Presencialidad en BPS por atraso de trámites derivó en denuncia del sindicato ante Salud Pública y Trabajo

Esta medida la tomó la gerencia general para disminuir los tiempos de espera que los usuarios se enfrentan cuando se agendan para un trámite que, para algunas prestaciones, tenían demoras de hasta seis meses.

El miércoles 3 de marzo a la hora 17.35, los funcionarios recibieron la comunicación de que debían reintegrarse al día siguiente. “Esto es una irregularidad total”, dijo el presidente de ATSS, José Luis Giménez, a El Observador. Los representantes de los funcionarios creen que la resolución del organismo va contra de la medida tomada por el Poder Ejecutivo, que exhortó el teletrabajo en las oficinas públicas como medida para evitar la propagación del coronavirus.

En el comunicado que la gerencia general les envió a los trabajadores los “nuevos lineamientos de organización y funcionamiento de los servicios”. Las directivas enviadas establecían que la atención al público tendría 100% de presencialidad y los gerentes de los servicios serían los responsables de que las agendas tengan “disponibilidad de 30 días corridos a partir de cada día”.

En la nota enviada al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud Pública se advierte que esta medida fue “inconsulta con los trabajadores” y va en “contramarcha” del aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas en Uruguay, que provocaron que Uruguay regrese a la zona de riesgo roja.

ATTS solicita en la carta una inspección que releve los espacios físicos donde se realizan estas actividades presenciales, como “verificar aforos, distancias y demás medidas tendientes a mitigar el contagio”. La misma solicitud fue realizada a la Dirección de Salud del Ministerio de Salud Pública.

El sindicato pretende que la atención no sea 100% presencial y uno de sus argumentos es que los funcionarios deben atender a poblaciones de riesgo al covid-19, como los mayores de 65 años o personas con comorbilidades.

ATTS adjudicó estos retrasos al "vaciamiento de puestos" que hay en el BPS y que, según expresaron en un comunicado, el sindicato viene "denunciando desde hace años" y los funcionarios están "desbordados". 

El BPS apostó que los trámites se realicen a través de internet, una opción que ofrece el organismo y que tomó impuso durante la emergencia sanitaria del coronavirus, un punto que también fue criticado por el sindicato porque entienden que en la propuesta de la "utilización de los servicios web" no se considera que es la misma cantidad de funcionarios que tiene que hacer "frente a las nuevas solicitudes". 

El retraso en el trámite había sido constatado en un informe de la gerencia Gestión de Prestaciones del BPS. El informe constató que la solicitud de jubilación era el trámite que menos disponibilidad tenía y recién había fecha para agosto.

Después de las decisiones que tomó el Directorio, los tiempos de espera bajaron y había disponibilidad para abril.

Quiebre

El sindicato resolvió convocar a un paro el pasado 5 de marzo, como medida para expresar su “más absoluto rechazo” a la resolución, según se expresa en un comunicado de ATSS. Giménez comentó que hacer paro no es una medida que les “guste” a los representantes de los trabajadores: “Le ahorramos plata al gobierno”, argumentó.

En ese documento, el sindicato critica que desde que asumió el Directorio del BPS, encabezado por Hugo Odizzio, “ha actuado de forma unilateral, ignorando deliberadamente los ámbitos de negociación colectiva”.

“Hemos intentado continuamente lograr un diálogo", expresan los funcionarios, y aseguran que en “todas las ocasiones” fueron ignorados.

Con la única directora política que en las últimas semanas se reunieron fue con Daniela Barindelli, la jerarca que proviene del sector Ciudadanos, del Partido Colorado. El diálogo tampoco se cortó con los directores sociales. Ramón Ruíz, representante de los trabajadores, considera que la decisión de la presencialidad debe ser evaluada en función "de la situación sanitaria del país". 

La relación entre los directores y los funcionarios se fue desgastando por una serie de resoluciones del organismo. Uno de los reclamos está relacionado con la “falta de personal” y el recorte del 40% de las pasantías.

El cierre del jardín maternal –al que asistían los hijos de los funcionarios del edificio central– fue otra de las resoluciones que aumentó la tensión. En este caso se creó una decisión bipartita entre los trabajadores y los directores Daniel Graffigna y Araceli Desiderio.

En las negociaciones, el BPS le ofreció $ 7 millones y el local del jardín maternal al sindicato para que siga abierto administrado por ATSS, pero tenían solo unos meses para comenzar la gestión y permaneció cerrado.

El diálogo entre ATSS y los responsables del organismo está a cargo de la subgerenta general, del prosecretario del Directorio y del gerente de Recursos Humanos, informó a El Observador una fuente del instituto.

De acuerdo con el relato de Giménez, el diálogo se cortó porque los directores políticos se sintieron “agraviados”.