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Qué proponen los legisladores del FA como alternativa al gobierno para limitar reuniones
El Frente Amplio (FA) presentará un proyecto de ley alternativo al que envió el Poder Ejecutivo para limitar el artículo 38 de la Constitución que define el derecho de reunión, en medio de las medidas que impulsa el gobierno a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19
En el texto de la oposición se prevé legislar sobre el artículo 44 que hace referencia al cuidado de la salud y la higiene públicas por parte del Estado.
En cuanto a las medidas de prevención del covid-19 en espacios abiertos, los legisladores del Frente Amplio proponen que mientras se mantenga la emergencia sanitaria solo se permitan las agrupaciones de personas para actividades, eventos familiares o sociales con hasta 30 personas, exceptuando aquellas que tengan un protocolo específico.
Esta disposición se diferencia de lo que plantea el Poder Ejecutivo en cuanto a limitar el derecho de reunión, a pesar de que en el texto enviado por el gobierno no se especifica la cantidad de personas que configuran una aglomeración que llevaría a disolver el encuentro.
Sobre el trabajo en empresas privadas, el FA propone que los empleadores tengan la "obligación de adoptar las medidas de distanciamiento social entre los trabajadores" y proporcionar los elementos de protección personal.
Respecto a la fiscalización, la oposición establece en el proyecto que el Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con las intendencias controlará el cumplimiento de la ley y los protocolos de las actividades permitidas. Además establece que el MSP puede solicitar el apoyo de la policía si es necesario, y señala que se deberá notificar a la Fiscalía General de la Nación y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo faculta, a través de distintos ministerios (que pueden ser Interior, Defensa o Salud Pública, por ejemplo) y a los gobiernos departamentales a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un "notorio riesgo sanitario y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente".
No obstante, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, consideró que la definición de aglomeración es "imprecisa" y no se establece "cuál es el ministerio competente".
"Tenemos un MSP que es la policía sanitaria. Y el que debe intervenir y el que tiene la capacidad para decir si una aglomeración afecta o no a la salud, porque es eso, es el MSP. Son los inspectores de los gobiernos departamentales, ese es el rol. Y si no se puede cumplir con el cometido pide el auxilio de la fuerza pública", argumentó el senador.
También hay diferencias entre ambos proyectos en cuanto a las sanciones por incumplir la normativa. En el caso del gobierno, proyecta apercibimiento, observación y multas de entre 30 a 1.000 Unidades Reajustables ($ 38.730 a $ 1.291.000 en valores de noviembre).
El FA prevé que esos montos sean de entre 10.000 a 50.000 Unidades Indexadas ($ 47.790 a $ 238.950 a valores actuales).
Por otra parte, establece que las medidas deberán ser evaluadas por el Poder Ejecutivo y no se extenderán más allá del 31 de enero. El gobierno señaló en su proyecto que las medidas regirían por 60 días desde la publicación de ley y solo serán prorrogables durante 30 días.
Una excepción más
En cuanto al ingreso de personas desde el extranjero, el FA planteó una diferencia. Si bien mantiene en el proyecto la prohibición de ingresar al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas hasta el 10 de enero inclusive, agrega una excepción a las dos que estableció el gobierno -transportistas y uruguayos con pasajes comprados hasta el 16 de diciembre-, ya que incluye a los ciudadanos uruguayos que lleguen a las fronteras por sus propios medios, "con los correspondientes protocolos sanitarios, los que podrán ingresar al país respetando la cuarentena obligatoria".
El proyecto alternativo que presentará el Frente Amplio no tiene los votos suficientes para aprobarlo sin el apoyo de representantes del oficialismo, que defenderá el texto enviado por el Ejecutivo y si bien apenas tuvieron tiempo para estudiarlo, las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno anunciaron que darán sus votos para apoyarlo.
