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Proyecto que penaliza el robo de ganado divide al Frente Amplio
Lo impulsa el Poder Ejecutivo pero lo rechaza gran parte de los legisladores
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13 de abril de 2016 a las 05:00
Parece una discusión de fines del siglo XIX o principios del XX cuando la Federación Rural se mostraba muy activa junto con los sectores más conservadores del país", dijo a El Observador el diputado José Carlos Mahía (Frente Líber Seregni). La tajante afirmación resume lo que piensa la mayor parte del Frente Amplio ante un proyecto del Poder Ejecutivo que propone penar con cárcel el robo de ganado, conocido como abigeato.
Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2015 los casos denunciados de abigeato fueron 739 (737 de ellos consumados) contra 574 en igual período de 2014.
En la izquierda se considera que la iniciativa legislativa acordada en comisión por una parte del Movimiento de Participación Popular (MPP) -más precisamente por el diputado Alfredo Fratti- y por el Partido Nacional -y adoptada finalmente por el Ministerio de Ganadería- se da de bruces con la filosofía general del gobierno que rechaza el aumento de penas como una solución a la inseguridad ciudadana.
Ayer durante la reunión de bancada del Frente Amplio las diferencias quedaron expuestas y varios diputados expresaron su rechazo con la propuesta que, por lo pronto, no cuenta con el aval del FLS, el Partido Socialista, la lista 711 y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
"Este proyecto tiene cosas aberrantes. No se entiende por qué se trata distinto a distintos bienes", dijo durante la reunión Carlos Coitiño (PVP).
Los legisladores reconocieron que resulta un problema que la propuesta llegue con el aval del Poder Ejecutivo y dejaron la decisión final en suspenso hasta la próxima semana.
En tanto, Mahía se mostró a favor de actualizar la legislación penal pero advirtió que esos cambios no siempre repercuten en el comportamiento social. "No puede ser que consideremos más grave atentar contra un bien que atentar contra la vida de las personas", afirmó.
El polémico proyecto modifica los artículos 258 y 259 del Código Rural incrementando las penas (de tres a 12 meses de prisión y de seis a ocho años de penitenciaría) y eliminando la facultad del juez para aplicar penas sustitutivas a la prisión.
El ministro de Ganadería y Agriculrura, Tabaré Aguerre, ha dicho que "los cambios en la legislación "apuntan a endurecer las penas y la rapidez del trámite, así como a la circunscripción del delito en todo el ámbito nacional, no solo rural".
También está previsto que en el delito de abigeato se consideren agravantes en el caso de que el robo fuera practicado por productores agropecuarios o por funcionarios públicos.
Aguerre señaló que a través del sistema de trazabilidad hay registrados 12 millones de vacunos, y agregó que el abigeato "no puede ser "una limitante" para los pequeños y medianos productores.
"Este proyecto es un mensaje para todos aquellos que están en condiciones de incrementar, invertir e intensificar su producción", agregó.
En la izquierda se considera que la iniciativa legislativa acordada en comisión por una parte del Movimiento de Participación Popular (MPP) -más precisamente por el diputado Alfredo Fratti- y por el Partido Nacional -y adoptada finalmente por el Ministerio de Ganadería- se da de bruces con la filosofía general del gobierno que rechaza el aumento de penas como una solución a la inseguridad ciudadana.
Ayer durante la reunión de bancada del Frente Amplio las diferencias quedaron expuestas y varios diputados expresaron su rechazo con la propuesta que, por lo pronto, no cuenta con el aval del FLS, el Partido Socialista, la lista 711 y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
"Este proyecto tiene cosas aberrantes. No se entiende por qué se trata distinto a distintos bienes", dijo durante la reunión Carlos Coitiño (PVP).
Los legisladores reconocieron que resulta un problema que la propuesta llegue con el aval del Poder Ejecutivo y dejaron la decisión final en suspenso hasta la próxima semana.
En tanto, Mahía se mostró a favor de actualizar la legislación penal pero advirtió que esos cambios no siempre repercuten en el comportamiento social. "No puede ser que consideremos más grave atentar contra un bien que atentar contra la vida de las personas", afirmó.
El polémico proyecto modifica los artículos 258 y 259 del Código Rural incrementando las penas (de tres a 12 meses de prisión y de seis a ocho años de penitenciaría) y eliminando la facultad del juez para aplicar penas sustitutivas a la prisión.
El ministro de Ganadería y Agriculrura, Tabaré Aguerre, ha dicho que "los cambios en la legislación "apuntan a endurecer las penas y la rapidez del trámite, así como a la circunscripción del delito en todo el ámbito nacional, no solo rural".
También está previsto que en el delito de abigeato se consideren agravantes en el caso de que el robo fuera practicado por productores agropecuarios o por funcionarios públicos.
Aguerre señaló que a través del sistema de trazabilidad hay registrados 12 millones de vacunos, y agregó que el abigeato "no puede ser "una limitante" para los pequeños y medianos productores.
"Este proyecto es un mensaje para todos aquellos que están en condiciones de incrementar, invertir e intensificar su producción", agregó.
