La oposición recobra el ánimo; el gobierno mira con cautela
El 13 de diciembre de 1992, durante la Presidencia de Luis A. Lacalle de Herrera, cinco de los 32 artículos de la ley de empresas públicas, que habilitaban la privatización de servicios de la telefónica Antel, fueron derogados en referéndum por una abrumadora mayoría (71,6%).
El impulso liberalizador continuó luego, a veces con respaldo de sectores de izquierda. Incluso el Frente Amplio en el gobierno, entre 2005 y 2020, respetó la economía de libre mercado mucho más que otros procesos “progresistas” de la región, modernizó diversos aspectos de la gestión pública y desmontó algunas piezas ruinosas del aparato estatal.
Pero a partir del referéndum de 1989 sobre la ley de caducidad, y de la derogación parcial de la ley de empresas públicas en 1992, los sindicatos y la izquierda política utilizaron profusamente —con muy distinta fortuna— las consultas populares directas.
Varias iniciativas fracasaron en la década de 1990: contra el nuevo marco regulatorio del sector energético, contra la ley de promoción de inversiones, o la ley de 1995 que creó el ahorro previsional privado o Afaps. La izquierda tampoco pudo bloquear, por muy poco, la reforma constitucional de 1996 que introdujo grandes cambios en el sistema electoral, incluido el balotaje.
Pese a tales derrotas, el Frente Amplio se convirtió en la principal fuerza política de Uruguay en las elecciones parlamentarias de octubre de 1999 (40,1% de los sufragios), aunque perdió luego la Presidencia en balotaje.
Bajo el liderazgo ya indiscutido de Tabaré Vázquez, redobló su estrategia de “acumulación” y polarización, en blanco y negro, mediante consultas directas a la ciudadanía.
En febrero de 2001 fracasó una convocatoria por la vía rápida a adherir a un referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno que encabezaba Jorge Batlle. Pero en julio de 2002 el Senado derogó dos artículos del presupuesto quinquenal que permitían vender el 40% del paquete accionario de Ancel y la asociación de Antel con capitales privados, para evitarse un referéndum y una casi segura derrota.
En diciembre de 2003 el 62,2% de los votantes en un referéndum derogó una ley que permitía asociar Ancap con capitales privados, pese a que algunos dirigentes muy significativos del Frente Amplio, como Líber Seregni y Danilo Astori, habrían preferido acabar con su monopolio.
“Quiero que quede claro: nosotros no vamos a utilizar para gobernar el régimen de la consulta popular; esto es excepcional, para algún tema”, había advertido Tabaré Vázquez en noviembre de 2003, en vísperas de su casi seguro ascenso a la Presidencia de la República.
Efectivamente, esos fuegos menguaron a partir de 2005, durante los 15 años de gobierno de la izquierda (aunque no se apagaron del todo: en las elecciones nacionales de 2009, por ejemplo, fueron rechazadas dos propuestas plebiscitadas: el voto consular y la anulación de la ley de Caducidad de 1986).
Entonces fueron los partidos Nacional y Colorado, pasados a la oposición, los que echaron mano a las consultas directas para apuntar al talón de Aquiles del gobierno: la creciente degradación de la seguridad pública.
En 2014 fracasó por poco margen una iniciativa de reforma de la Constitución que pretendía bajar la edad de imputabilidad penal. Lo mismo ocurrió en 2019 con un proyecto de crear una Guardia Nacional con funciones policiales, habilitar los allanamientos nocturnos y otras reformas referidas a la seguridad pública.
El triunfo en balotaje de Luis Lacalle Pou en noviembre de 2019 dejó a la coalición de izquierda en la confusión y a la deriva: por la abrupta reducción de su bancada parlamentaria, por el cambio de correlación de fuerzas internas, la pérdida de miles de puestos en el aparato del Estado y el ocaso de sus grandes líderes.
Aún metidos en el pozo depresivo, algunos sindicatos y partidos, inspirados en viejas gestas y necesitados de retemplar el ánimo de los militantes, se jugaron a recolectar firmas para derogar 135 de los 476 artículos de la LUC de julio de 2020, la principal baza hasta ahora del nuevo gobierno de centroderecha.
Buena parte de los líderes y parlamentarios del Frente Amplio, a falta de mejores opciones, marcharon a remolque y con desgano. Al fin, suponía ir contra muchos artículos que ellos mismos habían votado en el Parlamento, para pasarse, en un giro oportunista, hacia una estrategia de “acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal”.
Durante un buen tiempo la recolección de firmas fue apenas un rumor de fondo: un acto de fe oculto tras las urgencias de la pandemia, sostenido por la religiosidad de los militantes. Sin embargo ahora, cuando parece que las firmas fueron reunidas, muchos dirigentes recuperaron la autoestima y se alinearon para la foto.
El referéndum se volverá uno de los temas centrales hasta el verano; e incluso hasta mediados del año próximo. El Frente Amplio podrá polarizar y contrastar con la administración Lacalle Pou, aunque quede encerrado muy a la izquierda y deba negar, en parte, lo que hizo mientras fue gobierno.
“Para la izquierda, un triunfo podría equivaler a un augurio glorioso, a una señal divina en tiempos de infortunio”, que facilitarían su renovación y reconstrucción, escribí en octubre del año pasado. “Pero si pierde, podría prolongar su travesía del desierto y estimular las fuerzas centrífugas”.
Mientras tanto en el gobierno, ahora más cauteloso, hay quienes desean el largo debate y la definición en las urnas, como modo de derrotar de nuevo a sus adversarios y de apuntalar los siguientes pasos reformistas, con un renovado crédito ciudadano. Pero encierra una tesitura maximalista y peligrosa. Es imposible controlar el humor social mientras se camina hacia un referéndum, como enseñó el proceso de 1992 sobre la ley de empresas públicas.