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Seguir activo después de los 60

El gobierno aprobó dos leyes que procuran mantener en actividad a quienes tienen edad para jubilarse y proyecta seguir atrasando el retiro

23 de noviembre 2013 - 16:57hs

Por  Paula Barquet

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, firmó hace unas semanas la primera resolución que habilita a un jubilado de la industria frigorífica a seguir trabajando en ese sector. Desde noviembre de 2012, cuando se aprobó la ley que elimina la incompatibilidad de jubilación y actividad en la industria y el comercio, hubo tres interesados.

Aunque la ley permite la jubilación a partir de los 60 años, el uruguayo promedio se retira a los 64. El interés en trabajar más años de los exigidos puede explicarse por la aspiración de obtener una jubilación mejor o por el deseo de mantenerse en actividad.

Como sea, el gobierno redactó en este período dos leyes que van en la línea de retrasar el retiro de los trabajadores. Además de la que permite el trabajo después de la jubilación, se aprobó a principios de este mes una norma que habilita el retiro parcial a los empleados que cumplan con la causal jubilatoria. El horario de trabajo y el sueldo se reducen a la mitad, y se cobra la mitad de la jubilación. Todavía no se está aplicando porque el Banco de Previsión Social (BPS) pidió tiempo para prepararse.

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Si vuelve a ganar las elecciones, el Frente Amplio seguirá transitando este camino que da más cabida laboral a los mayores de 60 años y procura evitar que la jubilación constituya un cambio drástico. El programa preliminar del partido de gobierno hace referencia al envejecimiento de la sociedad y señala: “Deben preverse con tiempo sus consecuencias en el mediano y largo plazo, a efectos de analizar e impulsar medidas, comenzando por una alteración muy gradual de las edades de retiro, previendo y evitando situaciones que puedan generar políticas de ‘shock’, sin descartar, por supuesto, otras medidas necesarias con la misma finalidad”.

La directora del Instituto de Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social, Adriana Rovira, dijo a El Observador que participó de la redacción de ese fragmento y que, a pesar de las distintas interpretaciones posibles, “de ninguna manera hay que aumentar la edad de retiro”. En realidad, lo que se quiso plasmar en el documento es una intención de “flexibilizar” la jubilación y avanzar en la “formalización” de los distintos trabajos que hoy realizan en negro muchos jubilados. “Creemos que tiene que haber una edad de posibilidad de jubilación, y que en caso de que la persona quiera seguir trabajando, lo pueda hacer”, resumió Rovira.

La jerarca considera que hay que tener en cuenta las distintas “calidades” laborales. No es lo mismo un empleo que exige desgaste físico que uno que no, y seguramente el primero amerite una jubilación “temprana”.

En tanto, Rovira advirtió que hay una “violación del derecho al trabajo” cuando se obliga a una persona a retirarse. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas oficinas públicas y en la Universidad de la República, donde la edad máxima permitida son los 70 años.

A fines de 2011, mucho antes de que el Frente Amplio se dispusiera a discutir este tema y lo volcara en su programa electoral, el presidente José Mujica disparó: “Vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear, y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí, no se escapan, no sé cuál será, porque va a caer tanto la capacidad de aportes que cada vez será mayor la demanda”.

Esto que dijo Mujica fue lo hicieron varios países en Europa. La intención de Italia o España al exigir más edad fue, en esencia, acompasar el momento del retiro con el aumento de la esperanza de vida. En palabras del geriatra español José Manuel Ribera Casado, que estuvo en Uruguay hace unas semanas y conversó con El Observador, “es bastante absurdo que la edad actual (de jubilación) sea la misma que hace un siglo, siendo que ahora llegan muchos más a esa edad y llegan mucho mejor”.

A pesar del pensamiento del presidente y de la experiencia internacional, el Frente Amplio no planea ahora correr la edad mínima de jubilación. Tampoco es una idea que circule entre los partidos tradicionales. Gastón Inda, coordinador de la comisión que discute políticas sociales en el Partido Colorado, dijo que aún no hay acuerdo programático al respecto. Afirmó que es “un tema muy delicado”, que se convocará a “expertos” a discutirlo, y que recién en febrero espera contar con alguna propuesta concreta.

La diputada Ana Lía Piñeyrúa dijo que en el Partido Nacional tampoco se analiza modificar la edad mínima de retiro. De todas formas, afirmó que “hay que estar bien alertas” en lo que relativo al sistema público de seguridad social. Según Piñeyrúa, por cada pasivo deberían haber tres activos para mantener un “equilibrio”. Esto, según las previsiones del BPS, será cada vez más difícil de cumplir en Uruguay.

Cuidados postergados

El programa del Frente Amplio para un eventual tercer gobierno renueva la promesa de implementar un sistema de cuidados para los niños menores de tres años, los que sufren alguna discapacidad, los adultos mayores en situación de dependencia y los cuidadores de todos ellos. Esto, que ya se anunciaba en 2008, se fue postergando, según dicen los involucrados, por falta de acuerdo en algunos puntos, principalmente en lo que refiere al financiamiento. “No se logró avanzar en un sistema como tal porque implica un complejo diseño de servicios, institucionalidad y financiamiento”, justificó Rovira.

Jorge Papadópulos, exdirector del BPS y especialista en políticas de cuidados, entiende que si las intenciones no se convirtieron en hechos también fue por falta de información. “Se necesita un estudio grande y fino sobre las personas en situación de dependencia. No se saben cuántos millones costará porque no se sabe aún cuánta población se va a atender”, advirtió a El Observador.

Papadópulos, a quien el Mides le encargó una consultoría sobre el tema en 2011, dijo que el sistema político sabe que la inclusión de beneficiarios debe ser progresiva, pero no tiene claro por dónde empezar. Él cree que habría que comenzar con los adultos mayores más vulnerables, que estima en unos 8 mil. Se refiere a aquellos que viven solos y en situación de pobreza, cuya atención es “urgente”. “Hay que hacer una valoración individual de cada uno”, apuntó. De ahí surgirá qué hacer.

El geriatra español Ribera Casado relativizó la postergación del sistema en Uruguay y lo puso en perspectiva internacional. Según él, “nadie lo ha podido resolver con mayúcula” por la complejidad que reviste. “Los países que han ido por delante, como Alemania o Suecia, tienen lagunas. Lo están intentando resolver a base de normas que faciliten los apoyos domiciliarios, formación de cuidadores, apoyo al mundo residencial. Cuesta. No es fácil y es caro”, concluyó.

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