Pocas promesas de campaña de Luis Lacalle Pou resonaron tanto entre sus votantes como la de realizar auditorías “en cada lugar del Estado”. Tras 15 años de gestión frenteamplista, los dirigentes y simpatizantes de la coalición multicolor ansiaban el momento de “abrir los cajones” en cada repartición y sacar a relucir todos los “trapitos sucios” de la izquierda.
Durante el primer año de gobierno, las primeras auditorías difundidas por las autoridades –que detectaron “desidia y poco apego al buen manejo de los dineros públicos”– dejaron “gusto a poco” entre varios integrantes del oficialismo, y desde el Frente Amplio no se las consideró más que una “cortina de humo”.
Las investigaciones, sin embargo, no se quedaron ahí. Y ahora, a más de un año del cambio de mando, con varias de ellas ya concluidas, y en un contexto de creciente polarización entre oficialismo y oposición, en Presidencia quieren tener todas las cartas arriba de la mesa.
Leonardo Carreño
Nicolás Martinelli, asesor de Presidencia, estará a cargo de "centralizar" los informes y "sistematizar" los hallazgos
En ese marco, desde Torre Ejecutiva pidieron hace unos días a los ministerios que le envíen al asesor presidencial Nicolás Martinelli la totalidad de las auditorías e investigaciones internas que se hayan realizado en lo que va del período, según confirmaron a El Observador fuentes del gobierno.
La intención en Torre Ejecutiva es que Martinelli “centralice” toda la información para “sistematizar” los hallazgos, que van desde posibles mejoras de gestión hasta presuntas irregularidades y denuncias. “A partir de allí se verá cómo proceder”, explicó uno de los consultados.
El pedido abarca no solo las auditorías realizadas dentro de los ministerios, sino que cada secretaría de Estado deberá enviar también a Presidencia las investigaciones llevadas a cabo por los entes y servicios descentralizados en sus respectivas órbitas.
Auditorías y denuncias
La puesta a punto de las diversas radiografías que se le realizaron desde el gobierno a la gestión frenteamplista ocurre en un momento de creciente tensión con la oposición, que en las últimas semanas subió el tono confrontativo a raíz de sus diferencias con las políticas sanitarias de combate a la pandemia de coronavirus.
En los últimos días, UTE y Antel presentaron oficialmente nuevos datos de auditorías sobre proyectos implementados en las anteriores administraciones, y anunciaron que presentarán denuncias penales en cada caso.
La telefónica estatal difundió el 2 de junio la segunda parte de la auditoría sobre el Antel Arena, realizada por la consultora Ecovis. El vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, comunicó en esa instancia que el ente realizará “la denuncia penal correspondiente” y que también se remitirán los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Por su parte, el directorio de UTE anunció el 8 de junio que elevará a la Fiscalía los detalles de la auditoría sobre Gas Sayago y el frustrado proyecto de la planta regasificadora. La investigación, a cargo de la firma PwC señala que el negocio implicó una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus dos accionistas, UTE y Ancap. Los restantes US$ 100 millones los desembolsó el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto.
Además de esas denuncias en las gateras, el gobierno ya remitió en febrero a Fiscalía los resultados de las auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social, un proceso que tuvo a Martinelli a la cabeza mientras se desempeñaba como director de Secretaría de esa cartera. Esa denuncia incluye el caso del contenedor “olvidado” con materiales valuados en US$ 100 mil, gastos en el rubro transporte que se consideraron “elevados”, y un “mal manejo” de compras de electrodomésticos para refugios.
Otra de las irregularidades derivadas a la Justicia por el actual gobierno fue la que se originó en la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) y tuvo a Nicolás Cendoya –exdirector del organismo– como principal protagonista. Si bien el caso no surgió estrictamente de una auditoría, semanas atrás el fiscal Diego Pérez pidió imputar por delitos de abuso de funciones a Cendoya y a otros tres exjerarcas.
“Carga contra la oposición”
La difusión de los hallazgos en las auditorías y el anuncio de futuras denuncias penales fue recibido con recelo en filas frenteamplistas, entre los representantes de la oposición en los entes, y también entre los exjerarcas que impulsaron los negocios hoy oficialmente cuestionados.
Carolina Cosse, artífice del Antel Arena durante su presidencia en la compañía y hoy intendenta de Montevideo, fue consultada al respecto esta semana y prefirió no ingresar en los detalles. “No voy a referirme al tema. Al día de hoy hemos perdido a 4.640 compatriotas, se han muerto madres, padres, hermanas, amigos y seres queridos. Creo que mi obligación y la de otros que tenemos responsabilidades de gobierno es dedicarme con toda mi capacidad, con todo mi equipo y con todos los elementos que tenemos alrededor en esta Intendencia a tratar de evitar que perdamos más gente”, afirmó.
Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, escribió en Facebook que la empresa proveedora de electricidad “pagó US$300.000 por un informe ‘dirigido’ que no es una auditoría, no agrega nada a lo ya analizado en la comisión investigadora parlamentaria y que induce a reafirmar la mentira sobre la eventual pérdida que el proyecto ha significado”.
Por su parte, la Mesa Política del Frente Amplio de este viernes tuvo a la relación del gobierno con la oposición entre sus temas de análisis. En la reunión, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, fue crítico con las últimas salidas públicas de integrantes del Poder Ejecutivo, en medio la escalada de cruces entre el oficialismo y la oposición respecto a la situación sanitaria.
Diego Battiste
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, cuestionó la "carga contra la oposición" por parte del gobierno
Ante todos los sectores frenteamplistas, Miranda afirmó que advierte una “política del gobierno de cargar contra la oposición” como “estrategia para sacar del foco la respuesta (del Poder Ejecutivo) a la pandemia”, dijeron a El Observador participantes del encuentro.
En el FA pretenden que el gobierno revise su política sanitaria y en ese marco la oposición prepara la interpelación a los ministros Daniel Salinas (Salud) y Azucena Arbeleche (Economía), que todavía no tiene fecha pero que ya mereció el reproche de las principales autoridades del gobierno.
