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Recursos contra Aratirí llegarán al Tribunal de lo Contencioso

Fueron presentados unos 200 recursos de productores rurales de Cerro Chato. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió a mineras que buscando piedras preciosas dañaron restos arqueológicos

3 de julio de 2011 17:49 hs

Por  Analía Parra

Vecinos de Rocha y Sauce se oponen a la instalación de la minera
Vecinos de Rocha y Sauce se oponen a la instalación de la minera

En medio de la polémica que hizo explotar la llegada al país de la minera Aratirí, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) suspendió la actividad de una minera que busca piedras preciosas en Artigas. A su vez, productores de Cerro Chato interpusieron ya 200 recursos ante la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) contra la firma india, que busca extraer hierro en la zona de Pueblo Valentines. Algunos de esos recursos llegarán hasta el TCA, según pronosticó el fiscal civil Enrique Viana, y pueden valerse, como antecedente, de fallos anteriores respecto a otras mineras.

El TCA estudia por estos días el caso de la minera Monte Cimarrón S.A. que busca cuarzo, ágatas, amatistas, coralinas, jaspes y ópalo en Artigas. En noviembre del año pasado, el Tribunal resolvió hacer lugar al reclamo de los copropietarios de un terreno, donde se presume hay restos arqueológicos, que serían afectados por la actividad de la minera, según el dictamen al que accedió El Observador.

Los presuntos damnificados interpusieron un recurso de revocación contra una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del 5 de setiembre de 2007. En ella se otorgaba a Monte Cimarrón SA el permiso de prospección solicitado, en busca de cuarzo, ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo. Los accionantes argumentaron que la actividad de la minera ocasionaría “daños graves e irreparables al interés general representado por el patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación”. El padrón en cuestión está dentro de los límites de la localidad arqueológica del Arroyo Catalán Chico. Los productores señalaron que el perjuicio de la actividad minera en la zona no podría ser reparado mediante indemnización. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación propuso en el año 2006 la declaración de ese predio como área natural protegida. Aunque no hubo pronunciamiento oficial, el Tribunal entendió que la actividad de la minera afectaría el “interés general” y resolvió la suspensión de sus actividades, hasta que concluya sus estudios del caso.

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Suspensiones con historia

No es la primera vez que el TCA resuelve frenar la ejecución de tareas de una minera. Ya en 2001 suspendió la actividad de la firma Amibar S.A., que fue autorizada a extraer hasta 10.000 m3 de balasto y 2.000 m3 de piedra partida, en forma semestral, en Maldonado. Los accionantes señalaron que allí se desarrollaba una explotación ganadera con 300 lanares y 80 vacunos; se plantaron 4.000 eucaliptus y que dicha explotación constituía el principal sustento de la familia.

En mayo de 2009, la suspensión fue para un particular, que pretendía buscar ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo en Artigas. El argumento. una vez más, la preservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación.

Cuatro meses después, en setiembre de 2009, nuevamente el TCA suspendió la acción de dos particulares que habían sido autorizados por el Ministerio de Imdustria, Energía y Minería a explotar un yacimiento de piedra laja negra en Lavalleja. En ese caso se argumentó que se violaba la ley Forestal, porque existía un plan previo de forestación en la zona. En todos los recursos, se sostuvo que se violaba el Código de Minería.
Ahora, de cara a la actividad de la minera Aratirí en Pueblo Valentines, todos estos casos pueden servir de antecedentes a nuevos reclamantes.

El fiscal Enrique Viana dijo a El Observador que hay unos 200 recursos interpuestos por productores de Durazno y Treinta y Tres ante la Dinamige, contra Aratirí. La misma cifra señaló Martín Echavarría, productor de Paso del Gordo, Durazno, ante la Junta Departamental. Algunos de esos casos ya fueron elevados al TCA, dijo el fiscal. Uno de los aspectos reclamados es que no se les dio “vista” previa de la autorización de las tareas de prospección. Según publicó El Acontecer de Durazno, una vez obtenidos los permisos, la minería prevalece sobre las otras producciones. Como consecuencia directa los campos no se pueden arrendar, forestar, vender, ni hipotecar.

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