, incumpliendo así la ley. El fiscal en cuestión incumplió instrucciones generales de la Fiscalía vinculadas al deber de información a las víctimas y cometió irregularidades "que afectaron el buen nombre y el prestigio de la institución, como acusaciones a colegas y otros miembros de su equipo", informaron desde el departamento de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación en respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó El Observador. En esa oportunidad se suspendió al funcionario por 30 días sin goce de sueldo.
En 2019 hubo siete sumarios, dos de ellos a un mismo fiscal. Se detectaron "graves omisiones en el desempeño del cargo", se dictaminó "cometiendo un error inexcusable" y se violaron las Instrucciones Generales (reglas de funcionamiento de la Fiscalía). Según supo El Observador, uno de los casos en cuestión fue el de una fiscal adjunta especializada que había solicitado que alguien ingresara como requerido (detenido) y no había orden judicial para hacerlo.
En 2017 hubo tres sumarios y una investigación que tuvo como resultado la sanción a un funcionario por incumplir el deber de residencia, lo que es considerado una falta grave. Se lo suspendió por diez días. En 2018 se abrieron dos sumarios (a uno de los involucrados ya se lo había sumariado el año anterior) y ocurrió la destitución por ineptitud física. Hasta el 9 de diciembre, la Fiscalía registraba una investigación y dos sumarios (uno a un funcionario que había sido sumariado en 2020), que aún se encontraban en trámite.
La investigación en curso recaía sobre la fiscal de Río Branco, Bettina Ramos, a la que se la indagó por acoso laboral, extravío de documentación y el pase en comisión de la Intendencia de Cerro Largo a la fiscalía. El 10 de diciembre fue absuelta, aunque desde la institución aguardan por la resolución de la investigación penal que indaga, entre otras cosas, su presunta decisión de no perseguir casos de narcotráfico. No descartan tomar acciones preventivas.
La Asociación de Fiscales y la advertencia de no cobrar al grito
Willian Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, sostuvo que han debatido en la interna del gremio si las investigaciones se estaban realizando "de la forma debida" y con todas las garantías.
"Hubo algún chisporroteo por el mecanismo de pedidos de informes o el inicio de la investigación administrativa solo por trascendidos de prensa. Ha habido investigaciones por un trascendido de prensa que dice tal cosa y a partir de ahí se publicita por parte de la Fiscalía que se hace una investigación administrativa y eso repercute en el funcionario porque se lo expone al escarnio público con cosas que no están verificadas. Y si se archiva, no hay tanta resonancia como el inicio de la investigación", detalló Rosa a El Observador.
Puntualmente, citó la investigación a la exfiscal de la Operación Océano, Darviña Viera, cuando fue denunciada por la abogada defensora Cecilia Salom por considerar que en entrevista para el libro que escribió César Bianchi la fiscal había tenido "declaraciones inapropiadas". También, el caso de la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, quien fue investigada por archivar el caso contra el intendente de Colonia, Carlos Moreira, por los audios en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo. En ambas ocasiones, el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió archivar las investigaciones.
